El Blog (no oficial) de Carmen Aristegui

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Dénse una vuelta. ¡¡Bien por el que lo realizó!!

A la sombra de los Gómez del Campo

A la sombra de los Gómez del Campo
Reporte de ultima hora

Ultimos minutos de MONITOR 29 junio 2007

TLATELOLCO: LAS CLAVES DE LA MASACRE. (DOCUMENTAL DEL DIARIO LA JORNADA)

Carmen Aristegui- Miguel de la Madrid

Carmen Aristegui- Miguel de la Madrid
¿Qué dijo de la Madrid que no se haya sabido ya?

09/11/09

Cédula de Identidad: Arma de control ciudadano

CARRASCO Y A. DELGADO
Proceso.com.mx

El miércoles 18 el gobierno federal dará a conocer el nombre de la empresa que se encargará de desarrollar el software para la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, el documento mediante el cual la Secretaría de Gobernación tendrá en su poder la información biométrica de la población mayor de 18 años. Desde hace dos años, por una indiscreción del titular del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Carlos Anaya Moreno, diputados y senadores supieron que esa cédula es parte de un programa estratégico de control social.
Además de que implica una regresión democrática y un dispendio en medio de la crisis económica, al tiempo que exhibe un desapego a la ley y genera dudas en la licitación, el proyecto del gobierno de Felipe Calderón de expedir la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) esconde un objetivo estratégico: el "control" de los más de 100 millones de mexicanos.
Este propósito fue revelado, de manera involuntaria, por funcionarios de la Secretaría de Gobernación en octubre de 2007 durante una reunión privada con diputados y senadores, en el marco de la mesa de la reforma electoral y en la cual el gobierno pretendía impulsar el Registro Nacional de Población (RNP) y la CIC.
En ese encuentro, encabezado por el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar, el director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), Carlos Anaya Moreno, mostró por descuido a los legisladores una lámina en la que se aceptaba que la cédula no es sólo para dar cumplimiento a la Ley General de Población, sino que es parte de un "programa estratégico del gobierno de la República por razones de control".
Los senadores Jesús Murillo Karam (PRI), Ricardo García Cervantes (PAN) y Arturo Núñez (PRD), así como los diputados Felipe Solís Acero (PRI) y Juan Guerra (PRD) manifestaron su alarma por el afán del gobierno de controlar la sociedad a través del RNP y la CIC, además de desplazar a la credencial de elector como documento de identidad.
En esa reunión estuvieron presentes también Alejandro Poiré, entonces asesor de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, y quien opera actualmente el proyecto de la CIC como subsecretario de Gobernación, y Guadalupe Acosta Naranjo, en ese momento presidente nacional del PRD, quien confirma que la oposición rechazó el proyecto que, más que de identidad, es de "control" social.
"Así fue. El PAN propuso el tema y pedimos que compareciera gente de la Secretaría de Gobernación para saber qué estaban pensando sobre el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana", explica a Proceso Acosta Naranjo, quien hoy es diputado federal.
"Luego de esa exposición tan burda, hubo un rechazo del PRI y del PRD a ese planteamiento que pretendía ser parte de la reforma electoral y entonces se congeló", dice el legislador, y recuerda que en esa ocasión expuso que las implicaciones de este proyecto de Calderón son muy graves para el país y la democracia.Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1723 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 8 de noviembre.

04/09/09

Felipe candidato

Astillero

-Destapes

-Felipe candidato

Marcelo hace clic

-Diputados sin fuero

Julio Hernández López
La Jornada
3 de septiembre del 2009


Felipe Calderón rindió protesta ayer como candidato del PAN a la Presidencia de la República durante un acto masivo realizado en Palacio Nacional. Emocionado, el aspirante michoacano convocó a los mexicanos a un cambio profundo, a salir de la modorra y a elaborar una detallada agenda de transformaciones que necesita el país. En su discurso llamó a revisar, corregir y replantear los diversos tópicos de la realidad nacional, y para ello propuso un decálogo de acciones que en esencia ya habían sido planteadas en su anterior intento de hacerse del máximo cargo nacional, en julio de 2006. Crítico de lo que ha hecho el Poder Ejecutivo federal de entonces a la fecha (Calderón nunca mencionó por su nombre a la persona que durante este trienio perdido ha ocupado el cargo presidencial, acaso por considerarlo espurio), el punzante Felipe dijo que son necesarias nuevas reformas políticas, pues las habidas hasta ahora no se han traducido aún en resolver los problemas de los ciudadanos o en garantizar mejores gobiernos (...) Hay que reconocerlo: los ciudadanos no están satisfechos con la representación política y perciben una enorme brecha entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, representantes y políticos”.

La vibrante alocución del líder opositor señaló con dureza que “a la vista del México al que aspiramos, lo logrado es claramente insuficiente” y que “a este ritmo, tomaría muchos años, y quizá décadas, el poder vislumbrar en hechos concretos el México que queremos”. Nada de “administrar lo logrado” o instalarse en la inercia, lo que se necesitan son “cambios profundos” y, con su muy reconocido aire de valentía, advirtió que luchará por tales transformaciones “con todos los riesgos y con todos los costos que ello implica” (¿a la guerra contra el narco ahora querrá sumar una guerra por el cambio?). El histórico deslinde respecto de sí mismo también incluyó la mención de que las grandes posibilidades de éxito que aún tiene México no deben quedar “frustradas en sus posibilidades por la falta de visión de los actores políticos”, pues “es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo”, pasando “de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo, que nos permitan romper las inercias y construir, en verdad, nuestro futuro”. En sus nuevos cálculos políticos de posibilidades, el actor Calderón se lanzó contra mitos, tabúes, sombras y miedos colectivos, pues “las cosas no pueden seguir igual, y no van a seguir igual (...) Hoy tenemos que hacerlo, porque además ya no quedan otras alternativas porque el tiempo y los recursos se nos agotan, porque las necesidades de la población son cada vez más apremiantes” (nota del Astillero: se desconoce cuánto tiempo durará la campaña del candidato Calderón, aunque fuentes normalmente bien desinformadas, sus Gargantas Superficiales, aseguran a esta columna que será por el resto del sexenio, si es que éste no revienta antes).

Marcelo Ebrard aprovechó el jolgorio matutino de Palacio para avanzar en su estrategia de acercarse gradual pero inequívocamente a Calderón y de deslindarse de López Obrador con el menor ruido posible. El jefe del gobierno capitalino montó nuevamente su treta de rehuir la prueba específica de la fotografía cuando en los hechos políticos ha cumplido con creces el proceso concreto de reconocer legitimidad a Calderón y acoplarse físicamente a los ceremoniales de interés del panista. Ya antes Ebrard había ido a la reunión de seguridad nacional que forzaron las circunstancias del hijo asesinado del empresario Martí, y meses atrás se apersonó en una reunión calderónica aunque también echando mano de recursos escénicos como un tapabocas que supuestamente daba fe de que sólo por esas urgencias sanitarias se sentaba en el corro quemante que antes decía rechazar. Hoy, Ebrard ya no tuvo pretexto de emergencias o máximo interés nacional: fue a la fiesta privada de Calderón y aplaudió pasajes del discurso de complacencias del celebrante. En realidad, es un pasaje más de una historia sabida, pues Marcelo apuesta su viabilidad de 2012 al desgaste de la opción ríspida que representa López Obrador y la conversión de él, Ebrard, en la alternativa “civilizada”. Clic.

Un puñado de diputados federales, entre los que destaca Gerardo Fernández Noroña, fueron maltratados por policías federales y miembros del Estado Mayor Presidencial que les impidieron pasar a Palacio Nacional mientras Calderón pronunciaba un discurso personal sobre el informe un día antes presentado por escrito al pleno legislativo del que forman parte los cinco agredidos. El episodio pondrá a prueba la validez del fuero de los diputados frente a un Poder Ejecutivo asustadizo y la posición del presidente de la mesa directiva de San Lázaro, ampliamente conocidas en Jalisco sus credenciales de partidario de la represión y en el plano nacional su condición de dependiente político de Los Pinos, pues Ramírez Acuña deberá tramitar la discusión en la Cámara de Diputados sobre las agresiones de ayer a cinco de sus integrantes y la eventual presentación de una ejemplar denuncia penal contra los policías y militares involucrados en los hechos.

Y, mientras Jesús Ortega se ha declarado más que listo para entrarle a la alianza nacional que para remontar la crisis ha propuesto Calderón (siempre y cuando el ya reconocido como presidente plantee cosas por el bien de México, y no temas “gatopardescos”), y Guanito sigue deshojando la margarita de Iztapalapa que ya parece telenovela, ¡hasta mañana, en esta columna que ve a la PGR encarcelar a delegado y subdelegado en Quintana Roo (¿y por qué no en los demás estados?), a un subsecretario de seguridad pública de Michoacán ser asesinado (además de tres personas, dos de ellas escoltas del funcionario) y a Carlos Ahumada con una órden de reaprehensión en su contra!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Relanza Calderón sus promesas de campaña

México SA

-Relanza Calderón sus promesas de campaña
-Diez millones más de pobres y desplome económico, los “logros”

Carlos Fernández-Vega
La jornada
3-agosto-2009


Renovarse o morir es la consigna, y por eso el cambio” que como candidato prometió y como inquilino de Los Pinos incumplió, Felipe Calderón lo vuelve a prometer –sólo que ahora disfrazado de novedad– para la segunda mitad de su estadía en la residencia oficial, porque “cambiar de fondo no sólo es la mejor, sino la única alternativa”, aunque para llegar a tan sesuda conclusión arrojó tres largos años al bote de la basura, pues –como si fuera necesario que lo reconociera– “lo logrado (sic) es claramente insuficiente”.

¿Qué es lo “logrado”? Nada, salvo 10 millones adicionales de pobres y el desplome de la economía, pero en el faraónico acto de ayer en Palacio Nacional, engrudo de por medio, Calderón relanzó sus incumplidas promesas de campaña y resumió sus frases célebres de tres años de discursos, para concluir que ahora sí, por ésta, vamos por el cambio (marca Fox) a través de “reformas”, muchas de ellas, “que nos permitan construir el México que queremos”, es decir, aquel que resumía la frase célebre de quienes lo llevaron a Los Pinos: “apostarle a algo distinto sería retroceso”.

Pues bien, ¿de qué “reformas” habla para ese México del futuro? De las mismas que un trienio atrás, en tiempos electorales, prometió poner en práctica una vez que se (lo) instalara (n) en Los Pinos (“el 2 de julio celebraremos el triunfo de la opción del empleo, la estabilidad económica, la transparencia y la unidad de los mexicanos”, decía), las cuales 33 meses después no ha concretado, pero que, oportuno relanzamiento mediático de por medio, ofrece realizar –me cae que sí– por el bien de la patria, y en el entendido de que “en todo cambio hay siempre la oportunidad de replantear prioridades y estrategias” (dicho sea de paso, el heraldo calderonista a la vez que inquilino de Bucareli, Fernando Gómez Mont, puntualizó en qué consiste el “cambio” pregonado: “no creo que en política operen los virajes… Los golpes de timón o virajes me parecen prácticamente ilusorios…”).

Para la segunda mitad del gobierno calderonista (si es que la libra), las 10 “nuevas” líneas de acción establecidas por el inquilino de Los Pinos son: combate a la pobreza, cobertura universal de salud, educación de calidad y lucha frontal contra el crimen, más las reformas de las finanzas públicas, de las empresas públicas del sector energético, del sector de las telecomunicaciones, la del sector laboral, la “regulatoria de fondo” y la “política de fondo” (los pormenores de cada una de ellas pueden consultarse en dos documentos: el del mensaje pronunciado ayer en Palacio Nacional –2 de septiembre de 2009– y en otro denominado El reto de México –campaña electoral, junio de 2006–, ambos con la firma de Felipe Calderón; por cierto, en este último también se comprometió a que “en caso de no contar con una mayoría legislativa estoy dispuesto a integrar un gobierno de coalición al que se sumen aquellas fuerzas políticas con las que podamos tener coincidencias en acciones específicas de política pública...” Y cuando menos esta parte sí se le cumplió a la “mitad del camino”).

¡Ah!, las “nuevas reformas”. Por ejemplo, la relativa a “las empresas públicas del sector energético”, ayer planteada en tal sentido por el inquilino de Los Pinos, no es otra que la intentona de siempre: privatizar. Lo mejor del caso es que oficialmente esta “reforma” se habría concretado en 2008, y fue tan exitosa (“no es de corto plazo o coyuntura, sino de largo aliento”, Calderón dixit) que con su aprobación “es factible y, lo aseguro, garantizar enterrar la pobreza extrema y garantizarle a cada joven mexicano un lugar en la universidad, de manera que no haya un solo mexicano que no curse una carrera técnica o profesional por falta de oportunidades; se podría captar, a través de Pemex, uno por ciento del producto interno bruto adicional por año; a partir de 2011 o 2012 México podría recibir un promedio de 150 mil millones de pesos anuales…”, y de pasadita “hacernos menos dependientes de los recursos petroleros” (ídem).

Resulta que en los hechos la “reforma ni de lejos logró “enterrar la pobreza extrema” (por el contrario); tampoco “garantizar a cada joven mexicano un lugar en la universidad” (hay que ver el número de jóvenes rechazados por falta de espacio); mucho menos cortar la dependencia de las finanzas públicas de los recursos petroleros, ni concretar el abultado cuento de la lechera calderonista inherente a cada “reforma” alcanzada (Ley del ISSSTE, “fiscal”, etcétera), el cual, además de los mencionados, incluía “generación de empleo; incremento de la inversión, nacional y extranjera; pagar la deuda social; distribuir la riqueza y el ingreso; fomentar las exportaciones; desarrollo y crecimiento económicos; infraestructura social, económica, de comunicaciones, salud, educación, drenaje, agua potable; incremento sostenido de la competitividad y la productividad; recursos suficientes para escuelas y hospitales; acabar con los privilegios en el sistema tributario; fondos para los estados de la República; tarifas eléctricas más justas para la población y más competitivas para la industria; supercarreteras; servicios más elementales para la población; liberar recursos públicos para programas sociales; cerrar de una vez la brecha de México con ese México agraviado, con ese México olvidado, con ese México de la pobreza que marca toda la geografía nacional” y así por el estilo.

Por si fuera poco, en el citado documento El reto de México (2006) Felipe Calderón subrayaba su propuesta “imprescindible (de) pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva para reducir la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes…” Y como no muchas ideas fluyen por los pasillos de Los Pinos, ayer (2009) el mismo personaje propuso algo por demás novedoso: “hay que pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva”.

En síntesis, el “tercer Informe de gobierno” con sus “nuevas reformas” y sus “nuevas ideas”, porque –dice Calderón– “es la hora de cambiar”.

Las rebanadas del pastel

En sentido contrario, los legisladores tricolores proponen una “ley de recuperación económica” para crear plazas laborales y combatir la pobreza, con incentivos fiscales para las empresas generadoras de empleo formal de largo plazo y que impulsen la actividad económica. El planteamiento del grupo económico de dicha bancada –Oscar Levín y David Penchyna, entre otros– parte de una base elemental: “el actual modelo económico está agotado”… Concluido el show mediático del tercer “informe”, llegan los “movimientos” en el gabinetazo y la propuesta económica 2010.
cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx

27/08/09

Carta del Señor José Gutiérrez Vivó

Buenos días a todas las personas que han seguido esta página con el afán de saber sobre el señor José Gutiérrez Vivo y GRUPO MONITOR.


A solicitud del encabezado que en esta página aparece, me llegó una carta que quiero compartir con todos ustedes, personas que me envían mails de apoyo para JGV y GM, y que siguen deseando saber sobre el curso del caso MONITOR. A la fecha 31,327 visitas a este blogg.


Bueno, pues ayer me llegó una carta que quiero compartir con ustedes. No aparece la dirección de correo del que me fue enviado, pero sí el texto. Al paracer la situación es muy dificil y peligrosa, entonces por seguridad no la ponemos. Cualquier cosa o comentario, así como cualquier comunicación yo se las compartiré, por favor sigan al pendiente de esta página.






Gracias a todos. Les dejo la imagen del envío.





La carta dice lo siguiente:

25/Agosto/2009


Buenos días:


Soy José Gutiérrez Vivó, les deseo informar que he estado atento a los comentarios de ustedes, y mi respuesta es que la situación a llegado para todos los que formamos parte de esta empresa a niveles inexplicables en un país, donde estas situaciones supuestamente no ocurren, nuestra posición es extremadamente delicada, peligrosa y continuaré atento a sus mensajes a través de este medio.

Les envió mi sincero agradecimiento, por seguirse preocupando; por está inexplicable e ilegal cadena de hechos, que se le ha aplicado a GRUPO MONITOR, como si fuera el peor de los delincuentes y que al parecer no se le ve el fin.

A t e n t a m e n t e,

José Gutiérrez Vivó

Si quieren tener la imágen de la carta más en grande, envíen un correo a supermanalucharporlajusticia@hotmail.com


19/08/09

Medina Mora y García Luna, la ola delictiva


JENARO VILLAMIL



MEXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Ciertas o no, las versiones que dan como un hecho la salida de Eduardo Medina Mora al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), las declaraciones del abogado de la nación, quien el pasado lunes 17 afirmó que, en materia de seguridad pública, estamos mejor que hace 15 años, resultaron una muestra más de ineficacia, insensibilidad y poco tacto.


Lo dijo justo en la peor jornada de asesinatos ocurridos este año. Tan sólo el mismo lunes 17 de agosto se registraron 57 muertos en ocho entidades. En Durango, fueron ejecutadas 10 personas; en Ciudad Juárez, un bar fue el escenario de una terrible masacre (ocho muertos); en esa misma ciudad, cerca de 20 soldados ingresaron, sin orden judicial, al domicilio del exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino; en Monterrey, la televisión local transmitió en vivo el tiroteo durante dos horas entre presuntos integrantes del cártel del Golfo y militares en la colonia Los Laureles, y en el estado de México, tras el asesinato del presunto jefe de La Familia, se prevé una ola de ejecuciones que se sumarán a los 218 asesinados en este año.


Por si fuera poco, el rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que la inestabilidad financiera y el shock pronosticado para 2010 por el secretario de Hacienda, Agustín Cartens (el mismo que antes nos quiso tranquilizar con la metáfora del "catarrito") es un caldo de cultivo para que la crisis se transforme en un estallido social.


Ante este panorama, el procurador Medina Mora ya no tuvo ni a Televisa para salvarlo. Su afirmación en el foro de la Asociación Nacional de la Publicidad resultó una gracejada digna del peor spot del sexenio. Amparándose en cifras que sólo él puede acreditar, Medina Mora afirmó que los niveles de violencia que se viven en México son mucho menores que hace 15 años e inferiores a las que se registran en Colombia, Brasil y algunas ciudades de Estados Unidos.


"Hace 15 años –afirmó Medina Mora--, el índice de homicidios intencionales era de 18, y el año pasado tuvimos 10.7 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes".


Este mismo índice, abundó el exdirector del CISEN, es de 33 homicidios por 100 mil habitantes en Colombia, 40 en Brasil y en el distrito de Columbia, Estados Unidos, llegó a 30.


¿A quién quería convencer con esos comparativos? ¿De qué "intencionalidad" está hablando Medina Mora en los homicidios cuando las calles de las principales ciudades del país se han convertido en escenario de batalla de los cárteles, los militares y las policías?


Para nadie es un secreto que la labor para desbancar de la PGR a Medina Mora es una obsesión de Genaro García Luna, el "policía del sexenio", según sus aduladores. Hábil para hacer superproducciones televisivas e imponer en la agenda informativa sus detenciones y su peculiar guerra sucia contra quienes no entren en su red de intereses, García Luna ha logrado borrar a Medina Mora, pero no por su eficacia, sino por su temible acción intimidatoria.


Si Medina Mora es relevado de la PGR quizá le cumplan en Televisa la promesa de volverlo uno de los vicepresidentes del consorcio televisivo, pero el problema no es ese. Tener una PGR desmantelada, enfrentada con las procuradurías estatales y capitalinas y con el Ejército, ha generado un auténtico Frankenstein: la SSP de García Luna.


¿Quién para ahora los excesos y las intimidaciones de García Luna? Peor si el diagnóstico se reduce a criminalizar y a transformar a los militares en policías y a los policías a su cargo en fuerzas casi paramilitares, al estilo colombiano.


El demagogo al desnudo


ÁLVARO DELGADO



MÉXICO, D.F., 17 de agosto (apro).- Cuando no se ha cumplido ni la mitad del sexenio, y a dos semanas del tercer Informe de Gobierno, es fácil entender por qué Felipe Calderón ordenó borrar todo vestigio de sus promesas de campaña: En un país ensangrentado, económicamente en quiebra y roto socialmente, en el desfiladero, no hay un solo dato del que pueda ufanarse.


Ni siquiera Vicente Fox, que fue una nulidad y sigue siendo un fardo presupuestal para el país con su sueldo vitalicio, hizo lo que Calderón: Mandar cancelar la página de internet de su campaña y disponer que en la del Partido Acción Nacional (PAN) desapareciera todo discurso comprometedor.


Todo para evitar el escrutinio de sus ofertas y el cotejo entre lo que ofreció y la atroz realidad. El objetivo era muy claro: Apostarle a la amnesia de los ciudadanos. Porque, al cabo de casi la mitad de su gestión, no le queda ni vergüenza.


"Felipe Calderón es el candidato de las propuestas y será el presidente de las soluciones", anunciaba la propaganda en el inicio de la etapa "de contraste" contra Andrés Manuel López Obrador, en marzo de 2006, que en realidad significó el inicio de la miserable campaña de envenenamiento social.


Decía Calderón, el 6 de marzo, en el hotel María Isabel Sheraton, de la Ciudad de México, sobre el relanzamiento de su campaña: "(será) una etapa precisamente entre la propuesta de futuro, un futuro con crecimiento y empleo que representa Acción Nacional, con la propuesta de pasado económico, de endeudamiento, de devaluación, de crisis económicas, que representa López Obrador".


Si ya lo había hecho desde enero, al inicio formal de la campaña, Calderón desplegó a plenitud la demagogia, es decir, halagó las aspiraciones de un sector de la sociedad y explotó también los prejuicios de otro para presentarse como el candidato del futuro, particularmente en el crecimiento económico y la generación de empleo.


Cualquier ciudadano con sentido común y medianamente informado, incluidos quienes son panistas o simpatizantes, concluye que Calderón es, sencillamente, un fracaso. Las propias cifras oficiales --desprovistas de cualquier tendencia o mala fe-- acreditan tan miserable realidad.


Vaya, hasta el propio Calderón podría deponer su arrogancia y sonrojarse ante lo que escribió en su libro El hijo desobediente, de 2006, y lo que ha sido su gestión. Aquí un fragmento:


"Imaginemos ahora el 2012. En mi último informe de gobierno hago un balance de seis años muy intensos. Hay, desde luego, enormes desafíos y retos por enfrentar, pero también evidentes logros que se pueden constatar. Resumo los principales. Cuando asumí la presidencia de la República había unos 50 millones de pobres y 22 millones en pobreza extrema. Hoy hay 35 millones de pobres y 10 millones en pobreza extrema".


"Se ha librado una batalla frontal contra la inseguridad; se ha depurado el Ministerio Público y las policías federales, y hemos encontrado colaboración en algunos estados para depurar los cuerpos policíacos locales; tenemos una policía integrada por elementos de reconocida solvencia moral, que son respetados en sus comunidades y cuyo desempeño vigilan cotidianamente los ciudadanos; ganan un salario digno, son profesionales y saben que van a tener también un reconocimiento digno; por ello hemos bajado los índices de delincuencia considerablemente".


"México es un país de leyes, un país de plena certidumbre, no sólo en los niveles de convivencia sino en la vida económica. El flujo de inversión ha permitido que los últimos tres años hayan sido los de mayor crecimiento económico en la historia contemporánea del país. Por ello se ha cumplido la meta de crear un millón anual de empleos… "


"México está mejor que antes en términos de varios indicadores. En 2006 México tenía el lugar 79 en el Foro Económico Mundial de Davos en términos de credibilidad, legalidad, estado de derecho, independencia de los jueces, seguridad pública; hoy ocupa el lugar 35. Falta mucho por hacer, pero evidentemente los pasos que hemos dado nos consolidan como una nación segura para vivir y para invertir, y eso nos ha ayudado a mejorar las condiciones de vida…"


Puede decirse que tiene todavía tres años para concretar estas ofertas, pero él mismo sabe que ni siquiera es seguro que las cumpla…


Apuntes


Eso sí, vienen nuevos impuestos para el hartazgo de la opulenta burocracia que ese individuo encabeza…


18/08/09

Magistrados cobran más de lo presupuestado


Érika Ramírez
16-agosto-2009
Revista Contralínea
Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cobran más del 20 por ciento de lo estipulado por las autoridades hacendarias. El titular de este órgano autónomo, Francisco Cuevas Godínez, obtiene casi el salario del presidente de la República. Al tiempo, una evaluación de la ASF reprueba que no exista planeación, ejecución ni control de las operaciones en materia de recursos humanos.

Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) rebasan por más del 20 por ciento los salarios estipulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los límites de lo que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2009, el titular de este órgano autónomo del poder judicial, Francisco Cuevas Godínez, obtiene apenas 10 mil pesos mensuales menos que el presidente de la república.

Además el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dictamina que los encargados de dirimir asuntos jurídicos entre particulares y la SHCP, además de las otras secretarías de Estado, incumplieron con principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

El TFJFA tampoco definió programas de trabajo para cumplir con el mandato de “mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad”.

Con un presupuesto en 2007 de 923 millones 533 mil 700 pesos de la hacienda pública, los encargados de impartir justicia registraron menor eficiencia en su trabajo durante los últimos años. “La menor eficiencia registrada en los servidores públicos jurisdiccionales fue resultado de la reducción del número de sentencias emitidas por servidor público, en promedio anual de 13.5 por ciento, al pasar de 107 en 2005 a 80 en 2007.”

Los gastos

Los informes de la ASF y del PEF, así como el portal de transparencia del tribunal, muestran el rebase salarial de los magistrados, además de las prestaciones económicas que perciben cada mes, entre las que se encuentran gastos en alimentación por más de 6 mil pesos y 5 mil pesos más para telefonía celular, asignados para Cuevas Godínez.

Con la venia del presidente de Felipe Calderón, el magistrado presidente –ratificado el 28 de marzo de 2007–, y los 10 magistrados de la Sala Superior concluirán su mandato hasta el 14 de marzo de 2016. En tanto, los 123 magistrados de las salas regionales estarán al frente de su cargo hasta el 14 de marzo de 2013.

En 2007, la ratificación del magistrado presidente motivó la inconformidad de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues de acuerdo con una nota de los reporteros Andrea Becerril y Víctor Ballinas, del periódico La Jornada, a decir de los perredistas, “su único mérito es el ser impulsado por Juan de Dios Castro, con quien trabajó como adjunto en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en el sexenio foxista”.

El mismo año de su ratificación al frente del TFJFA, el exfuncionario de la administración foxista comenzó a percibir un salario de 141 mil 500 pesos mensuales. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado un importe de 131 mil 300 pesos en el mismo periodo, apenas 10 mil 967 pesos menos que la percepción mensual del presidente de la república, que percibe un salario mensual de 152 mil 467 pesos.

Salarios en exceso

De acuerdo con el informe de la ASF, los 10 mil 200 pesos mensuales que percibe el magistrado presidente, por arriba de lo permitido por la entidad hacendaria, significan el gasto de 122 mil 400 pesos anuales del erario. En tanto, los salarios de los 123 magistrados presidentes de las salas regionales, que percibieron 23 mil 700 mil pesos más de lo asignado en el PEF, implican un gasto al erario de 34 millones 981 mil 200 pesos al año.

La ASF muestra que el salario estipulado por la SHCP en 2007 para Cuevas Godínez fue de 131 mil 300 pesos; sin embargo, el importe neto pagado por el TFJFA fue de 141 mil 500 pesos. A los magistrados regionales se les asignaron 102 mil 100 pesos y les fueron remunerados 125 mil 800 pesos, lo que significa un incremento del 23.2 por ciento sin consentimiento.

Los 10 magistrados de la Sala Superior obtuvieron recursos por 20.3 por ciento más de lo permitido por Hacienda; de los 102 mil 100 pesos que se habían fijado, cobraron 122 mil 800. Los 20 mil 700 pesos que exceden el presupuesto significan un gasto al erario de 2 millones 484 mil pesos.

Esta situación se repite en los salarios que perciben mandos medios del tribunal: la secretaria general de acuerdos va de los 87 mil pesos a los 107 mil pesos; el secretario de acuerdos de Sala Superior gana 38 mil 400 pesos, cuando debía obtener 34 mil 400.

Para la plaza de la subsecretaria general de acuerdos, la Secretaría de Hacienda determinó un salario mensual de 50 mil pesos, no obstante, desde 2007 los dos funcionarios en este cargo han percibido 60 mil 200 pesos mensuales cada uno.

Con 371 plazas en el cargo de secretario general de acuerdos de Sala Regional, la hacienda pública tiene un gasto excedente por 2 millones 114 mil 700 pesos mensuales por cada uno de los funcionarios. Ello implica un desembolso anual sin licencia de las autoridades hacendarias de 25 millones 376 mil 400 pesos. Los 100 actuarios del TFJFA también implican un gasto de 3 millones 960 mil pesos anuales, que no están autorizados. Cada uno de ellos percibe 17 mil 600 pesos de los 14 mil 300 estipulados.

Comidas y celulares

Además de las percepciones por arriba de lo presupuestado en la hacienda pública, los funcionarios del orden judicial obtienen beneficios por 4 millones 598 mil 700 pesos. Para el pago de su alimentación, los funcionarios ocupan 4 millones 277 mil 100 pesos, mientras que en las tarifas de telefonía celular les son asignados 321 mil 600 pesos, durante todo el año fiscal.

Tan sólo el magistrado presidente, Francisco Cuevas Godínez, tiene asignados 74 mil 100 pesos al año para el pago de su alimentación. Obtiene del presupuesto público 6 mil 175 pesos mensuales, el equivalente a 112 salarios mínimos, y los 5 mil pesos asignados para que llame por celular significan otros 91 salarios mínimos.

El consumo de alimentos para los magistrados de la Sala Superior es retribuido con 3 mil 800 pesos al mes; los magistrados de la Sala Regional, 2 mil 500 pesos; la secretaria general de acuerdos, 2 mil 375 pesos, y bajo el cargo de oficial mayor se perciben 2 mil 375 pesos.

Para las llamadas de celular, los magistrados de Sala Superior tienen asignados 1 mil 850 pesos al mes; la secretaria general de acuerdos, 1 mil 650 pesos, y la oficial mayor, 1 mil 650 pesos.

De acuerdo con la ASF, “la Dirección General de Recursos Humanos y su Dirección de Desarrollo de Personal no implementaron un sistema para determinar las plazas vacantes de acuerdo con el puesto; el profesiograma por plaza jurisdiccional no se aplicó en el ingreso de los servidores públicos jurisdiccionales al no estar autorizado; no expidieron ni aplicaron criterios para el ingreso; tampoco elaboraron el informe y el programa anual de actividades de reclutamiento y selección de personal; y no definieron las normas y procedimientos para cubrir las plazas vacantes que se generaron durante ese año, por lo que incumplieron lo establecido en el apartado “Funciones de las áreas” del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos”.

Dictamen de la ASF

Según el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, ejecución y control de las operaciones en materia de recursos humanos al no haber emitido las bases de la carrera jurisdiccional, así como las políticas, las normas y los procedimientos para llevar a cabo los procesos de ingreso (reclutamiento, selección y contratación), evaluación del desempeño, promoción, ubicación y reubicación de los servidores públicos jurisdiccionales, con base en los principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

Con el oficio 10. III-A-739 del 22 de septiembre de 2008, el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del TFJFA señaló que el Pleno del Tribunal no había emitido las bases de la carrera jurisdiccional que se señalan en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero que se elaboró el Anteproyecto de Estatuto de Carrera Jurisdiccional, del cual el máximo órgano de fiscalización dice que “no se incluyeron lineamientos o políticas relacionadas con la estructura y catálogo de puestos, el proceso de promoción y la capacitación y formación profesional ni se especificaron las condiciones de separación de los servidores públicos jurisdiccionales”.

La auditoría también constató que en 2007 la Dirección General de Recursos Humanos del TFJFA no definió ni aplicó indicadores o parámetros para medir los criterios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad señalados en la misión establecida en su Manual de organización, a fin de evaluar su desempeño.

“La menor eficiencia registrada en los servidores públicos jurisdiccionales fue resultado de la reducción del número de sentencias emitidas por servidor público, en promedio anual de 13.5 por ciento, al pasar de 107 en 2005 a 80 en 2007. Con el análisis realizado se demostró que los trabajos se orientaron a reducir los trámites de procedimientos y de sentencias acumuladas de otros años, por lo que el número de resoluciones aumentó anualmente 3.4 por ciento, de 131 asuntos en 2005 a 140 asuntos en 2007”.

Además, al cierre del ejercicio 2007 el TFJFA no elaboró un programa de trabajo para dar cumplimiento a la línea de acción establecida en el apartado “Estrategia programática” del PEF de 2007: “Mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad”, ni contó con indicadores o parámetros para medir su cumplimiento.

Facultades TFJFA

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el TFJFA está facultado para dictar sentencias en los siguientes casos:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.

VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como sus organismos descentralizados.

X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
Percepciones magistrados y mandos medios

Censura en Palacio


BEATRIZ PEREYRA


17-agosto-2009


En la Presidencia de la República, el miedo a la expresión libre no tiene límite. Al joven nadador Rodrigo Martínez, multimedallista en la pasada Olimpiada Nacional, le quitaron el discurso que llevaba preparado en su calidad de orador y le pusieron en las manos uno "autorizado por el presidente". Inofensivo su texto, pedía más ayuda para los jóvenes deportistas. El que le hicieron leer agradecía al presidente Calderón su presencia en ese acto y su apoyo incondicional al deporte.


El sudor provocado por la emoción de estar en Palacio Nacional humedeció tanto las manos del nadador Rodrigo Martínez Aguilar que alcanzó a mojar el fólder donde celosamente guardó, durante horas, la hoja del discurso que preparó para leerlo frente al presidente Felipe Calderón.


Cuando el muchacho de apenas 15 años –ganador de 11 medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2009– esperaba ansioso su turno para hablar en nombre de sus compañeros, una mujer del staff de la Presidencia de la República se le acercó para informarle que no podía leer lo que había redactado y le entregó un documento con el discurso oficial.


"Se me acercó muy amigable. Me dijo que ya el presidente había autorizado el discurso y que ése era el que tenía que leer", cuenta Rodrigo.


"Fue la persona que siempre viene con el presidente que, supongo, ha de ser su asistente o como una jefa de seguridad. Ella me lo cambió, pero fue una de las dos que me dijeron porque había otra señora que es como de publicidad o algo así y me lo pidió (el discurso) porque dijo que se lo iban a leer a la Presidencia. No sé si lo leyeron o no pero llegaron a cambiármelo", detalla.


Aquel miércoles 5 de agosto fue la segunda vez que Martínez estuvo en un acto con el titular del Ejecutivo, como portavoz de los atletas mexicanos para la ceremonia de premiación de la Olimpiada Nacional en la que ha participado desde 2006 con una cosecha de 31 medallas, 24 de las cuales son doradas. En 2007, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) redactaron el documento para su exposición oral, y se lo entregaron un día antes del evento.


En esta ocasión, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (CODE), le dio al nadador la oportunidad de colaborar en la elaboración de su discurso, pero se quedó con las ganas de leerlo.


"Al principio me puse un poco nervioso y medio me saqué de onda porque no supe qué hacer; ni modo que les diga que no, si ellos son la gente que manda en nuestro país. Sentí un poco de impotencia al momento de que me lo dieron pero al final me tuve que acostumbrar y dije: 'ellos saben por qué me lo quitan'. La señora me explicó que eran cosas internas. Le dije que sí, que no había problema", recuerda el deportista.


–¿Te gustó leer el discurso que te dieron? –se le pregunta.–Pues no fue un discurso malo pero no es lo que yo quería decir.


–¿Por qué crees que te lo quitaron?–Pienso que no querían que saliera en los medios de comunicación lo que yo iba a decir, por temor a que dijera una imprudencia o a que como el discurso lo había hecho yo no me lo hubieran revisado en casa.


–¿Consideras que los deportistas deberían tener el derecho de expresarle al presidente lo que sienten y piensan?–Nosotros los tenemos que hacer (los discursos) porque somos quienes los leemos. Nos queremos expresar y si no, ¿para qué lo leemos nosotros? Que lo lea alguien más porque no vamos a manifestar lo que queremos y nos están obligando a decir unas palabras que no son nuestras.


Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1711 que empezó a circular este domingo 16 de agosto.

17/08/09

Seguros a altos funcionarios por $10 mil millones


Burócratas de mando en las entidades y dependencias federales, los privilegiados.

Seguros a altos funcionarios por $10 mil millones


Gastos médicos mayores y retiro individualizado, los rubros a los que, pese a la crisis financiera, se destinó el dinero en el primer semestre del año; la cantidad es superior al recorte presupuestal que se pretende hacer a la SEP y al boquete que registra el IMSS



17-agosto-2009

Política

Rogelio Hernández López


Durante los seis primeros meses de 2009, los más duros de la crisis financiera, las prestaciones a servidores públicos no sufrieron reducciones drásticas. Al contrario, siguió aumentando el monto y la proporción de dos sobresueldos para los funcionarios de mando en las entidades y dependencias del gobierno federal: alrededor de 9 mil 963 millones de pesos fueron pagados durante el semestre por seguro de gastos médicos mayores y seguro de retiro individualizado.


Tal cantidad de dinero es independiente de lo erogado por las cuotas de seguridad social y servicio médico al ISSSTE, al IMSS y de los fondos institucionales de retiro como el SAR (unos 4 mil 500 millones de pesos), prestaciones que también recibe la mayoría de quienes ocupan cargos de jefes en la administración pública.


Estas y otras erogaciones pueden confirmarse en el capítulo “IX.- Prestaciones que perciben los servidores públicos” inserto en el “Informe sobre la Situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública” del segundo trimestre de 2009.


El gasto durante el primer semestre, por los dos seguros que sólo protegen a los altos funcionarios, es superior al recorte que se pretende hacer a la Secretaría de Educación Pública (7 mil millones de pesos) y casi el triple del boquete financiero que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social (3 mil 791 millones).


Sobresueldos


Las prestaciones que en general reciben los funcionarios públicos son clasificadas comosobresueldos.

En el tabulador de sueldos y prestaciones de los servidores públicos de confianza, por ejemplo, para el Secretario de Economía, el salario base es de 32 mil 613.14 pesos mensuales a los que se adiciona una compensación garantizada neta por el rango de 228 mi 569. 12 pesos. Una vez hechos los descuentos diversos quedan un total neto de ingresos líquidos de 137 mil 050 pesos al mes.


Según el mismo catálogo, el secretario tiene como prestaciones garantizadas: seguro de vida institucional por al menos 40 meses de la percepción ordinaria mensual; seguro colectivo de retiro de 12 mil 500 a 25 mil pesos; prima vacacional de 50 por ciento de 10 días de sueldo base; prima quinquenal de 46 a 136 pesos mensuales; gratificación de fin de año de 40 días de sueldo base; pagos de defunción de hasta 4 meses de la percepción ordinaria; ayuda para despensa de 77 pesos al mes; vacaciones pagadas de 20 días hábiles al año en dos periodos de 10 días; uso de hasta tres vehículos y apoyo económico para uno; hasta cuatro teléfonos celulares con un crédito máximo de 13 mil 500 pesos cada uno; gasto de alimentación de 12 mil 750 mensuales.


Pero, según el informe de resultados de la economía antes referido, ni esas ni otras prestaciones son tan cuantiosas para los servidores públicos como la suma de ambos seguros adicionales: el de gastos médicos mayores y el de separación individualizada.


El de gastos médicos mayores tiene pólizas de 333 a 1000 salarios mínimos generales, que en caso de requerirse, la póliza más baja alcanza 525 mil 374 pesos. De esta, el funcionario paga voluntariamente 2, 4 y hasta 10 por ciento de su salario, misma proporción que el gobierno le adiciona.


De ese modo, además del ingreso base del secretario (salario y compensación), el gobierno federal eroga alrededor de 22 mil pesos mensuales adicionales por las prestaciones garantizadas y, además, otros 30 mil por estos dos seguros. Con todo la suma asciende a unos 190 mil pesos mensuales.


La mayoría de las prestaciones garantizadas y adicionales, con la proporcionalidad del cargo, se conceden a todos los mandos principales del sector público, de acuerdo con la reglamentación interna en rigor.


El costo


En el informe económico financiero de 2009, los montos mayores en los gastos por prestaciones para todos los servidores públicos fueron para esos dos seguros que benefician principalmente a los mandos superiores.

De acuerdo con este reporte, disminuyó casi 4 por ciento el gasto programable de los ramos administrativos de entidades y dependencias del gobierno federal incluido el IMSS y el ISSSTE. La diferencia entre lo pagado y programado al iniciar el año fue de 3.8 por ciento, para quedar en 561 mil 145 millones de pesos.


Empero, los pagos por prestaciones en esas áreas consumieron 9 de cada 100 pesos (8.88 por ciento) del gasto programable: casi 50 mil millones de pesos. En 2006, tres años antes, esa proporción era menor en un punto porcentual, apenas llegaba a 8 por ciento, como se comprueba en el indicador histórico de gasto del gobierno en servicios personales hasta 2008.


Del total de las prestaciones, solamente el pago de los dos seguros referidos consumió alrededor de 20 por ciento; esto es una erogación aproximada a los 9 mil 963 millones de pesos. En contraste, lo que se pagó por cuotas al ISSSTE o al IMSS es menos de la mitad.


Así, en los primeros seis meses del año, ambos seguros (gastos médicos mayores y de retiro) en algunas dependencias y entidades consumieron proporciones exageradas del gasto total de prestaciones:


Presidencia, 14.63 por ciento; Gobernación, 51.24 por ciento; Relaciones Exteriores sector central, 26.29 por ciento; Hacienda sector central, 37.86 por ciento; Inmujeres, 57.67 por ciento; Economía sector central, 37.31 por ciento; Comisión Federal de Competencias, 66.14 por ciento; Secretaría del Trabajo sector central, 31.7 por ciento; Procuraduría del Trabajo, 42.2 por ciento; Energía sector central, 48.72 por ciento, y Desarrollo Social sector central, 75.17 por ciento.


Un reporte especial elaborado en el Centro de Investigación y Docencia Económica por Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparán aseguraba que ya en 2002 los salarios, compensaciones y prestaciones de los mandos superiores del gobierno mexicano eran de los más altos del mundo. Y, no han disminuido.

12/08/09

Se derrumban las “verdades” oficiales

México SA
-Se derrumban las “verdades” oficiales
-Lo que Calderón se niega a oír

Carlos Fernández-Vega
La Jornada
12 de agosto del 2009



El secretario de Hacienda, Agustín Carstens; el senador Gustavo Enrique Madero y el rector de la UNAM, José Narro Robles, durante las audiencias públicas sobre la crisis económica organizadas por el Senado de la República". Foto María Luisa Severiano
Una tras otra se han derrumbado las verdades” oficiales (en los hechos descaradas mentiras gubernamentales) sobre la trágica realidad económica nacional y la “crisis externa” que nos hacía lo que el viento a Juárez. Así, el “presidente del empleo” a duras penas mantiene el suyo; las “sólidas finanzas públicas” presumidas por Calderón y Carstens registran su momento más crítico en 30 años; el agujereado “navío de gran calado” zozobra; la “blindada” economía mexicana se desmorona en proporciones no vistas en casi ocho decenios, mientras el retórico “gran futuro” económico y social prometido por los dos gobiernos panistas se configura como la primera década perdida para los mexicanos en el nuevo milenio.

Aún no concluye este caótico 2009, cuando los mismos que diagnosticaron un “catarrito” económico para el país y pasmados vieron la debacle hoy se dicen preparados para “reflotar” el barco y prometen “un leve crecimiento” en 2010, para lo cual utilizarán el mismo recetario que ha mantenido estancado al país a lo largo de tres décadas. El próximo será un año en el que “se tomarán decisiones difíciles”, dijo ayer Agustín Carstens, aunque en los hechos, más que “difíciles”, serían mortales. Por ejemplo, como la recaudación tributaria se desplomó a lo largo del presente año, toda vez que las empresas reventaron y los empleos desaparecieron, entonces la mejor idea gubernamental es incrementar los impuestos o crear adicionales “para compensar”, dice, la pavorosa caída en la captación fiscal registrada en 2009. Sin duda, una excelente idea del calderonato que terminaría por derrumbar lo que el “catarrito” no alcanzó a destruir en su primer paseo.

El secretario de Hacienda participó ayer en el “nuevo” foro organizado por el Senado de la República (La evolución de la crisis económica y las medidas emergentes para enfrentarla que deben considerarse en la agenda legislativa), donde fue a repetir las sobadas recetas para que el país salga de la crisis, aunque en los hechos cada día lo hunden más. Es la familia feliz instalada en esa mágica dependencia pública, en la que se niegan a reconocer que el de México no es un “problema coyuntural”, sino que a todas luces es estructural; que sin golpe de timón el barco se seguirá hundiendo y que tres años son muchos, y muy peligrosos, si se aferran al modelito. Con bombos y platillos el doctor “catarrito” promete “un leve crecimiento” económico para 2010, tal vez de 3 por ciento, proporción que en el lejano caso de concretarse sólo confirmaría –por si alguien dudara– que el sexenio calderonista ha sido un desperdicio político, económico y social.

En ese mismo foro en el que “para encontrar soluciones a la crisis” participan muchos de los que negaron su existencia (el propio Carstens, el ágil Gerardo Ruiz Mateos, el simpático Javier Lozano Alarcón y el eficiente Javier Molinar Horcasitas), pero que se dicen dispuestos “para enfrentarla”. Otros, que nunca la negaron y que, por el contrario, no han quitado el dedo del renglón, asistieron para decir lo que el gobierno calderonista se niega a oír, como en el caso del rector de la UNAM, José Narro Robles, quien subrayó que “la crisis no es sólo coyuntural, sino que tiene raíces estructurales, por lo que requerimos cambiar un modelo que se ha agotado y que ya no muestra ser el conveniente para México. Invito a emprender la refundación de la República, y para ello el Senado es el espacio privilegiado para hacer el llamado para establecer un mecanismo que permita acordar los consensos necesarios para diseñar la nueva estructura del país. En el modelo seguido están las causas de la crisis y de una de sus expresiones: la disminución de los ingresos tributarios. Sin la acción compensadora del Estado, el mercado no puede regularse por sí mismo y menos resolver las injusticias sociales. El bienestar de la población y su seguridad social son los puntos más importantes, con el apoyo de la educación y la investigación”.

Pero Carstens como quien oye llover. Insistió en su tesis de aumentar impuestos o aplicar nuevos en 2010, qué más da, pues la idea es “recuperarse” del desplome en la recaudación fiscal 2009. “La brecha de financiamiento del próximo año será de cerca de 300 mil millones de pesos, y se estima emplear 60 por ciento de los fondos de estabilización en 2009, lo cual implica que el remanente que quedará para 2010 será mucho menor. Por ello, ante el shock financiero más grande que ha recibido el país en los últimos 30 años, será necesario proponer un déficit público moderado que se reduciría al recuperarse la economía y la recaudación, para cerrar de nuevo con presupuesto balanceado en 2012. Esta medida procuraría atender la reducción transitoria en la recaudación tributaria”, según dijo.

Además, recortar el gasto público en prácticamente todos los renglones, menos en los superfluos, en las grandes comilonas, elevados salarios y portentosas prestaciones; en la “conservación” de macetas presidenciales o en las galletitas predilectas de la first lady, mucho menos en los vergonzosos emolumentos de ministros, comisionados, consejeros, integrantes del gabinetazo y demás fauna que dice gobernar este país, entre ellos los ineficientes partidos políticos, los cuales a pesar de todo no dejarán de recibir lo suyo. No se recorta eso, pero sí habrá más impuestos para que paguen los de siempre, si es que sobreviven a 2010, año a todas luces peor que este caótico 2009.

Mientras el doctor “catarrito” repetía su estribillo, el inquilino de Los Pinos hacia lo propio: “hemos evitado que una crisis económica tan severa, la más grave, quizá que se tenga registro en el mundo, arrasara con el empleo en México como pudo haberlo hecho. Sí nos impactó, desde luego, lo sabemos (pero) en dos meses se han logrado generar más de 35 mil plazas”. Qué bueno, porque ya sólo faltarían 665 mil de ellas para recuperar el nivel de empleo registrado en 2007, el que, desde luego, tampoco se alcanzará en 2010.

Las rebanadas del pastel

Respuesta al S.O.S. (Manuel Luna, manuelbl35@hotmail.com) publicado en la entrega de ayer: “me dirigí a la persona que usted menciona al final de la columna para decirle que con los bancos lo único que opera es la acción directa, que es dejar de pagarles. Y mejor si se hace en forma organizada, como lo hace El Barzón. En ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, los barzonistas tienen tomado uno de los bancos agiotistas y como respuesta han cerrado sus puertas todos los bancos de la ciudad. Eso afecta sus jugosas ganancias, que es lo único que les importa. Estamos observando quién se raja primero, si los barzonistas o los banqueros abusivos”. (torjaq_42@hotmail.com).

11/08/09

Infonavit: usura social; deudores, con la soga al cuello


Jesusa Rodríguez

Proceso

9 agosto del 2009



Por Agencias
09/08/2009 - 04:10 AM

México (Proceso).-


Agobiado por la cartera vencida, el director del Infonavit remató decenas de miles de créditos en apenas una fracción de su valor a principios de 2006; ahora en manos de dos empresas privadas, los trabajadores son amenazados con el desalojo si no logran pagar las exorbitantes cuotas que les imponen; los tribunales no logran ponerse de acuerdo ante los miles de juicios de amparo solicitados por los afectados: mientras en unos casos los otorgan, en otros los niegan; el problema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver el conflicto el miércoles 12El 29 de junio de 2005, Víctor Manuel Borrás Setién, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se percató de que un conjunto de créditos por 26 mil 488 millones de pesos tenían poca probabilidad de ser cobrados. Para “maximizar” su recuperación, vendió a empresas privadas poco menos de la mitad de esa deuda, equivalente a 12 mil millones de pesos, en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, el 13.24% de su valor.El hecho no sólo sembró incertidumbre entre miles de familias de trabajadores colocados en riesgo de perder sus viviendas; también se tradujo en cientos de procesos judiciales que han suscitado criterios contradictorios en varios tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el próximo miércoles definirá si el organismo puede o no vender créditos de naturaleza social a empresas privadas.


Todo el problema se inició el 27 de abril de 2005, cuando el PAN y el PRI aprobaron en la Cámara de Diputados una serie de modificaciones a la Ley del Infonavit propuestas por el entonces presidente Vicente Fox.La nueva ley facultó al Instituto a sujetarse a discreción a la Ley de Transparencia; a quedar fuera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a que el Consejo de Administración propusiera a la Asamblea General las políticas de crédito “y cualesquiera otra que sea necesaria” para el cumplimiento de sus objetivos.El 29 de junio de ese año, Borrás Setién pidió un informe de la cartera vencida. Las cifras fueron desalentadoras: miles de trabajadores que recibieron créditos del Infonavit para vivienda no habían pagado 41 mil 38 millones de pesos y, peor aún, había otros 110 mil 781 créditos por 26 mil 488 millones 74 mil 464 pesos con bajísima probabilidad de recuperación, llamados “cartera vencida reservada”.


En septiembre de ese 2005, la Comisión de Seguimiento de Metas del Infonavit presentó una “Estrategia de depuración de la cartera vencida”. La solución propuesta fue vender la totalidad de la “cartera vencida reservada”, considerada para ese momento como incobrable. En cuanto a la cartera vencida de 41 mil millones de pesos, que sí es recuperable, propuso que no rebasara el 5% del total de todos los créditos que otorga la institución.


El 26 de octubre siguiente, el Consejo de Administración que encabeza Borrás Setién autorizó esa operación, pero con una modificación: dispuso poner en subasta pública solamente 56 mil 490 créditos de la “cartera vencida reservada”, equivalente a unos 12 mil millones de pesos. Por ser créditos casi imposibles de recuperar, el organismo determinó rematarlos, literalmente, en mil 588 millones 802 mil pesos, es decir, a tan sólo el 13.24% de su valor.


Infonavit nunca explicó por qué no subastó el 100% de la cartera, como le recomendó la Comisión de Seguimiento de Metas. Sin embargo, en el propio documento “Estrategia de depuración de la cartera vencida” que se le presentó a Borrás Setién está la respuesta: 42 mil 893 expedientes de los créditos estaban incompletos, por lo cual no se pudieron subastar.


Una de las empresas ganadoras de la subasta pública fue Recuperadora de Deuda Hipotecaria, una empresa filial de la estadounidense Lend Lease, que en sólo seis días –entre el 6 y el 12 de enero de 2006– se constituyó legalmente, se adjudicó la subasta y firmó con el Infonavit el contrato de “cesión de derechos” de los créditos.


Recuperadora de Deuda Hipotecaria obtuvo 19 mil créditos por el módico pago de 415 millones 700 mil pesos.Otra empresa que se adjudicó la subasta pública convocada por el Infonavit fue SCRAP II, que pagó mil 173 millones 102 mil pesos por 34 mil créditos. Esta filial de la estadounidense Pendelum Associates es presidida por Roberto Enrique Colliard López, excoordinador general de Recursos Corporativos de Fobaproa, antecedente del IPAB.


LITIGIOS


René Sánchez Galindo, integrante del Consejo de Defensa de la Vivienda, informa que se han promovido unos 3 mil 200 amparos en contra de la venta de cartera vencida del Infonavit, hasta ahora, a través de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Barzón Auténtico de Ciudad Obregón, Sonora, y el Frente en Defensa de la Vivienda de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Él solo inició 120 juicios de amparo.


Las empresas privadas que adquirieron los créditos incobrables del Infonavit ahora exigen a sus representados pagos inmediatos de entre 20 mil y 60 mil pesos, y mensualidades por arriba de 5 mil pesos. Si no cubren la deuda en las nuevas condiciones que les imponen, se les notifica su próximo desalojo. “Eso ha ocurrido principalmente en el norte del país, sobre todo en Sonora”, comenta Sánchez Galindo.


Lo malo es que estos trabajadores cayeron en cartera vencida cuando debían cubrir al Infonavit mensualidades de apenas entre 400 y 800 pesos, debido a la pérdida de empleo y la crisis económica que vive el país.


Sánchez Galindo comenta que nueve de los 120 créditos que está defendiendo ya se han resuelto en tribunales Colegiados de Circuito. Seis casos los ha ganado y perdió los otros tres.


Uno de los amparos, el de la acreditada Sylvia Díaz Gutiérrez, fue ganado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Premier Circuito Judicial el 16 de diciembre de 2008, que ordenó al Infonavit reasumir la administración del crédito, lo que se cumplió al día siguiente.


La autorización de vender la cartera vencida “afecta inconstitucionalmente el patrimonio de los trabajadores, porque se corre el riesgo de transgredir el artículo 43 bis de la Ley del Infonavit, toda vez que las empresas privadas que se quedaron con los créditos no tienen facultades fiscales para recaudar el 5% del salario (que el empleador retiene al trabajador), ni para transferirlo de la subcuenta de vivienda al pago del crédito, como ordena la ley”, advierte el abogado Sánchez Galindo.


La venta de créditos de Infonavit contradice incluso a la propia ley que rige al Instituto, que en su artículo 3 dice que “el crédito sea barato”. Sin embargo, explica Sánchez Galindo, “al trasladarse a las empresas privadas, se transforma en un crédito caro por la forma de pago que exigen”.


Curiosamente, el Infonavit asegura que los contratos de crédito firmados por los acreditados con el organismo de vivienda para los trabajadores establecen que “el Instituto, en su calidad de acreedor hipotecario, tiene el derecho de llevar a cabo la transmisión de los derechos que le asisten a través de una sesión de crédito (o sea, una venta), esto en razón de que legalmente, y hasta que no se dé una liberación de hipoteca, es el propietario y titular de los créditos”.


Infonavit respondió así a la solicitud de información que le hizo el ciudadano Juan José Garza el pasado 8 de noviembre de 2006, en la que le requirió “el sustento legal” para vender su crédito. Sin embargo, en ninguna parte de los contratos entre el trabajador y el Infonavit dice que se pueden vender.


Más aún, el Infonavit ha reconocido que “la posibilidad de vender la cartera no se encuentra prevista en la ley”, como lo aceptó la Subdirección General Jurídica del organismo durante la séptima reunión nacional de comisiones consultivas regionales del Instituto.


En cuanto a los amparos que se han perdido en tribunales, el abogado Sánchez Galindo explicó que los fallos se basaron en que la Ley del Infonavit le faculta aprobar cualquier política pública necesaria para cumplir con sus objetivos; según el juzgador, esto significa que tiene la facultad discrecional de autorizar la venta de créditos.


Y, por último, los tribunales que negaron el amparo sostuvieron que no hay una prohibición expresa en la Ley del Infonavit ni en el Código Civil que prohíba la venta.


Ante las diversas interpretaciones de la Ley del Infonavit (sobre todo el artículo 16, fracción IX) en los tribunales, que en seis casos llevó al otorgamiento de amparos y en otros tres a negarlos, existe lo que se conoce como “contradicción de tesis”, la cual ha llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos solicitudes.


La decisión que tome la SCJN el miércoles resolverá definitivamente si el Infonavit está facultado para vender cartera vencida.

“La Corrupción Azul” desnuda despilfarro de la presidencia


PATRICIA DáVILA

Proceso

MÉXICO, D.F., 10 de agosto (apro).-


El libro La corrupción azul, del periodista Daniel Lizáraga, “desnuda el despilfarro económico en las transiciones presidenciales” en México, país donde, a pesar de que existe una Ley de Transparencia, no hay rendición de cuentas, afirmó Juan Pablo Guerrero Amparán, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).


Durante la presentación del libro, el autor Daniel Lizárraga, reportero de la revista Proceso, aseguró que el presidente Felipe Calderón ya se dio cuenta del “costo político que tiene para ellos la transparencia”, por lo que, advirtió, en el relevo que se avecina en el IFAI --Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, terminarán su gestión este año--, existe el riesgo de que el mandatario ceda a la tentación poner gente afín a él.


“En este caso, el presidente de la república va a nombrar esos dos comisionados y a mí me parece que la tentación que tiene Felipe Calderón por nombrar a dos afines a su gobierno es grandísima que no va a dejar pasar esta oportunidad para meter a dos personas afines que cierren filas en el IFAI para que de ahí ya no salga nada”, afirmó.


Para Lizárraga, la corrupción no se va a acabar: “Es un problema muy complejo, pero ojalá algún día pueda influir para que alguna vez pase algo en este país, porque –los reporteros- publicamos (sobre corrupción) en todos los medios, solo que en México, somos el país del aquí no pasa nada.”

La corrupción azul, libro ganador del premio Debate, que otorga la editorial Random House Mondadori, es un libro escrito con rigor periodístico, ameno, crítico, hace uso de análisis político, del conocimiento histórico, del suspenso narrativo y logra desnudar, desmarañar, sin miramientos, lo inmoral que ha resultado el uso del dinero público en las dos transiciones gubernamentales del PAN, afirmó el comisionado Juan Pablo Guerrero. Consideró que para combatir la corrupción hace falta una sociedad más independiente y demandante. Que reclame sostenidamente honestidad. Que exija un gobierno más eficiente y honesto. Denuncie y combata la corrupción. Hace falta más periodismo de investigación, más la realizada por Daniel Lizárraga.


“En La Corrupción Azul, hay un recuento de excesos, de corruptelas, de inmoralidades y no posa nada. Todos los mencionados siguen estando tan tranquilos. Por ejemplo, saber que se gasta dinero en la contratación de edecanes, por parte de quienes hoy son nuestros secretarios de estado, es de lamentarse que no pase nada.


“Me queda claro que la corrupción, la negligencia y deficiencias gubernamentales permanecen. No han disminuido a pesar de la llegada de la alternancia política, los contrapesos institucionales y la multiplicación de los mecanismos de control burocrático, de elevación de infracciones y la ley de transparencia”, señaló el comisionado del IFAI.


Recordó que la solicitud con que Alonso Lujambio defendió la opacidad en el manejo de los recursos presidenciales, cuando fue presidente del IFAI, “le fue buenamente premiada al final del camino”.


“En el IFAI fue evidente el conflicto de intereses por la amistad entre el hoy secretario de Educación Pública, pero antes comisionado ponente en el IFAI, Alonso Lujambio y el presidente de la República.”


“En uno o dos casos, se exhibió la excesiva preocupación de mi colega Lujambio de no dañar al presidente de la República, particularmente al actual. Preocupación que, me parece, le fue buenamente premiada al final de camino”.


Guerrero lamentó que aun cuando hay transparencia y hay acceso a documentos en México, no hay rendición de cuentas.


Por su parte, el doctor Sergio Aguayo, investigador, politólogo, especialista en derechos humanos y en temas sobre la opacidad en las fuerzas armadas, cuestionó: “¿Por qué seguimos siendo una sociedad tan corrupta o que tolera tanto la corrupción? La sociedad no es corrupta, pero si tolera la corrupción, es una sociedad permisiva.


“Estamos viviendo una conjunción de crisis sin precedentes desde la revolución: económica, internacional, seguridad, municipal, y la de valores éticos y cívicos. En el mundo de la época real todo es permitido con tal de alcanzar el poder, lo que significa cada vez un auge cada vez más claro a la impunidad de la corrupción, sobre la cual trata La Corrupción Azúl”, agregó.


“¿Cómo fue que los decentes, los boticarios y los abogados del partido de la gente decente se corrompieron tan fácil y tan rápidamente? ¿Qué sucedió? En este sentido, el libro de Daniel Lizárraga tiene la virtud de explorar ocho meses en la historia de los últimos 9 años a profundidad, ¿Cómo se gastaron poco menos de los 300 millones tanto Vicente Fox como Felipe Calderón?”, cuestionó.


Para Sergio Aguayo, este libro ilustra uno de los problemas no explorados de la transición mexicana. “No hay ninguna duda: Los dos últimos presidentes corrompieron a gente. Lo demuestran los documentos de este trabajo devastador”.

06/08/09

El autismo presidencial


JESúS CANTú


5-agosto-2009


Por más que la realidad demuestre el fracaso y las deficiencias de los programas gubernamentales, el presidente Felipe Calderón y su equipo se empeñan en continuar adelante como si el éxito los acompañara. Su insensibilidad para atender las demandas ciudadanas se manifiesta particularmente en tres ámbitos: política electoral, estrategia de combate al crimen organizado y política económica.


Al iniciar su mandato, Calderón estableció que él manejaría directamente el PAN, evidenció su distancia con Manuel Espino y movió piezas e hilos para colocar en su sitio a Germán Martínez, simple operador de los designios presidenciales. Luego, por medio de Germán, designó o palomeó, unipersonalmente, a los candidatos a los puestos de elección popular. Sus resultados fueron pésimos: perdió tres gubernaturas (Yucatán, San Luis Potosí y Querétaro), decenas de alcaldías y más de 60 diputaciones federales, y, en contrapartida, sólo ganó la gubernatura de Sonora.


Como resultado del fracaso panista –y como prueba de que Calderón no sólo manda y designa, sino que también ostenta–, Germán presentó su renuncia a la dirigencia del partido tras salir de un acuerdo con Calderón en Los Pinos. Más aún, sin que el presidente se percatara o aceptara que fue su intromisión en la vida partidista la causa principal de la debacle, en su intento de mantener el absoluto control del partido, envió a otro de sus más fieles allegados, uno de sus hijos políticos, César Nava, a sustituir al renunciante.


Todo indica que Calderón y su fiel escudero Nava ya lograron controlar la oposición de los senadores Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, así como la del diputado electo Javier Corral, mientras que los otros tres adversarios (Humberto Aguilar, Gerardo Priego y Manuel Espino) no tienen dentro del partido fuerza suficiente para hacer oír su voz. De manera que la segunda imposición en la presidencia del CEN está consumada, en espera de los comicios de 2010.


En lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado, desde el primer minuto de su mandato Calderón decidió involucrar al Ejército en el combate al narcotráfico, y la primera entidad adonde envió a los militares fue Michoacán. Más allá de la detención de miles de presuntos narcotraficantes y de las altísimas cifras de decomisos e incautaciones de droga y efectivo, también en este campo los resultados son negativos, ya que el número de muertes relacionadas con el narco y el consumo de drogas crecen desmesuradamente, mientras se multiplican las violaciones a los derechos humanos.


El 24 de mayo de 2008, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, reconoció que los asesinatos vinculados al crimen organizado crecieron 47% desde 2007. El 18 de junio de 2009, El Universal publicó que, a partir del primero de enero, las muertes relacionadas con el narcotráfico sumaban 3 mil, lo que representaba un incremento de 80% con respecto al mismo período de 2008; en ese lapso, el promedio de personas asesinadas diariamente era de 17, contra 9.5 que reconocía Medina Mora en 2008. Y la tendencia es al alza.


Los datos del consumo de estupefacientes son igualmente preocupantes: En septiembre de 2008, la Secretaría de Salud dio a conocer resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, según los cuales en 2002 el número de mexicanos que probaron la droga era de 3.5 millones, mientras que en 2008 la cifra se había incrementado en un millón, es decir, un aumento de casi 29%.


En febrero de este año, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoció que en los últimos cuatro años el consumo de estupefacientes se duplicó, y el lunes 20 de julio el diario Reforma publicó que, según el Consejo Nacional contra las Adicciones, en los últimos seis años el número de adictos creció en 78%, al pasar de 203 mil en 2002 a 361 mil en 2008. De acuerdo con ese medio, la cifra de mexicanos que consumen cocaína casi se duplicó en estos seis años, al pasar del 1.3% al 2.5% de la población.


El hecho es que, con las detenciones e incautaciones, crece el número de muertos, adictos y consumidores de droga. Y las entidades donde más se ha concentrado el esfuerzo del gobierno federal son también las que presentan mayores índices de violencia: Michoacán y Chihuahua. Pese a ello, la respuesta del gobierno federal al desafío lanzado por La Familia michoacana desde el jueves 9 de julio fue enviar a esa entidad 5 mil 500 elementos federales más.


Calderón acompaña el envío de más tropas con el discurso triunfalista que repite desde 2008: “Sabemos que estas reacciones desesperadas y violentas responden a los severos golpes que ha dado el gobierno a la delincuencia organizada”, señaló el pasado 13 de julio durante la inauguración de la 73 Asamblea General Ordinaria de Organizaciones Ganaderas. En tanto que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró al Washington Post que esa es la única estrategia que conocen y que nadie les ha sugerido una distinta, pese a que los expertos no dejan de hacer llamados para implementar una política integral que incluya programas preventivos y que ataque también las causas –no solamente los efectos– del narcotráfico.


En el ámbito económico y social la situación es similar. Después del famoso “catarrito” de Carstens, las cifras demuestran que México es el país latinoamericano que más resentirá los efectos de la crisis económica.


De acuerdo con Alicia Bárcena, directora de la Cepal, se estima un decrecimiento de 7% en el producto interno bruto durante 2009. La especialista advirtió que México afronta, además de la recesión mundial, sus añejos problemas estructurales, entre los que destacan: la concentración de ventas al exterior, los altos índices de desigualdad y la baja recaudación tributaria.Únicamente en el primer trimestre de 2009 el PIB cayó a una tasa anual de 8.2%, producto de una reducción de 9.9% en la actividad industrial y de 7.8% en el comercio y los servicios.


El jueves 23 de julio, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció un nuevo recorte de 50 mil millones de pesos en el presupuesto federal de este año, que da al traste con la llamada política anticíclica. Y el miércoles 29, el Banco de México confirmó los pronósticos de la Cepal al señalar que el decrecimiento será de 6.5 a 7.5% y que se perderán 735 mil empleos en el sector formal, el doble de los que fueron creados en los dos primeros años del sexenio.


Pero aun antes de la recesión, los estragos de los problemas estructurales ya dejaban sentir sus efectos, particularmente sobre las clases menos favorecidas. La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que el Inegi realiza cada dos años mostró que 10% de la población más pobre del país perdió 8% de sus ingresos en términos reales entre 2006 y 2008, mientras que el 10% más rico se mantuvo estable. Los ingresos de los 11 millones de mexicanos que menos ganan pasaron de 2 mil 217 pesos mensuales en 2006, a únicamente 2 mil 39 en 2008, en tanto que el de los 11 millones más ricos cayó únicamente 10 pesos, al pasar de 44 mil 359 a 44 mil 349.


Esto también se tradujo en un incremento de la pobreza alimentaria (quienes no tienen suficientes ingresos para adquirir una canasta de alimentos básicos) que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aumentó de 13.8% de la población en 2006 a 18.2% en 2008, es decir, pasó de 14.4 millones a 19.5 millones, cinco millones de mexicanos más. La pobreza de capacidades (sin recursos para satisfacer sus necesidades de educación y salud) creció de 24.7 a 25.1%; y la de patrimonio (sin recursos para satisfacer las necesidades de vivienda, vestido y transporte) se elevó de 42.6 a 47.4%. En los dos años de la presente administración se retrocedió a los niveles de 2005.


Al respecto, la respuesta del gobierno federal es que sin sus programas el daño hubiera sido mayor. El 19 de julio, según el diario Reforma, la Sedesol reconoció que “la combinación de dos factores determinados internacionalmente: una crisis económica que reduce el ingreso de los hogares y el alza en el precio de los alimentos y otros productos, afectaron de manera más severa a las personas que menos tienen y generó el incremento observado en los niveles de pobreza”.


Pero la misma secretaría aseguró que la oportuna respuesta del gobierno federal evitó que el impacto fuese mayor. “Del análisis de la ENIGH se desprende que gracias a la acción inmediata del gobierno federal a través de las trasferencias que realiza se evitó que 2.6 millones de personas ingresaran en condiciones de pobreza, evitando de esta manera un impacto mucho mayor, dadas las condiciones del entorno económico”, dijo.


El lunes 20 de julio, el mismo presidente Felipe Calderón señaló en Puebla que, pese a la caída de 9% en la economía, la variación negativa en el empleo es de sólo 3% debido a los programas gubernamentales. También en este ámbito, a pesar de los resultados adversos, conforme a la visión gubernamental, las políticas son las correctas, pues de lo contrario el impacto sería mayor.


Así, mientras la realidad atropella al PAN y a la población mexicana, el presidente y su equipo la ignoran, defienden sus programas, persisten en sus políticas y repiten sus acciones...

03/08/09

¡No! ¡Cédula de identidad no!


Ojo por ojo

Álvaro Cueva

02-agosto-2009



Qué tiene Felipe Calderón en la cabeza? ¿Quiere pasar a la historia como el Presidente más impopular de todos los tiempos? ¿Está recibiendo órdenes de alguna entidad siniestra que lo obliga a cometer errores?


¿Está desesperado por impedir que otro partido llegue a Los Pinos en 2012? ¿No tiene en qué tirar el dinero? ¿Le urge terminar de aterrorizar a la población?


Su anuncio de que va a haber una cédula de identidad para todos los mexicanos es una de las cosas más monstruosas que se le pudo haber ocurrido.


Y, peor, porque se supone que este maravilloso instrumento se va a sacar por nuestra seguridad.
Explíqueme usted si esa bendita tarjeta va a impedir que en este momento entre un comando a su casa y lo secuestre con lujo de violencia.


Si ese documento va a evitar que lo agarren a balazos en la calle, si esa credencial lo va a defender de un asalto o si ese papel lo va a ayudar a sentirse mejor cuando lo estén golpeando, cuando lo estén violando o cuando le estén arrancando una parte del cuerpo.


No, por favor. Dígame que esto no es cierto, que esto no está pasando, que todo fue un mal sueño, que don Felipe se equivocó de discurso cuando hizo este anuncio.


Las cédulas de identidad sólo son propias de los gobiernos totalitarios, de los regímenes que quieren tener perpetuamente vigilada a la población para evitar que los desobedezcan.


Y no, no sirven para proteger, sirven para evidenciar la inseguridad de los gobernantes que saben que están haciendo tan mal su trabajo que temen que en cualquier momento aparezcan grupos que los derroquen.


Es horrible por donde quiera que se le analice, algo que definitivamente no queremos ni necesitamos en México.


No, y espérese, no estamos hablando de una cédula de identidad como las de los dictadores, estamos hablando de un papel peor porque, para obtenerlo, hay que dejar grabadas la voz, el iris y todas las huellas digitales.


¿Usted estaría de acuerdo en regalarle su voz a nuestras autoridades? ¿Para qué? ¿Para que se endulcen la oreja mientras esperan sus bonos sexenales? ¿Para que la manipulen y luego aparezcan grabaciones que lo comprometan en algo que usted ni siquiera imaginó?


¿Quién le garantiza a usted que los mecanismos tecnológicos a través de los cuales se obtengan esas grabaciones son perfectos y que jamás se van a cometer errores si hasta los bancos se equivocan a la hora de cobrar los intereses de sus créditos?


¡Y luego las huellas! ¿Usted le va a depositar sus huellas al gobierno? ¿Para qué? ¿Para que cualquier burócrata se meta a su cuenta bancaria, investigue y retire lo que quiera?


Si las bases de datos más insólitas de México se han comercializado en el mercado negro, ¿quién le garantiza a usted que no va a pasar lo mismo con nuestras huellas digitales?


¿Quién da más por las huellas de Carlos Slim? ¿Cuánto quiere por las huellas de Elba Esther Gordillo, las de Enrique Peña Nieto o las del mismo Felipe Calderón? ¡Que rolen las copias!


¿Sí se da cuenta de la gravedad de esto? Es una violación clarísima a nuestra privacidad, a nuestra identidad, a nuestros movimientos y a nuestras libertades.


Es espionaje, es tenernos vigilados de por vida, es como si usted o yo, nada más por ser mexicanos, fuéramos culpables de algo terrible.


Es tratarnos como no nos merecemos, algo que se tiene que discutir aunque suene más conmovedor ver a Nelson Vargas de gira artística por todos lados.
¿Hay alguien en este país que crea, sinceramente, que con la expedición de estas credenciales desaparecerá el crimen organizado?


¿Existe una persona que íntimamente justifique el gasto que todo este movimiento va a representar justo ahora que tenemos tantas necesidades?


¿Usted está de acuerdo? ¿Alguien le pidió su opinión? ¿Alguna institución puso a votación esta decisión tan delicada?


¿A usted no se le hace el colmo de la tramitología considerando que en este país tenemos que sacar acta de nacimiento, registro federal de causantes, clave única de registro de población, credencial para votar con fotografía, licencia para conducir, pasaporte, cédula profesional, firma electrónica ante Hacienda y un montón de documentos más para demostrar, a cada rato, que somos quienes somos?


¿Qué tiene Felipe Calderón en la cabeza? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¡Por qué!


¡Atrévase a opinar!


30/07/09

La Lotería... al revés


JOSé GIL OLMOS


30 julio 2009


En manos de Vicente Fox (léase Marta Sahagún) y de Felipe Calderón (léase Elba Esther Gordillo), la Lotería Nacional ha caído en desgracia: no sólo han bajado 40% sus ventas y los billeteros tienen deudas multimillonarias, sino que los escándalos por desvíos de recursos a organismos privados y a fines políticos del panismo han dañado su imagen. Tanto, que se mantiene la idea de privatizarla. Y apuntado está para entrarle al negocio, por supuesto, entre otros, Olegario Vázquez Raña…


Dañada su imagen por los casos de corrupción del foxismo y el calderonismo, principalmente por el desvío de recursos a la Fundación Vamos México de Marta Sahagún y a la campaña del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, la Lotería Nacional vive hoy una de sus peores crisis desde que, hace 238 años, fue creada esa institución “para la asistencia pública”.


En las últimas dos administraciones panistas, las ventas de la Lotería Nacional han disminuido hasta en 40%, y los billeteros se enfrentan a una deuda de 500 millones de pesos, además de que la administración de Vicente Fox heredó pérdidas por más de 3 mil millones de pesos. Pese a lo anterior, la Lotería Nacional sigue siendo un negocio atractivo. Según estimaciones extraoficiales, en la última década ha generado 55 mil millones de pesos, que supuestamente han ido a parar a las arcas de la Secretaría de Hacienda, aunque sin un destino claro.


Es por ello que se mantienen las intenciones de poner la Lotería Nacional a la venta, y entre los interesados se escuchan los nombres de Olegario Vázquez Raña y Carlos Slim, así como en algún momento estuvieron los de los hijos de Marta Sahagún de Fox.Los trabajadores sindicalizados y los vendedores de billetes sostienen que la crisis por la que atraviesa la Lotería no es financiera, sino que ha sido originada por el manejo administrativo y político al que ha sido sometida durante los gobiernos panistas. Recuerdan que mientras Vicente Fox puso al frente a gente inexperta como Laura Valdés, quien favoreció a la Fundación Vamos México, Felipe Calderón la ha venido utilizando para “pagar favores” a la maestra Elba Esther Gordillo.


Mario Montes Aguilera, dirigente de los 20 mil billeteros que existen en el país, advierte que la Lotería Nacional ha tenido etapas muy difíciles a lo largo de su historia, pero nunca tan críticas como las experimentadas en las dos últimas administraciones panistas. Y esto, sentencia, no sólo se debe a la crisis económica, sino también al desinterés gubernamental para actualizarla y a la intención de privatizarla y quitarle su función asistencial. “Se ha vivido una situación muy severa. Por eso se requiere de una voluntad política para mantener la función de asistencia pública de la Lotería, que es también una obligación del Estado para poder ayudar a los que menos tienen. Por eso creemos que dejarla en manos privadas no es lo más adecuado, pues nosotros consideramos que mientras la Lotería siga siendo para la asistencia pública, bajo la tutela del Estado, seguramente va a seguir funcionando muchos años más”, señala Montes Aguilera.


A su juicio, es necesario que el gobierno invierta en la modernización de la institución para competir con otros juegos y, sobre todo, que destaque los beneficios que ha generado durante décadas, como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas, así como la donación de ambulancias y estaciones de bomberos, los cuales han sido opacados por escándalos de desvío de recursos para fines particulares y partidistas. “Entendemos que lo más crítico ha ocurrido en los dos últimos gobiernos, que han dejado imágenes negativas de la Lotería Nacional, bajo las administraciones de Laura Valdés y de Miguel Ángel Jiménez Godínez. Esos casos dañaron la imagen de toda la institución. La gente decía que se estaban desviando los recursos, como fue el caso de Transforma México, y se denunció que se estaba usando dinero para las campañas.”Montes Aguilera manifiesta lo anterior en referencia a la denuncia de que el anterior director de la Lotería, Miguel Ángel Jiménez, desvió recursos de la institución para apoyar la campaña electoral del candidato del PAN al gobierno de Campeche.


En la calle, continúa el dirigente nacional de los billeteros, es donde se ve el efecto negativo de esos casos. “Cuando hablan mal de la institución, nuestras ventas se deterioran y nosotros lo sentimos más, porque somos los que damos la cara al comprador”, precisa.A su vez, Víctor Manuel Verges, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Lotería Nacional, asegura que la suerte de la institución comenzó a cambiar precisamente con la llegada del PAN a Los Pinos.El “cambio”Cuando el 5 de enero de 2001 Vicente Fox asistió a la celebración del sorteo de la Lotería, muchos de los billeteros pensaron que llegarían tiempos mejores, pues era la primera vez que un presidente de la República tenía ese gesto en más de dos siglos. Pero en los hechos las decisiones del jefe del Ejecutivo comenzaron a pintar de negro el horizonte. Hacia octubre de ese año, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública formalizó un fideicomiso con Nacional Financiera para que se administraran e invirtieran los recursos del patrimonio con el fin de destinarlos a programas de asistencia pública, pero a través de la Secretaría de Hacienda y no de las autoridades de Salubridad o de Salud, como se venía haciendo desde 1960.


Y aunque durante dos años –de enero de 2002 a junio de 2004– la Lotería Nacional entregó, a través de ese fideicomiso, 206 millones 220 mil 512 pesos a 87 organismos de beneficencia –destinados a apoyar 90 proyectos de asistencia social–, la institución comenzó a manejar los recursos de manera discrecional a favor de Marta Sahagún mediante el fideicomiso Transforma México. En octubre de 2001, Laura Valdés, directora de la Lotería Nacional, creó ese fideicomiso, un mes antes de que naciera Vamos México, y en febrero de 2002, según la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya había ordenado que se destinaran a la fundación de Marta Sahagún 110 millones de pesos de las arcas de la Lotería y otros 100 millones de Pronósticos Deportivos, sin enterar de esto a la SHCP.


Sin embargo, dentro de la propia Lotería Nacional se asegura extraoficialmente que Marta Sahagún se llevó más dinero, aproximadamente 740 millones de pesos, que no fueron detectados en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación.


De esa manera, si antes las ganancias de la Lotería eran destinadas a obras públicas por medio de las instituciones de Salubridad o Salud, con el foxismo, a través de Vamos México, comenzaron a canalizarse a organizaciones privadas como Provida y a fundaciones de instituciones bancarias como Banamex que, con recursos federales, presumían de realizar obras sociales. Era caridad privada con dinero público.


Durante un año, Transforma México operó sigilosamente en favor de Vamos México, hasta que, en 2003, estalló el escándalo por tráfico de influencias y uso político de los recursos públicos atribuido a Marta Sahagún, quien entonces no ocultaba su proyecto político de ser candidata a la Presidencia de la República. Fue justamente en ese año cuando el gobierno federal comenzó a trabajar el proyecto de vender la Lotería Nacional. A finales de 2003, cuando Fox mandó al Congreso de la Unión la propuesta de presupuesto para 2004, presentó la iniciativa de desincorporar 16 entidades, entre ellas la agencia de noticias Notimex, Pronósticos Deportivos y la Lotería Nacional.


Según información de exfuncionarios de la Lotería, la intención de Fox al vender esta institución era dejarla en manos de los hijos de Marta Sahagún, que veían en ella la oportunidad de meterse al negocio de los juegos y casinos.


Pero fue tal el escándalo político generado que el 22 de julio de 2004 se suspendió el funcionamiento de Transforma México mediante un acuerdo de su propio Comité Técnico (número CTF1a./09/04-S), y por ello actualmente se encuentra en proceso de extinción.


Además, el Congreso de la Unión ordenó que la Auditoría Superior de la Federación investigara el otorgamiento de recursos a diversas instituciones privadas por medio de Transforma México, y al cabo de un año, al entregar los reportes, se confirmaron diversas irregularidades en la Lotería Nacional que manejaba Laura Valdés.


Se descubrió un quebranto de 71 millones de pesos contra la Lotería Nacional al propiciar la triangulación de recursos a 57 instituciones privadas y públicas, como la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, el Comité Nacional Provida, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, la Asociación Programa Lazos, Hogar de la Misericordia, Alternativas Pacíficas, Escuela Libre de Homeopatía de México, Instituto Mexicano de la Audición del Lenguaje, Grupo de Recuperación Total Reto, Grupo Altia y la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato.Así mismo, fueron confirmadas las deudas que durante el foxismo se adquirieron y que hoy siguen afectando el desarrollo de la institución: 3 mil millones de pesos de gastos sin comprobar y una cartera vencida de los billeteros por mil 500 millones de pesos.


El daño patrimonial ocasionado por Laura Valdés derivó en que ella tuviera que renunciar a su puesto en julio de 2004. Entonces, el presidente Fox puso en su lugar a Tomás Ruiz, quien estuvo vinculado a la maestra Elba Esther Gordillo. Víctor Manuel Verges Ferreiro, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Lotería Nacional, señala que el caso de la empresaria metida a la Lotería “fue la gota que derramó el agua”, pues a partir de ese desfalco la institución entró en una crisis financiera y perdió el edificio Prisma –construido en 1968 con recursos propios–, 20 vehículos, un tráiler, un autobús y bodegas, además de que fueron despedidos 2 mil 200 empleados.


Y el líder de los billeteros, Montes Aguilera, asegura que la sola sospecha de que la Lotería Nacional dio dinero al proyecto de Marta Sahagún causó bajas en las ventas. “Fue un daño severo porque muchos de nuestros clientes llegaron a decirnos que no iban a darle nada a fundaciones que eran ricas, como las de Banamex y el Tecnológico de Monterrey, a las que Marta Sahagún les canalizaba los recursos de Transforma México. Esto repercutió en los ingresos de la institución, pero también afectó a las 20 mil familias que nos dedicamos a la venta de productos de la Lotería”, expresa en la entrevista Montes Aguilera.


La caja chica


Desde la época de los gobiernos del PRI, los recursos de la Lotería Nacional fueron utilizados con fines muy ajenos a la beneficencia pública. Por ejemplo, al inicio de la administración de Carlos Salinas, luego de que el guanajuatense Ramón Aguirre fue designado director de la Lotería, se inició con gran éxito el sorteo de los “raspaditos”, pero una parte de las ganancias se utilizaron para su proyecto político: la gubernatura de Guanajuato, según denunció entonces Vicente Fox, con quien Aguirre compitió en 1991.


El también exregente de la Ciudad de México ganó en una elección repleta de irregularidades, y ante las fuertes denuncias y protestas por fraude electoral, Salinas lo obligó a rechazar el cargo de gobernador. Ante esa situación, el Congreso de Guanajuato designó gobernador provisional del estado al alcalde del PAN en León, Carlos Medina Plascencia, en medio de cuestionamientos en el sentido de que Salinas había “concertacesionado” esta designación.Otro caso de desvío de recursos se presentó con Carlos Salomón Cámara, quien el 12 de noviembre de 2001 fue denunciado por la Secretaría de la Contraloría ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de 63.3 millones de pesos de la Lotería a favor de cinco empresas de expendedoras de billetes, las cuales estaban a cargo de Domingo Mugirá Revuelta, tío de su esposa.Sin embargo, la Lotería Nacional no ha experimentado tantos cambios en su dirección y tantos escándalos por sospechas y acusaciones de desvío de recursos como en el gobierno de Felipe Calderón, lo cual ha provocado que las ventas de billetes bajaran hasta en 40%, que cerraran 20% de los expendios y que los agentes de ventas disminuyeran de 200 a 160 en todo el país.


Al principio de la actual administración federal, el encargado de las finanzas de la maestra Elba Esther Gordillo, Francisco Yáñez, fue designado por Felipe Calderón nuevo director de la Lotería Nacional. Pero en julio de 2008, Yáñez fue acusado de usar sus influencias para la liberación de su cuñada, Beatriz Enríquez Valles, quien había sido detenida en un operativo militar de marzo de ese año realizado en Chihuahua, en el cual la aprehendieron junto con otras cuatro personas que, en un par de camionetas, transportaban 600 kilos de mariguana.Antes, en marzo de 2008, el hombre cercano a la maestra Gordillo tuvo que enfrentar una movilización de los trabajadores sindicalizados de la Lotería que se quejaron de un cambio en los servicios hospitalarios. Resulta que en un proceso de licitación oscuro, Yáñez le dio a la clínica Londres, propiedad de Jorge Kahwagi, un contrato millonario para el manejo del servicio médico destinado a más de mil trabajadores. Esto provocó una fuerte protesta sindical y el cierre de avenidas hasta que, después de un año, lograron recuperar el servicio en el hospital Mocel y en el sanatorio Durango.


Francisco Yáñez fue destituido en enero de 2009, cuando ya se le investigaba su enorme riqueza en Chihuahua y en el Estado de México, donde tiene casas, ranchos y autos de colección. Sin embargo, luego fue designado por la Secretaría de Hacienda representante de la banca de desarrollo en Washington.


En su lugar llegó a la Lotería otro allegado de la maestra Gordillo, el expresidente del Partido Nueva Alianza, Miguel Ángel Jiménez Godínez, quien sólo duró dos meses y medio en el cargo. La causa: su intento de soborno al Diario de Yucatán para generar publicidad a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, Mario Alberto Ávila Lizarraga. En su lugar llegó a la Lotería el senador Benjamín González Roaro, otro de los incondicionales de la lideresa del SNTE. Este nuevo escándalo le restó credibilidad a la Lotería Nacional, admite Mario Montes Aguilera, dirigente de los billeteros. “La sospecha de que tuvo algo qué ver con el apoyo de campañas electorales nos perjudicó mucho porque la Lotería es una institución para la asistencia pública, es decir, la recaudación de fondos es para los que menos tienen y no para asuntos políticos”, dice. –¿La crisis les ha pegado?–Por supuesto que la crisis nos ha pegado muy fuerte.


Vemos que la gente no trae tanto dinero y está pensando en llevar comida a sus hijos; no desvía su dinero, a pesar de que sabe que en la Lotería tiene las mejores oportunidades para ganar. A pesar de esta situación adversa, los vendedores de billetes, muchos de ellos provenientes de familias que se han dedicado a lo mismo por generaciones, tienen fe en que con una buena inversión se podrá modernizar la Lotería, mejorar sustancialmente su imagen y detener los intentos de dejarla en manos de la iniciativa privada. Y aunque no ven un propósito claro en el gobierno de Calderón, el líder nacional de los billeteros espera un milagro: “Los mexicanos –explica– durante mucho tiempo han creído en dos cosas: en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional. Queremos que esa situación nuevamente se dé con una buena imagen; que se apaguen los escándalos y se vean mejor las virtudes de un buen producto.”

28/07/09

Saquean Procampo durante 15 años

Políticos del PRI y del PAN, gobernadores, diputados, funcionarios federales y locales, grandes empresarios y hasta narcos se han beneficiado del programa insigne del gobierno mexicano.
Ignacio Alvarado Álvarez y Evangelina Hernández
Lunes 27 de julio de 2009
La inyección de fondos por 171 mil millones de pesos ejercidos a través de Procampo e Ingreso Objetivo fracasó en su propósito de fortalecer a productores de granos y oleaginosas ante la apertura total de la frontera para la importación de alimentos, 15 años después de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores y analistas del programa.

La repartición desigual del dinero es una de las causas por las que se falló: mientras que 20% de los productores con mayor extensión de tierras recibieron 80% de los recursos, la inmensa mayoría de campesinos debió conformarse con un subsidio menor a 700 pesos anuales, revela un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Tal condición volvió en los hechos a Procampo un programa asistencial, con el que millones de personas sobrevivieron a través de tres lustros, reconoce el Consejo Nacional Agropecuario.

Entre los que más han recibido ayuda con dinero público figuran gobernadores, diputados, grandes empresarios y narcotraficantes, según puede leerse en la página de internet subsidiosalcampo.org.mx, elaborada por Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.

Informes de la Central Campesina Cardenista indican que, debido a ello, dejó de sembrarse maíz en 1.9 millones de hectáreas, pues la mitad de los beneficiarios emplearon el dinero para comer.
El diseño de normas que dieron origen al programa, coinciden analistas, permitió la desviación de recursos, el clientelismo político y la corrupción.

“Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas”, dice Nora Ruvalcaba, la diputada perredista que llevó a tribuna la presencia de presuntos criminales en los listados de Procampo. En 2007, la legisladora realizó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o sus familiares.

“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes se descubrió un narcoinvernadero. (...) Nos metimos a verificar y, ¡oh sopresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, narra Ruvalcaba Gámez.

Procampo financia narcos y a sus familiares

El programa diseñado para “rescatar a los campesinos” entrega recursos a presuntos traficantes de drogas de los principales cárteles, con los que el Estado sostiene una guerra armada.
Evangelia Hernández e Ignacio Alvarado
Martes 28 de julio de 2009

Procampo, el programa que México diseñó hace 15 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá, otorgó recursos a narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.

Entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.

También subsidia a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos. Procampo fue creado para apoyar a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del TLCAN.

Ese 1% de privilegiados ha recibido 38 mil 558 millones de pesos. Tan sólo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Zambada es también socia de la estancia infantil 1127 “Niño Feliz” subrogada por el IMSS en Culiacán. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; recibió 555 mil 220 pesos.

Los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.

Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de Juárez (Amado y Vicente), figuran 44 veces en el padrón. Recibieron del gobierno federal apoyo por diversos montos que van desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.

Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perenne en cuatro hectáreas.

Humberto García Ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) hasta que fue deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros familiares también aparecen en la lista de beneficiarios.

Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo, están en la lista. Es el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal. El beneficio se les empezó a entregar a partir del año 2000, fecha en que inició la administración de ex presidente del PAN. (Léanse el articulo: "Desde el aire, el paraiso de los Fox").

El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, es parte del padrón y de 2000 a 2008 ha cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua, respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos, el segundo.

Depredan Procampo políticos y narcos

Miles de millones de pesos canalizados al programa destinado a hacer competitivo al campo mexicano no han rescatado de la pobreza a los productores y, en cambio, han acrecentado la miseria e ido a parar a las manos de funcionarios, diputados, grandes empresarios y narcotraficantes, algunos de los cuales figuran hasta más de 100 veces en la lista de beneficiarios, de acuerdo con investigadores.
Ignacio Alvarado Álvarez y Evangelina Hernández
Lunes 27 de julio de 2009

Durante 15 años, Procampo, el programa insigne del gobierno mexicano para fortalecer a productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solamente fracasó, sino que permitió la desviación de recursos y abrió ventanas al clientelismo político.

Desde su creación, en 1994, el gobierno federal ejerció 171 mil millones de pesos que, al final, lograron efectos contrarios a lo pretendido: la pobreza de millones de campesinos es mayor a la de entonces y no existe evidencia contundente para demostrar crecimiento entre los grandes productores, beneficiados con casi 80% de ese capital, señalan analistas consultados.

Además de propósitos incumplidos, Procampo beneficia desde su concepción a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de los subsidios, así como a narcotraficantes y familiares de todos ellos.

Esto fue posible porque la reglamentación del programa presentó ambigüedades y relajamientos, sostiene Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien ha concluido un análisis llamado “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”.

“Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos”, afirma.

Inequidad y pobreza

Los informes obtenidos por Mauricio Merino reparan en la desigualdad con la que se han repartido los recursos, lo que explicaría en parte el fracaso de dicho programa.

De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos.

“El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor”, precisa.

“El dato cobra toda su dimensión si se subraya que el primer 1% de beneficiarios, formado por 54 mil 397 productores (la mayoría de Sinaloa y Tamaulipas), ha obtenido 38 mil 558 millones de pesos, para una distribución per cápita de 708 mil 826 pesos”.

En cambio, 80% de los productores con menos de cinco hectáreas han recibido 27% de los subsidios, unos 46 mil millones de pesos, que les dejó en 14 años 10 mil 600 pesos por individuo.

Procampo, cuyo fundamento era “transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales” para “mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales, y modernizar el sistema de comercialización”, terminó, en el mejor de los casos, como un programa asistencial para los minifundistas.

“Al final, Procampo no deja de ser un ingreso para el productor, y en el tema de los productores pequeños, viene a formar parte de su ingreso familiar, de su alimentación. El objetivo de la compensación y de apoyar la productividad del campo empezó a tener una vertiente más social”, considera Luis Fernando Haro, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El CNA ha mantenido un mismo nivel de crítica desde el comienzo de Procampo, lo mismo que la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En verano de 2006, la CNC, uno de los pilares históricos del PRI, emitió por ejemplo un comunicado de prensa para subrayar la desprotección en la que se encontraba el campo, un año y cuatro meses antes de abrirse totalmente la frontera del norte a la importación de alimentos, tal y como lo marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Para enfrentar a estos competidores (estadounidenses y canadienses), los productores mexicanos carecemos de tecnologías, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito”, decía el documento.

Los campesinos poseedores de menos de cinco hectáreas representan, en efecto, una mayoría del sector, pero contrariamente son quienes menos apoyo reciben del gobierno.

De acuerdo con la Central Campesina Cardenista (CCC), los pequeños productores representan 90% del total, y para ellos Procampo “constituye el piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad”.

Para sustentar tal afirmación, la CCC refiere una encuesta levantada por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), “la cual revela que 42.4% de los productores señalaron que destinan los recursos que reciben a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes”.

Como resultado, en 14 años de prevalencia del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23%, asegura ese organismo.

“Lo anterior significa que Procampo y otros instrumentos de apoyo a la agricultura no han constituido un verdadero incentivo para los productores a fin de incrementar la superficie sembrada de granos básicos y aumentar su producción”.

En los hechos, la idea de fortalecimiento del campo se desvaneció en 1995, al año siguiente de iniciarse Procampo, dice Fernando Haro, coordinador de consejeros del CNA.

“En 1995 viene el problema de la crisis y ese instrumento (Procampo), que se diseñó como un posible compensador de asimetrías, perdió su objetivo. Así las cosas, el monto por hectárea se fue perdiendo en el tiempo porque nunca se fue actualizando y ya nada fue igual”, explica.

Las lecturas adversas que hacen esas organizaciones campesinas encierran, por lo menos, algo de hipocresía.

De acuerdo con la investigación de Mauricio Merino, todas ellas influyeron notablemente en la elaboración del padrón inicial de Procampo (que en tres lustros se mantiene casi igual), dejando fuera a muchos pequeños productores e incluyendo a poderosos de la política y el crimen organizado.

Padrón sospechoso

José Octavio López Presa, primer director de Procampo, hizo referencia a ello en una entrevista concedida a Merino.

“Tras la organización inicial del programa, no sólo hubo una tensión manifiesta entre las grandes organizaciones de campesinos y productores que intentaron (y lograron) que sus agremiados fueran inscritos en el padrón”, escribe el investigador, a partir de su entrevista con el ex funcionario.

Las presiones no solamente provinieron de fuera. López Presa cuenta a EL UNIVERSAL que, un mes antes de las elecciones federales de ese año, “un alto funcionario muy cercano al secretario (de Agricultura, Carlos Hank González) se atrevió a proponer que se beneficiara a los municipios gobernados por el PRI”.

La reunión a la que se refiere se realizó en junio de 1994 en Oaxtepec. Participaron en ella representantes agrarios, además de funcionarios federales. López Presa no solamente se opuso a tal sugerencia, sino que envió al día siguiente un correo electrónico en el que ordenaba que bajo ningún motivo se utilizara Procampo con fines electorales. Horas más tarde fue despedido.

Quien lo notificó de la decisión de Hank González, dice la investigación de Merino, fue el entonces subsecretario Luis Téllez Kuenzler.

Fuera de la secretaría, el investigador del CIDE identifica a Jorge Kondo López, actual secretario de Agricultura de Sinaloa, como otro de los personajes centrales en aquellas presiones por imponer agremiados en el padrón del Procampo.

Kondo, entonces vicepresidente de una de las carteras del CNA y presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), figura 89 veces en la lista de beneficiarios del programa Procampo, de acuerdo con la página subsidiosalcampo.org.mx.

Lo mismo que él, la investigación de Mauricio Merino identifica otros 371 nombres y registros individuales que cobraron subsidios todavía en 2008, y cuya identidad coincide plenamente con la de funcionarios públicos vinculados con la operación de los programas.

“De ellos, estamos seguros de la coincidencia en 292 casos (131 de posibles funcionarios federales, y 161 estatales)”, refiere el investigador.

En la página de subsidios al campo, elaborada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, aparece como uno de los mayores beneficiarios el diputado federal por el PRI Jesús Manuel Patrón Montalvo, con 131 registros. Los pagos totales que recibió por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo durante 14 años, hasta 2008, suman 12 millones 270 mil 763 pesos.

Patrón, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, es un reconocido empresario del ramo agroindustrial en Sinaloa. El múltiple registro que tiene dentro del padrón es extraordinario, lo mismo que el monto de dinero que ha obtenido. El diputado no quiso sin embargo responder a una solicitud de entrevista para este trabajo.

En relación con el diseño de Procampo, señala la diputada por el PRD Nora Ruvalcaba Gámez, “se han confabulado la corrupción, el tráfico de influencias y, por supuesto, el clientelismo. Estas son las razones por las que ocurre este destino ilícito de ciertas personas”.

Los narcos también

En 2007, la congresista efectuó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos.

“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes, en el municipio de El Llano, se descubrió un narcoinvernadero y nos pareció increíble que alguna otra autoridad, diferente a la que lo evidenció, no se haya dado cuenta. Nos metimos a verificar y, ¡oh sorpresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, establece la legisladora.

Dos años después de aquella exhibición irregular, ninguna autoridad, ni el Congreso mismo, operó para iniciar un proceso de depuración del padrón, asegura Nora Ruvalcaba.

“Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas, como el Procampo, que fue creado para generar condiciones para competir con el de Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo a 15 años es un fracaso gracias a estos vicios que impiden la eficacia de las instituciones”, señala la perredista.

En todo caso, agrega la diputada, Procampo ha servido como “camuflaje perfecto” para los grandes cultivadores de droga.

Con base en documentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ruvalcaba elaboró su lista de narcotraficantes y sus familiares subsidiados con dinero público.

Entre ellos menciona a Jaime Quintero Páez, hermano de Lamberto Quintero Páez; a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al “último de sus suegros”, Inés Coronel Barreras.

Igualmente, enlista entre los beneficiarios a Alfredo Beltrán Leyva, y a familiares directos de Margarita Cázares Salazar, Ernesto El Güero Palma, Luis Valencia Valencia, líder del “cártel del Milenio”, y a Jesús Raúl Beltrán Uriarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.

La razón por la cual personajes señalados por las instancias federales como miembros de la delincuencia organizada figuran en el padrón, de ninguna manera constituye delito o quebranto de las normas establecidas por Procampo, sostiene Jorge Kondo López.

“El único criterio aplicado fue que las personas tuvieran tierras de cultivos lícitos, nunca se les cuestionó su calidad moral”, dice.

Kondo niega haber influido en la elaboración de ese primer padrón del programa, aunque López Presa, el primero de los coordinadores de Procampo, aseguró lo contrario en la entrevista con el investigador del CIDE.

Dinero en el limbo

Kondo refiere que Procampo tuvo un objetivo concreto, que era el de aminorar “asimetrías” que se tenían con respecto a los productores de Canadá y Estados Unidos.

El plan, sin embargo, fracasó: México, sostiene, ocupa hoy una posición por debajo de la que ostentaba antes del Tratado de Libre Comercio.

“No hay que perder de vista esto que digo: Procampo fue creado para compensar las asimetrías, y como esas asimetrías persisten, Procampo debe seguir”, señala el funcionario de Sinaloa.

Los 15 años del programa no vieron impacto positivo en la producción de granos. Los indicadores de Aserca así lo demuestran:

La producción de maíz era de 2.2 toneladas por hectárea en 1994, y en 2004 fue de 2.4 toneladas por esa misma superficie. Es la misma suerte de otros granos, como el trigo, que en 1994 era de 3.0 toneladas por hectárea y una década más tarde apenas subió a 3.6 toneladas. O el cártamo, que fue de 1.1 toneladas a 1.5 toneladas por hectárea tras 10 años de apoyos.

La causa de ese nivel empobrecido es la ausencia de herramientas para medir la eficacia de la ayuda, ha concluido la Auditoría Superior de la Federación. Pero no es el único cabo suelto de este enorme rompecabezas que es Procampo.

“Creemos que la oscuridad en la información sobre los programas que nos interesan no solamente ha sido un defecto derivado de su diseño ambiguo e impreciso o de una mala operación burocrática luego de tres lustros, sino que ha sido un atributo funcional para establecer redes y negociaciones políticas que han mantenido a salvo esos programas, aun a despecho del fracaso evidente de sus resultados”, dice Merino.

Por eso, el investigador se plantea una pregunta básica, que exhibe el descontrol no sólo del programa, sino del sistema operativo del gobierno:

“¿Cuántos productores están recibiendo dineros sin sembrar ni cosechar sus tierras, cuántos están capturados por intermediarios burocráticos o políticos (…) y cuántos están agrupados en redes clientelares bajo las siglas de grandes organizaciones agrarias y campesinas del país? Nadie lo sabe a ciencia cierta”.

26/07/09

El paso corrupto de César Nava por Pemex


JESUSA CERVANTES
Semanario de análisis Proceso
26-julio-2009


El diputado federal electo César Nava, candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional, compartió la cuestionada trayectoria de Felipe Calderón en el sector energético. Como consta en la relación de contratos que se asignaron cuando él encabezó las áreas jurídicas de Pemex y de la Secretaría de Energía, Nava favoreció a bufetes y litigantes afines a la élite panista a fin de que realizaran trabajos que le correspondía hacer al área que él mismo encabezaba. Desde los altos cargos que tuvo en el sector energético, César Nava Vázquez, quien ahora pretende reencauzar al panismo nacional, autorizó adjudicaciones directas de contratos y facilitó asignaciones por invitación restringida a despachos de abogados simpatizantes del PAN o bien a proveedores ligados a Vicente Fox y a Felipe Calderón, como Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del que fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Así lo muestra una serie de documentos –de los cuales Proceso tiene copia–, entre ellos 26 contratos asignados por Nava a diversos despachos, primero cuando fungió como abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de octubre de 2001 al mismo mes de 2003, y después cuando encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (Sener) de octubre de 2003 a mayo de 2005, cuando el titular de la dependencia era Felipe Calderón.
Esos 26 contratos autorizados por Nava ascendieron en conjunto a 249 millones 318 mil 919 pesos y ninguno se sujetó al procedimiento de licitación pública, es decir, los entregó de manera directa o invitando a tan sólo tres concursantes.
Para ello Nava se respaldó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su capítulo tercero, "De las excepciones de la licitación pública", artículo 41, párrafo I, permite asignar contratos de manera directa cuando "existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados".
En siete de esos casos Nava se respaldó en la fracción X del mismo artículo, la cual indica que cuando se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, se puede realizar la licitación con invitación a tres proveedores, entre los que deberá incluirse a instituciones educativas.
Sin embargo, quienes finalmente se quedaron con estos contratos y cobraron sumas millonarias por ellos no tienen nada que ver con centros de estudio, sino con despachos de abogados cercanos al PAN.
Estos juicios, encargados a bufetes privados, los debió enfrentar orgánicamente el equipo de Nava, primero como abogado general de Pemex y luego como titular del área jurídica de la Sener, donde conservaba la obligación de supervisar todos los contratos del sector.
La función del panista era lograr que Pemex (y en su momento la Sener) contaran "con seguridad y certeza jurídica en sus operaciones", como él mismo lo estableció en su Plan estratégico de la función jurídica 2002-2006, que dio a conocer el 12 de diciembre de 2002, cuando era abogado general de la paraestatal.
El hecho de que en ambos cargos Nava haya transferido sus obligaciones y responsabilidades a la iniciativa privada tuvo un costo adicional de casi 250 millones de pesos para el erario federal.

22/07/09

La alianza PVEM, televisoras y Atlacomulco


JENARO VILLAMIL


MEXICO, D.F,, 21 de julio (apro).- Esa anomalía política llamada el Partido Verde Ecologista de México fue nuevamente objeto de la polémica en el seno del Instituto Federal Electoral, organismo donde los niños del tucán también tienen a su servicio a un consejero.


El debate de este martes se centró por una nueva sanción de 1 millón 206 mil 38 pesos para este organismo y una cantidad exactamente igual para Editorial Televisa, empresa que publica TV y Novelas, así como 425 mil 248 pesos para Televimex, la concentradora de los canales 2, 5 y 9 donde se transmitieron, del 12 al 15 de junio, otra serie de spots disfrazados de promocionales a la revista dedicada al espectáculo.


Estas sanciones se suman a los 4 millones que antes definió el IFE contra el PVEM y una cantidad similar para Editorial Televisa, así como 5 millones para Televimex por los promocionales transmitidos del 3 al 11 de junio donde apareció el actor Raúl Araiza promoviendo la pena de muerte y otra serie de consignas que inventó el partido de la familia González Torres para ganar rating y votos.


En el caso de la nueva sanción, es muy claro que disminuyó sustancialmente el monto de la multa a Televimex, es decir, a los canales pertenecientes a Televisa. Algo similar puede suceder el próximo jueves si las intensas presiones que han ejercido personeros de TV Azteca en contra de consejeros del IFE logran que disminuya uno de los proyectos de sanción más importantes que se preparan en contra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego por violar reiteradamente durante 28 días la normatividad electoral.


En ambos casos, el PVEM juega un papel central como una filial ya no sólo del PRI sino, sobre todo, de las dos grandes empresas televisivas.


En el seno del Consejo General, el representante de éste partido, Jesús Sesma, quien también se presenta como vocero de los verdes, fue antes representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el organismo cúpula de los concesionarios que es dominado por las televisoras.


Y para documentar más su actuación como cabildero de las televisoras, el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Torres, después de sostener un encuentro de fin de semana con Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, demandó a sus "socios" legislativos que le entreguen la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados.


Para cerrar la pinza de los acuerdos de mutuo beneficio y protección entre el PVEM, el PRI y las televisoras, ayer fue designado como coordinador de la bancada de los 22 diputados "verdes" de la LXI Legislatura Juan José Guerra Abud, un personaje vinculado al exsecretario de Finanzas del estado de México, Luis Videgaray.


Videgaray es uno de los Golden Boys que ascendieron al control político y financiero del estado de México de la mano de Arturo Montiel y que juega un papel fundamental en las redes de protección de Enrique Peña Nieto, el verdadero candidato presidencial de la pantalla.


Guerra Abud también fue secretario de Desarrollo Económico cuando César Camacho fue gobernador del estado de México y en 1999 se sumó a la campaña de Arturo Montiel. En 2007, Guerra Abud fue invitado a participar en el Consejo Mexiquense de Infraestructura, el organismo creado por Peña Nieto para darle un papel fundamental como árbitro de los grandes negocios en la entidad a su tío y exgobernador, Alfredo del Mazo González.


De esta manera, el próximo coordinador de la bancada del PVEM será la pinza perfecta para afianzar los negocios entre el Grupo Atlacomulco –la dinastía que controla la vida política, económica y social del estado de México-, su gobernador Enrique Peña Nieto y las televisoras que se han beneficiado con multimillonarios contratos de promoción personal.


21/07/09

¿Qué le pasó al PAN?



DENISE DRESSER
21-julio-2009

Aturdidos. Sacudidos. Desconcertados. Los panistas caminan en estado de shock, preguntándose por qué. Los panistas deambulan a la deriva, cuestionándose cómo. Sabían que iban a perder pero no por tanto y de forma tan contundente. Y aunque algunos intentan consolar y consolarse comparando las cifras actuales con las de 2003, la situación del partido es peor que ese momento. El PRI tiene más gubernaturas, más recursos, más unidad, más disciplina y más hambre que hace seis años. El PRI está mejor posicionado hoy para ganar y el PAN ha ayudado a que eso ocurra. Y aunque en el PAN se habla de errores multifactoriales, es posible agruparlos en los siguientes cuatro:

1. El PAN eligió la estrategia equivocada al darle prioridad al combate contra el narcotráfico por encima de medidas para afrontar la crisis económica. Tanto el presidente como su partido no parecen entenderlo: la economía es la preocupación central para la mayor parte del electorado. Como lo revela la encuesta de salida elaborada por Mitofsky, 66% de los electores define su situación económica como prioridad central, mientras que sólo 26% le da esa importancia al tema de la inseguridad. Al privilegiar la “guerra” contra el crimen, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales han centrado su atención en el lugar erróneo. Más que atrapar capos, debieron haber creado empleos. Más que desplegar al Ejército, debieron haber desarrollado obras de infraestructura. El elector mexicano es como sus contrapartes en cualquier parte del planeta: tiende a votar en función de su bolsillo, y al hurgar en él en esta elección lo encontró vacío. La popularidad personal del presidente fue insuficiente para llenarlo en el contexto de una crisis que el gobierno no encaró con suficiente rapidez o sentido de urgencia.

2. El PAN se posicionó demasiado cerca de los líderes partidistas – principalmente Felipe Calderón– y demasiado lejos de la ciudadanía. Para evitar el resurgimiento de los pleitos internos que caracterizaron el primer año de la relación partido-gobierno, el PAN decidió cerrar filas sin miramientos alrededor del presidente. Por eso el CEN panista avaló y consintió cada una de las decisiones anunciadas por Germán Martínez, siguiendo las instrucciones de Felipe Calderón. Por eso el PAN aceptó la imposición por “dedazo” de 350 candidatos, 80% de los cuales perdieron. Por eso el PAN aceptó la selección de amigos por encima de candidatos con la capacidad de ganar la contienda. El PAN se ensimismó y debido a ello perdió. El PAN se “disciplinó” y debido a ello se desciudadanizó. Pasó más tiempo definiendo cómo repartir posiciones que pensando cómo ganarlas. En lugar de ampliar su base electoral disminuyendo las barreras de entrada al partido, decidió elevarlas. En lugar de hacer política con y para la ciudadanía, le apostó a las burocracias partidistas. El PAN no ha aprendido a hacer política de cara a los ciudadanos. Sigue apostando a la política de pasillos de poder, a las cuotas entre camarillas, a los acuerdos cupulares, a la popularidad presidencial como factor de gobernabilidad. A formas de actuar y de pactar que evidencian a un PAN –hasta ahora– incapaz de crear e instrumentar nuevas formas de involucrar a los ciudadanos y fomentar su participación.

3. El gobierno le apostó demasiado a los acuerdos con el PRI en el Congreso, y al empujarlos como lo hizo perdió margen de acción. Todavía hace apenas unos meses, asesores gubernamentales de alto nivel se vanagloriaban de las reformas aprobadas. “Somos el gobierno más exitoso que ha tenido México en 10 años porque logramos sacar reformas por consenso, aun en un gobierno dividido”, aseguraban. Pero lo que jamás entendieron los artífices de la estrategia calderonista es que el electorado no iba a premiar al PAN tan sólo por llegar a acuerdos si no tenían un impacto importante sobre el crecimiento económico y el empleo. Las reformas calderonistas no lograron cumplir con esos objetivos por la forma en la cual fueron negociadas y todo lo que se cedió en el camino para lograr su aprobación. Como ha escrito el economista y premio Nobel Paul Krugman: “uno podría pensar que la mitad de un pedazo de pan puede ser visto como mejor que la ausencia de pan; pero no es así si medidas a medias acaban desacreditando o diluyendo todo el plan reformista. No vale la pena tener una reforma si se obtiene haciendo tantas concesiones que acaba condenada al fracaso”. Y eso es lo que ha ocurrido con la reforma fiscal y la reforma energética del calderonismo. Poco o casi nada a cambio de lavarle la cara al PRI y ahora presenciar su fortalecimiento.

4. El PAN lleva los últimos nueve años mimetizando al PRI y emulando algunas de sus peores prácticas en vez de distanciarse de ellas. Como bien lo advierte la carta de Santiago Creel –uno de los culpables de la clonación– los panistas no han sabido combatir con inteligencia al viejo régimen. No han querido en realidad hacerlo. Han cerrado los ojos cuando debieron haberlos abierto. Han esquivado la mirada cuando debieron haberla mantenido atenta y crítica. Han emulado todo aquello que el PAN se propuso combatir: las dirigencias sindicales antidemocráticas y los gobernadores corruptos y las alianzas inconfesables y el cortejo a los poderes fácticos y los certificados de impunidad y el gobierno como lugar desde donde se reparte el botín. En vez de empujar juicios ha protegido a pederastas. En vez de democratizar a los medios ha optado por doblegarse ante ellos. Y por ello el PAN es corresponsable del regreso de lo peor del PRI porque no lo detuvo a tiempo. No lo paró a tiempo. No lo denunció a tiempo. Como ha escrito Jorge Castañeda, si el PAN va a gobernar como lo hizo el PRI –perpetuando privilegios y empoderando élites y construyendo clientelas– ¿para qué seguirlo apoyando? Pa’ priistas en el gobierno, pues mejor el PRI.




El electorado miró a ese partido cómplice y lo castigó. El electorado evaluó a ese partido comparsa y lo sancionó. Y quizás el PAN piense que basta sustituir a Germán Martínez con César Nava o cualquier otro personaje para remediar lo que ocurrió. O que en las elecciones intermedias todos los partidos en el poder tienden a perder posiciones y la situación es menos grave de lo que parece. O que no hace falta repensar de manera importante el rumbo sino tan sólo centrar la atención en quién puede ser el próximo candidato presidencial. Pero de ser así, el PAN seguirá engañándose a sí mismo y al mostrarse incapaz de transformar al viejo régimen acabará devorado por él.

19/07/09

Fideicomisos públicos por 505 mil MDP


Autor: Nancy Flores
19 julio del 2009
La administración de Felipe Calderón mantiene 356 fideicomisos, mandatos y contratos análogos vigentes, cuyos recursos superan los 500 mil millones de pesos. El monto es 43 por ciento mayor que lo resguardado en 2006 –220 mil MDP–, cuando el gobierno de Vicente Fox se comprometió a transparentar la llamadas cajas chicas. Al cierre del primer trimestre de 2009, dos fondos de Pemex transferían 18 mil millones de pesos, indica un amplio reporte de Hacienda.

Los fideicomisos, mandatos y contratos análogos forman parte de la lista de las 13 áreas de opacidad y riesgo de la administración pública, integrada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A estas figuras se les conoce como “los hoyos negros del gobierno federal”, pues desde 2001 los secretos fiduciario y bancario han obstaculizado su fiscalización.

Al cierre del primer trimestre de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta 356 actos jurídicos vigentes en la administración federal, que comprometen recursos públicos por 486 mil 964 millones 800 mil pesos. Además, refiere un movimiento financiero entre dos fideicomisos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 18 mil 17 millones 697 mil pesos. Con ello, el dinero fideicomitido asciende a 504 mil 982 millones 497 mil pesos en total.

Estos recursos –que equivalen al 16.58 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, considerado el más alto de la historia: 3 billones 45 mil 478 millones 600 mil pesos– representarían, por ejemplo, la construcción de 4 mil 760 hospitales, con un costo de 106 millones de pesos por cada uno.

Aunque en 2005 tomó fuerza la controversia por la escasa rendición de cuentas de estas figuras jurídicas –con el caso del fideicomiso privado Aduanas I, constituido por la Secretaría de Hacienda en 1993 para captar los recursos provenientes de la contraprestación aduanera– y la administración de Vicente Fox se comprometió un año después a transparentarlas, con el paso del tiempo los recursos destinados a ellas han aumentado.

Tan sólo al inicio de la administración de Calderón estaban registrados 305 fideicomisos más que los ahora vigentes, pero los montos eran 43 por ciento menores a los actuales: mientras en 2006 se reportaban 616 fideicomisos con disponibilidades por 220 mil 393 millones de pesos, en 2009 son 356, con 504 mil 982 millones.

“Los fideicomisos siguen aumentando en términos de recursos. Ahora ya tenemos medio billón de pesos (en ellos), de los cuales no se sabe nada”, critica Mario Di Costanzo.

El analista financiero asegura que estas figuras aún tienen problemas de transparencia. “La Secretaría de Hacienda ya está obligada a informar la existencia de éstos y ahora los podemos conocer a través de los informes de finanzas, pero no es suficiente, pues se desconoce el destino del dinero”.

El 25 de marzo pasado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la propia ASF acordaron trabajar en un proyecto de reforma para impedir la creación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos. De acuerdo con información de la auditoría, hay hasta 1 mil figuras jurídicas constituidas con recursos públicos y manejadas por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

La reforma tiene como prioridad cancelar la facultad que tienen servidores públicos y mandatarios de constituir fondos multimillonarios, con reglas propias y “sin métodos eficientes de fiscalización ni transparencia”.

No obstante, Di Costanzo asegura que ésa no es la solución: hay que establecer reglas de fiscalización, porque estas figuras no son malas per se; además, se correría el riesgo de que los funcionarios busquen otras vías para sacar los recursos.

El recién electo diputado federal indica que es la Ley Orgánica de la Administración Pública la que establece la posibilidad de que el Ejecutivo federal utilice fideicomisos “para la mejor administración pública”.
Sigue más, ver nota completa con más datos en: http://contralinea.info/archivo-revista/?p=2965

14/07/09

Guardería ABC, un caso para la araña o para The X-Files

Es verdaderamente triste, pero sobre todo indignante lo que ha pasado y está pasando con el caso de la "guardería" ABC. El día de ayer la Suprema Corte de "Justicia" de la Nación decidió posponer la decisión de crear una comisión para investigar el caso del incendio.


Y de ahí... pal Real.

Ya verán que pasarán los días, pasarán los años y nunca se va a detener a los verdaderos responsables de la tragedia, y menos por tratarse de gente tan allegada al poder Federal y al Estatal.

Cuándo en éste, "nuestro" México, se ha visto que se cree una Comisión o Fiscalía para investigar algún delito, crimen o lo que sea y que al final se encuentren resultados.

Haciendo un recuento de ellas, pueden enumerarse: Fiscalías Especiales para el homicidio del cardenal Posadas, ocupadas sucesivamente cuando menos por tres fiscales; Fiscalía Especial para el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, por la cual han pasado cuatro encargados; Fiscalía Especial para la masacre de Aguas Blancas en la que se han sucedido cuando menos tres fiscales; Fiscalía Especial para la masacre de Acteal; Fiscalía Especial para el asesinato de Francisco Ruiz Massieu; Fiscalía Especial para las mujeres asesinadas de Juárez, por la que han pasado seis fiscales y en la cual acaba de ser nombrada una más, con la denominación de “comisionada”; Fiscal Especial para el caso de la muerte de Digna Ochoa y lo que fue la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual fue muy cuestionada porque según se dice carecía de los recursos materiales y humanos que se necesitan, porque tenía acceso limitado a los documentos oficiales y no contaba con la disposición por parte del Gobierno Federal para esclarecer los hechos; esta fiscalía fue desaparecida con la entrada de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a su sexenio.

Eso es en fiscalías, y de comisiones sólo les comento algunas: La comisión que investigó a los jijos, perdón, hijos de Marta Sahagún de Fox, Fox y a la misma Marta, comisión investigadora de agresiones a periodistas, comisión investigadora para el caso Lydia Cacho, y así me podría seguir. Lean el recuento del caso Lydia Cacho del Universal y al final la SC"J"N desecha el dictamen final y dice que "no hubo conspiración entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif,para violar las garantías individuales de Cacho". (leer articulo) ¡¡ CHULADA !!... ¿VERDAD?

Dirán que soy muy pesimista, pero esta película ya la he visto en otras ocasiones y al parecer es el mismo final de siempre, desgraciadamente. Sólo cambia la locación, el director, los actores y un poco la trama, pero al final es el mismo fin de la película, digamos un refrito.

No es garantía de que se haga justicia el hecho de que el caso lo investigue también la SC"J"N, cuando traen línea ni cómo hacerle; pregúntenle a Lydia Cacho o al mismísimo José Gutiérrez Vivó. Recuerden que todos los directamente involucrados en el caso son parientes o amigos muy cercanos a Bours, Calderón y Margarita Zabala Gómez del Campo.

De verdad será que se escaparon los dueños, no será que están escondidos muy cerca de Los Pinos donde en teoría sería el último lugar donde buscaría la PGR y la INTERPOL.

La PGR atrajo el caso precisamente para no hacer justicia. Siempre que tienen un caso lo pierden y más cuando el indiciado es cercano a Los Pinos (normalmente amigos, parientes y los dueños del dinero). ¿Recuerdan el caso de Cabal Peniche?. Una cauda de pifias cometidas por la Procuradurí­a General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), averiguaciones mal integradas, delitos que se dejaron prescribir, diferencias de opinión y errores de procedimiento, entre otras, explican la liberación de Carlos Cabal Peniche. En la PGR eso es normal. Con Carlos Salinas de Gortari, el dueño de Banco Unión-Cremi fue el empresario prototipo del futuro; Ernesto Zedillo lo convirtió en el delincuente de "cuello blanco" más buscado, y con Vicente Fox lo dejaron libre.

"Casualmente" el juez siempre falla a favor del delincuente porque los abogados (asnos y burros) de la PGR no integran bien la averiguación y así le dan salida fácil al cliente, ah no, al presunto responsable. ¿Miento?
Bueno, basta con decir que la PGR "no se había percatado" de que una guardería está a nombre de la hija de Ismael "El Mayo Zambada", hermana de "El Vicentillo"; Con esa confianza pueden estar seguros de que se harán las investigaciones necesarias y apegadas a derecho, sin concesiones "CAIGA QUIEN CAIGA".

Padres de familia de los niños muertos, en la "guardería" ABC (guardería: f. Institución o establecimiento dedicado al cuidado de los niños que aún no están en edad de escolarización: las guarderías suelen tener salas para bebés) no es por desilusionarlos, pero creo que así se irá quedando todo con el paso del tiempo y de pretextos todavía faltan como 10 mil. Y por mientras Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y sus socios... bien, gracias.

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella es una sonorense, radicada en Hermosillo, emparentada con la clase empresarial y política de la entidad. Es hija del empresario Roberto Gómez del Campo Laborín, uno de los más influyentes de Sonora… y también a nivel nacional, pues el señor Gómez del Campo Laborín es tío de Mariana Gómez del Campo Gurza, la dirigente panista en el Distrito Federal. Mariana, por cierto, es sobrina de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón.

Señoras, señores, ya no quiero seguir echando limón en la llaga, así que espero que encuentren pronto el consuelo, por lo demás Dios se encargará de ellos.

Una cosa más...

¡¡SE BUSCAN!!

08/07/09

Que alguien le diga a Carstens que ya pasaron las elecciones, ya no es necesario mentir

México SA

Que alguien le diga a Carstens que ya pasaron las elecciones, ya no es necesario mentir

Pobreza, desempleo, menos crédito externo, caída en remesas, pronósticos del BM para AL

Carlos Fernández-Vega
La Jornada
8 de julio del 2009

Alguien tendría que ser amable con el secretario de Hacienda y pasarle el chisme de que las elecciones ya concluyeron y el PAN obtuvo una estrepitosa derrota; que por favor le digan que ya no es necesario insistir en eso de que ya tocamos fondo, lo peor ya pasó y en 2010 a los mexicanos les espera un año venturoso aderezado con una recuperación vigorosa. Si fueran tan gentiles de actualizar al doctor Carstens, porque ayer repitió la cantaleta, justo cuando el Banco de México adelantaba su estimación sobre el desastroso resultado en el segundo trimestre de 2009, y la Organización Mundial de Comercio advertía que los peores efectos de la crisis internacional en materia social y política todavía están por venir, en especial en los países en desarrollo.

El Banco de México, por medio del subgobernador José Sidaoui, informó que según los cálculos de la institución el producto interno bruto mexicano se desplomó 10 por ciento en el segundo trimestre del presente año, de tal suerte que la caída promedio para los primera mitad de 2009 se ubica en -9.1 por ciento. Para dar un comparativo, en el primer semestre de 1995 (el año de la gran crisis) tal promedio negativo fue de 5.65 por ciento. Por lo mismo, el propio Sidaoui se animó a precisar que la recuperación económica en el país será lenta y gradual.

Por el contrario, el doctor catarrito insistió en que “los pilares de la economía son sanos (y ya que la crisis tocó piso), nada evitará una recuperación importante hacia delante”, con un ritmo más acelerado... 3 por ciento en 2010 y se aumentará en los siguientes dos años (...) con un México mejor. Pues bien, aún en el supuesto de que esta estimación sea correcta (independientemente de que depende de lo que sucede al norte de la frontera), 3 por ciento de crecimiento es lo que el país registra en un año bueno, sin crisis, de tal suerte que el pronóstico del titular de Hacienda se ubica en el ya tradicional raquitismo económico que se registra desde hace casi tres décadas, el cual de ninguna manera soluciona el problema de fondo. ¿Dónde, entonces, estaría la recuperación vigorosa? Además, para 2009 insiste en que el PIB sólo caerá 5.5 por ciento. ¿Cuál tendría que ser el comportamiento económico mexicano en la segunda mitad de 2009 para que la cuenta de Carstens salga? Sencillo de julio a diciembre la caída tendría que ser menor a 4 por ciento en el periodo, para llegar a ese promedio de 5.5 por ciento en el año. ¿De dónde?

Mientras resuelve la ecuación, el Banco Mundial (América Latina, más allá de la crisis; impactos, políticas y oportunidades, julio 2009) ofrece sus propios pronósticos sobre el efecto de la crisis en la región y cinco consecuencias fundamentales: primero, recesión. El crecimiento promedio de la región pasará de más de 4 por ciento en 2008 a menos de 2-2.5 en 2009. Estos promedios disimulan grandes diferencias entre países, pero muy pocos escaparan la caída en el producto (Panamá, Perú). El crecimiento volverá en 2010, pero es probable que sea lento (1-2 por ciento anual) y no uniforme.

Segundo, la pobreza se incrementará. La crisis empujará a ocho millones de latinoamericanos a la pobreza. Para poner ese número en perspectiva, 60 millones de ellos habían salido de la pobreza en el periodo 2002-2008, gracias al crecimiento más rápido, a las mejores políticas sociales, y a las mayores remesas. Pero se espera que la crisis sea inusualmente dura con la clase media por la caída en la demanda por exportaciones no tradicionales que tienden a emplear a trabajadores formales, urbanos y tecnológicamente más avanzados.

Tercero, el desempleo también se incrementará. Todos los países para los que existen datos puntuales, muestran un aumento de corto plazo en las tasas de desempleo. Pero las razones detrás del aumento varían. En algunos casos (Brasil, Chile, México), son mayormente los trabajadores asalariados los que han perdido su empleo o encuentran menos oportunidades de empleo; en otros (Colombia), son los trabajadores independientes los que parecen estar sintiendo más el impacto de la recesión. Los salarios están cayendo en algunos sectores en términos reales. Se espera que la informalidad se expanda, y la productividad sufra como resultado.

Cuarto, habrá menos financiamiento externo. “Al momento en que se detonó la crisis global (último trimestre del 2008), los deudores latinoamericanos soberanos, en su mayoría se habían ya asegurado el financiamiento externo que necesitaban para 2009. Las corporaciones, en cambio, enfrentan un panorama financiero mucho más difícil. Esto no es muy sorprendente, pues las proyecciones del flujo neto de capital privado hacia los países emergentes para este año muestran un verdadero derrumbe. Aún más importante, la inversión extranjera directa hacia América Latina tal vez no siga mostrando la estabilidad que tuvo durante crisis anteriores, porque el flujo de fusiones y adquisiciones que la sostenía (compras de remate) ya no se harán presentes”.

Quinto, habrá menos remesas. En 2008, los 20 millones de latinoamericanos que viven en el exterior enviaron unos 60 mil millones de dólares (un tercio de ese dinero fue a México). Esto convirtió a las remesas en una de las más grandes fuentes de divisas de la región. Esos flujos se reducirán entre 4 y 8 por ciento en el 2009, y pueden continuar cayendo mientras no se recupere la industria de la vivienda en los países del G7. Y, si la recuperación global no se materializa en 2010, un número significativo de migrantes latinoamericanos podría volver a casa.

Si lo anterior no sólo es espeluznante, sino que de ninguna manera coincide con la tesis (por llamarla de alguna manera) del gobierno calderonista, recuérdese que en la perspectiva latinoamericana la economía de México ocupa el último lugar en resultados económicos. ¿De qué tamaño, entonces, es el golpe para los que sobreviven en este país?

Las rebanadas del pastel

Treinta y tres días corridos ha tenido el director general del IMSS, Daniel Karam, para encontrar y organizar los nombres de los beneficiarios con la subrogación de guarderías de ese instituto, y tres semanas desde que públicamente se comprometió a entregar el inventario. Concluyó la elección intermedia; no pudieron evitar lo inevitable, ya corrieron a la mascota, humilde se asoma el inquilino de Los Pinos y tiempo más que suficiente ha transcurrido para localizar el expediente y entregarlo. Entonces, agotados los pretextos para que el escudero de Juan Molinar Horcasitas mantenga la negativa, hoy deberá hacerlo en su cita con los integrantes de la Comisión Permanente.


05/07/09

Colapsa el sistema político mexicano


5-julio-2009
Revista Contra Línea

Con partidos que no representan a la sociedad, políticos sospechosos de corrupción, ausencia de la división de poderes y autoridades electorales sin credibilidad, el sistema político mexicano se sume en la mayor crisis de legitimidad que ni durante los peores momentos del priismo se conoció. Politólogos e historiadores coinciden en que un régimen sin base social es insostenible. “Asistimos a la muerte de la política; la sociedad busca nuevas vías para transformar su realidad”, señala Aguirre Rojas

José Réyez / Zósimo Camacho / Jaime Guerrero

Los electores dan la espalda a la “fiesta de la democracia”. Los “ganadores” de la jornada electoral asumirán sus cargos con el respaldo de una minoría apenas perceptible. Las propias estimaciones del Instituto Federal Electoral previeron que la gran mayoría no acudiría a las urnas, habría anulado su voto o simplemente no votaría por el “triunfador”. Con ese déficit de legitimidad cargarán no sólo la LXI Legislatura, seis gobernadores, 12 legislaturas locales, 525 ayuntamientos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los 16 delegados políticos de la capital de la república, sino toda la “clase política” y el régimen de Felipe Calderón, aseguran analistas.

“La ‘clase política’ ya viene ejerciendo los cargos sin legitimidad. Creen que pueden seguir ejerciendo el poder indefinidamente mediante el mundo virtual que crean los medios de comunicación que le son afines. Sin embargo, es claro que las bases están carcomidas. Es como una muela cuyas raíces están podridas: podrá sostenerse algunos días o semanas, pero esa muela finalmente tendrá que extirparse”, explica Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista.

Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, señala que el repudio a las elecciones en México es parte de “un proceso profundo de deslegitimación de las instituciones, de colapso de los procesos políticos, de demostración de que la política como mecanismo de expresión del descontento social ya no es el espacio adecuado; estamos viviendo la muerte de la política: todo el sistema de la democracia representativa, la división y equilibrio de poderes, el mecanismo de las elecciones están colapsados”.

El fracaso de la vía electoral

En diciembre próximo se cumplirán 32 años de la reforma electoral que permitió a la oposición de izquierda su entrada al juego por el poder político. Más de tres décadas después el abstencionismo y la anulación de los votos parecen señalar el fracaso de la vía electoral como método para el cambio de régimen y, en consecuencia, como forma de resolver las profundas desigualdades sociales y económicas.

“La democracia mexicana carece de la más mínima autenticidad, incluso si se le juzga desde el punto de vista de sus propios postulados doctrinales. Se trata, ni más ni menos que, de una farsa totalmente prefabricada y controlada por los grupos de poder económico y político y por el Estado, cuyo único propósito es dar ciertos visos de legalidad, de ‘legitimidad popular’, a su dictadura de clase.”

Habla el sociólogo Arturo Palacios Aguirre, académico, investigador y quien ha escrito diversos ensayos acerca de los grupos y partidos de izquierda en México. De cara al proceso electoral de este 5 de julio, analiza la diferencia entre tomar el poder político en México y ejercer la administración del gobierno.

“Resulta evidente que no es posible tomar el poder por la simple vía del voto ciudadano, como pretende la oposición de izquierda en México desde hace décadas. Ello es así, porque con el triunfo electoral no se toma el poder real, sino, simplemente, las riendas del gobierno”, subraya.

Cuando un candidato de las fuerzas de la oposición llega a triunfar, no se desmoronan, por ese sólo hecho, las fuerzas que apoyan al antiguo régimen, ni cambian tampoco su ideología, su manera de pensar y de sentir.

Advierte que todo aquello que constituye el verdadero poder –el ejército, la policía, los jueces y magistrados, la burocracia y, principalmente, la palanca del poder económico (la tierra, las fábricas, los bancos, el transporte, las comunicaciones)– sigue estando en las manos y al servicio de la clase explotadora, de la clase beneficiaria del viejo sistema.

Entre las causas del rechazo a la “clase política”, los investigadores destacan la ausencia de plataformas políticas reales. Todas las propuestas son tan parecidas que un político puede pasar de un partido de derecha a uno de centro o de supuesta izquierda sin ningún problema ideológico. Y en general todos los partidos tienden a adelgazar el Estado.

“El Estado mismo se ha ido deslegitimando, ha entrado en crisis y ha dejado de cumplir sus funciones fundamentales. Todo lo que tiene que ver con sistemas de seguridad social, educación pública, salud está totalmente colapsado, y eso arrastra a la clase política”, señala Aguirre Rojas.

­­­¿Se acabaron las diferencias? ¿Todos los partidos y los políticos que están por la vía electoral son iguales?

Sí hay diferencias. La ultraderecha que ahora está en el poder en México, y en otros países como Colombia, proviene de un partido ultraconservador en el plano cultural; además es muy represiva y muy racista. Mientras, partidos que se pretenden de izquierda como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es un poco más liberal en materia cultural y aborda un poco más la problemática social. Pero hasta ahí.

El autor señala que el problema del sistema de partidos actual es que ninguna de estas agrupaciones políticas por sí sola, pero tampoco en su conjunto, logran representar el descontento social. Tampoco logran que la sociedad mexicana, con toda su pluralidad y complejidad, se sienta representada por ellos.

“Tenemos miles de sectores y movimientos: feministas, indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles, de múltiples minorías­… y ningún partido está siendo capaz de reflejar esta pluralidad de intereses, esta pluralidad de demandas.”

El PAN, la fascistización

Edgar González Ruiz, filósofo y especialista en la derecha política mexicana, explica que le Partido Acción Nacional (PAN) busca fortalecer los pilares que lo sostienen en el poder, y que son los mismos en los que tradicionalmente se han poyado los regímenes de corte fascista: el ejército, el clero, los medios de comunicación y el gran empresariado.

El partido en el poder dejó de lado las promesas de empleo y seguridad que ofreció en 2006 y lanzó ahora en 2009 un mensaje monotemático: la lucha contra las drogas. Con ello pretendería también “legitimar” la presidencia de Felipe Calderón y las labores policiacas del Ejército Mexicano.

––¿Efectivamente se vota contra las drogas al votar por el PAN? ­–se le pregunta a Pablo Moctezuma Barragán, autor de Los orígenes del PAN y de ensayos históricos sobre el panismo.

––No, se vota por el uso de la fuerza. Parece que ésa es la consigna del panismo de hoy: no imponerse por el poder de la ley, sino por el poder de la fuerza. Se está construyendo una Presidencia fuerte por encima del Congreso, de los estados y de la soberanía nacional, sin importar el respeto a las leyes. Esto es un proceso de fascistización.

Edgar González Ruiz, por su parte, señala que “al votar por el PAN se vota por el partido que heredó la tradición de los cristeros, el que representó la continuidad de los conservadores, se vota por la parte más conservadora de la jerarquía católica, por el partido que siempre estuvo contra la educación sexual, contra el aborto y por el partido que en su momento tuvo simpatías por los nazis y Pinochet. Tan sólo en este momento, es votar por la militarización”.

El voto por el PAN, según Carlos Aguirre Rojas, se habría convertido en un voto por una estructura tan corrupta como la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sin la experiencia de cómo negociar ni a quién corromper ni a quién reprimir.

“Una inmensa cantidad de mexicanos estaba convencida que no podía haber nada peor que el PRI. Los nueve años de administración panista nos han demostrado que sí. Los gobiernos panistas son igual de neoliberales y represores, pero, además, entreguistas y anticulturales.”

El PRI, el retorno al pasado

El partido más viejo del sistema político mexicano, que nació en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario y por más de 70 años detentó el poder, aún es el que más identifica la ciudadanía con la corrupción, el compadrazgo, la represión y la impunidad.

Sin embargo, es el único que podría mantener un crecimiento sostenido desde que fue echado del poder en 2000, tiempo en que no sólo perdió la Presidencia de la República, sino el Congreso de la Unión, y casi la mitad de los gobiernos y congresos estatales. Desde entonces, todo ha sido subir en las preferencias, más por decepción del panismo en el poder y la corrupción en los otros partidos que por los méritos de la plataforma política priista.

“El voto por el PRI es un voto por el retorno al pasado”, señala Aguirre Rojas. “Es la representación de una estructura corrupta neoliberal que muy pocas diferencias guarda en este momento con el PAN en materia económica, política y social”.

El PRD, el fracaso de la “izquierda” electoral

Autor del libro Los partidos políticos en México. Una perspectiva histórica, Arturo Palacios señala que con el fracaso del proceso electoral de 2009 también “se romperá el paradigma de una izquierda que en su ingenuidad supuso que podría tomar el poder por la vía pacífica para instrumentar cambios estructurales en beneficio de los desposeídos, y que hoy llega a un proceso electoral desgastada, dividida, y fraccionada”.

Rosa Albina Garavito agrega que esa “izquierda” llega, además, corrompida, convertida en una franquicia electoral, luego de haber traicionado los principios enarbolados en 1988.

Por su parte, Arturo Palacios prevé que a pesar de la debacle del PRD la izquierda no aprenderá la lección: se recompondrá en un nuevo frente de organizaciones o en un nuevo organismo, pero seguirá pugnando sólo por tomar las riendas del gobierno, que no así el poder político, como ha sido la trayectoria de la izquierda en el país.

Los ejemplos sobran. Ahí donde ha ganado las elecciones y ha gobernado o gobierna el PRD –Baja California Sur, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Distrito Federal, Chiapas– no ha habido una diferencia sustancial en la forma de administrar el gobierno respecto de sus antecesores del PRI. Las estructuras de poder han permanecido casi intactas.

Palacios Aguirre explica que, una vez desacreditadas las instituciones electorales (el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y en la medida en que avance el proceso de una nueva reforma política, esa colusión será más estrecha; por tanto, dice, en el futuro debemos esperar de la izquierda no sólo confusión, sino incluso una mayor descomposición.

El papel del Congreso

Tratándose específicamente de la elección de diputados al Congreso de la Unión, en México es más cierto que en muchos otros países capitalistas, cualquiera que sea su desarrollo económico, aquello de que en un parlamento no se hace más que “charlar”, mientras que las verdaderas decisiones se toman en las oficinas de los grandes magnates o en los “privados” de las distintas secretarías de Estado.

La izquierda en la Cámara de Diputados, hasta ahora, se ha revelado como totalmente impotente para cambiar absolutamente nada de trascendencia. Ahí todo sigue igual: desde el reglamento antidemocrático de funcionamiento de la propia cámara, la elección de las distintas comisiones, la existencia de un “ jefe del control de la mayoría”, el boicot de las iniciativas provenientes de la minoría, hasta la votación mecánica e irracional de las mayorías retrógradas para aplastar cualquier avance de la oposición, señala Palacios Aguirre.

Crisis y ropaje democrático

En virtud de la agudización de la crisis económica en México, la burguesía se vio en la necesidad de remozar sus antiguos métodos de control y crear estabilidad como clase en el poder. Dentro de estos métodos, la “reforma política” resultó de una importancia especial, pues mientras fortalece el poder del Estado, aumentando su control sobre las masas y la oposición de izquierda, permite que la burguesía se oculte tras un ropaje democrático, dando rienda suelta a su palabrería sobre la “pluralidad ideológica”, “la verdadera democracia representativa” y demás frases demagógicas que utilizan para confundir al pueblo.

No sólo eso, puntualiza el especialista, errores garrafales y presunciones de triunfo exagerados por la coalición Por el Bien de Todos provocaron el rotundo fracaso de su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y la asunción de la reacción más recalcitrante encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, fruto de un descomunal fraude y arrebato descarado de las riendas del gobierno a una izquierda que ya se sentía con el poder en la bolsa.

En entrevista, dice que cuando el propio desarrollo del régimen capitalista ha colocado en estas condiciones a la clase poseedora, el Estado, que es el organismo que se encarga de preservar y administrar sus bienes, pone en práctica mecanismos que le permitan a su clase seguir obteniendo ganancias; la devaluación del peso y la inflación son ejemplos claros de esta actitud del Estado.

Así, ante el desencanto ciudadano, sólo la unión de la izquierda podría representar una esperanza para contrarrestar la situación política imperante, dice el politólogo.

PRD, 20 años a la basura: Garavito

Los partidos políticos son el reflejo de una decadencia del sistema político mexicano; “todos pierden con los resultados electorales del 5 de julio, aunque los más afectados son los más débiles, los más vulnerables, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual fui (parte). Luché hace 20 años por defender el voto y ahora lo anulo. La anulación trasciende porque yo estoy sufriendo el desencanto social y la rabia como millones de mexicanos que padecemos este sistema, donde los partidos nos cuestan mucho sin que cumplan su función social”.

Así se expresa Rosa Albina Garavito Elías, quien renunció a su partido por considerar que éste ya era un instrumento caduco y sin rumbo para la lucha democrática en México.

La maestra Garavito no es una improvisada en las luchas sociales: participó en el movimiento armado de la década de 1970. Fue presa política en 1972, en Monterrey; además, vivió exiliada en Italia durante dos años y medio. En 1989, fue invitada por Cuauhtémoc Cárdenas a fundar el PRD. Entonces formó parte del Comité Nacional, luego fue legisladora por ese mismo partido.

Según Garavito, después del fraude electoral de 1988 llegaban delegaciones de mexicanos de diversas entidades del país pidiendo armas porque sentían que ya no había otro camino. “En esos días, nosotros les ofrecimos la lucha de la organización, de la conciencia y del trabajo; los convencimos de que las armas no eran el camino, por eso en ese tiempo el PRD cumplió una importante labor para evitar un derramamiento innecesario de sangre”.

El Frankestein

Después de las pugnas entre López Obrador y Jesús Ortega, de los golpes bajos entre las tribus y de todos los conflictos internos que ha padecido el partido, dice que el riesgo de que éste desaparezca no existe: “El PRD no puede desaparecer como partido, porque más que un partido es una franquicia electoral; nunca se constituyó como partido ni ha funcionado como tal, con proyecto e identidad propia. Siempre ha sido satélite de los liderazgos. La pregunta más bien es: ¿Quién se va a quedar con la franquicia? ¿Si me voy, cuánto pierdo? ¿Si me quedo, cuánto gano? Resulta que al interior hay una convivencia estrambótica, matrimonios de conveniencia”.

El maestro Valeriano Ramírez Medina, especialista en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudioso del PRD, coincide: desde su fundación en 1989, el partido nunca logró construirse como tal: “Es un frente que nunca resolvió sus diferencias”. Por ello, vaticina que en 2012 perderá el gobierno de la ciudad de México.

Para el académico, el PRD es un “Frankestein”: “Los trotskistas siguen igual, los maoístas lo mismo y los tranzas también; el PRD acepta toda línea de acción siempre y cuando vayan dirigidos a un triunfo electoral”.

Explica que más que seguir una línea ideológica de estudio y discusión, las corrientes son más de práctica que de ideología y cada una forma sus asociaciones como grupos de presión al interior y al exterior.

“Así aparecen Armando Quintero, con sus taxistas, los chuchos, los bejaranos. A Jesús Ortega no le interesan sus bases, él se cree el iluminado. Es de la idea partidista de los que creen que van a avanzar a pesar del pueblo”.

De López Obrador opina que, como hijo de González Pedrero, hereda la enseñanza y formación de un cuadro del priismo con visión de caudillo. Andrés Manuel piensa y actúa así: “Cuando el partido está contra mí, entonces el partido está equivocado”. (Jaime Guerrero)

01/07/09

Redes de Televisa y Peña Nieto

JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F., 30 de junio (apro).
En un acto insólito y, al mismo tiempo, desmesurado, el pasado miércoles 24 de junio Televisa pagó desplegados en todos los medios impresos de la Ciudad de México para desmentir afirmaciones realizadas por este reportero un par de días antes en el programa de MVSRadio, conducido por la periodista Carmen Aristegui.
Ese día, se profundizaron varios aspectos relacionados con el libro Si yo Fuera Presidente, el Reality Show de Peña Nieto. En especial, la relación establecida con las "empresas pantalla" de Televisa que sirven para encubrir el millonario gasto en difusión y promoción de su figura.
Identificados como intermediarios o brokers en la venta de spots y de asesoría en materia política y de comunicación, Televisa cuenta con una red de empresas vinculadas a sus negocios, en las cuales no figuran los accionistas principales de Televisa, pero sí figuras prominentes del Consejo de Administración, como es el caso de Alejandro Quintero Iñiguez, vicepresidente corporativo de Comercialización y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Televisa.
La propia página del Consejo de Administración de Televisa identifica a Quintero Iñiguez como "accionista de Grupo TV Promo" y el informe F20 que Televisa rindió ante la Securities Exchange Comisión (SEC), en enero de 2007, admite que TV Promo realiza una intermediación con diversos clientes.
En la página 96 del libro Si yo Fuera Presidente, se reproduce una parte sustancial de este informe F20 relacionado con estos brokers: "Grupo TV Promo o TVPromo trabajan en conjunto con otras compañías de las cuales el señor Alejandro Quintero tiene directa o indirectamente participación, como es el caso de Producción y Creatividad Musical S.A. y TV Promo International Inc., han adquirido y continuarán adquiriendo servicios publicitarios de nosotros, como aquellos servicios referidos a campañas promocionales. Estas compañías definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de publicidad, los cuales son más bajos que las tarifas que regularmente se pagan. Alejandro Quintero no recibe actualmente ninguna compensación de TV Promo o dividendos de otras entidades en donde él es accionista. Durante 2006, TV Promo adquirió publicidad de Televisa por un total de 160.7 millones de pesos".
En este documento se especifica que Quintero también está relacionado con las compañías Maximedios Alternativos o Maximedios. TV Promo y Producción y Creatividad Musical tienen acciones mayoritarias en Maximedios, otro broker de Televisa. Las oficinas de Producción y Creatividad Musical se encuentran en la calle de Sonora 123, de la Colonia Roma, en el Distrito Federal.
El informe ante la SEC no desglosa cómo se obtuvieron los 160.7 millones de pesos ni aclara qué tipo de clientes son los de TV Promo. Sin embargo, la página online de ésta compañía sí incluye entre su red de clientes a "gobiernos", además de la industria de alimentos, bebidas, productos de belleza, aerolíneas e industrias de turismo.
TV Promo presume como una de sus "ventajas competitivas" su cercanía con Televisa. En su misma página online aparece el logotipo de Televisa. El dinero destinado por los "gobiernos" a la compra de publicidad en Televisa son recursos públicos. Sin embargo, ni los informes del Gobierno del Estado de México ni de ninguna otra administración federal o estatal informan sobre los convenios con TV Promo para comprar spots e infomerciales en la pantalla de Televisa.
No obstante, el "Plan de Trabajo 2005-2011" para el gobierno del Estado de México, ampliamente documentado por Proceso, desglosa un primer plan de comunicación política por 742 millones de pesos, de los cuales 691 millones se destinarían a publicidad televisiva, así como asesoría en materia de política y de comunicación. La empresa que aparece como "responsable del proyecto Estado de México" es Radar Servicios Especializados en Mercadotecnia, vinculado a TV Promo.
En el folio 293222 del Registro Público de la Propiedad, con fecha 19 agosto de 2002, aparecen como accionistas de Radar, Pedro Enrique Reyes Castellanos y Roberto José García Castillo, quienes, a su vez, fungen como presidente y secretario de la empresa. El apoderado es Pedro Enrique Reyes Castellanos. Este mismo personaje aparece como apoderado de la empresa TV Promo, el 15 de junio de 1999 y el 9 de agosto de 2002, tal como se documenta en el libro Si yo Fuera Presidente (p. 90).
Un esquema muy similar al firmado entre TV Promo y el Gobierno del Estado de México se negoció con el gobernador de Tabasco Manuel Andrade. El mandatario priista firmó un contrato de publicidad por 331 millones 890 mil 600 pesos para 2005 y 2006. De acuerdo con los documentos que obtuvo Proceso, el monto más importante de este convenio --79 millones 239 mil 600 pesos-- se destinará al financiamiento de dos cápsulas o infomerciales por mes en los noticiarios Primero Noticias, Lolita Ayala y Joaquín López Dóriga, los tres difundidos en Canal 2 (ver ProcesoNo.1518).
Tanto en Tabasco como en el Estado de México estos millonarios recursos provienen del presupuesto público. Y en ninguno de los dos casos se han dado acceso a la información de estos contratos. Peña Nieto y Manuel Andrade han negado todo trato con los intermediarios de Televisa.Accionistas de TelevisaEn su desplegado titulado "Carmen Aristegui y Jenaro Villamil mienten" Televisa rechaza tajantemente que el exbanquero Roberto Hernández se haya convertido en el segundo accionista mayoritario de la empresa.
Procesopublicó en su edición 1581, del 18 de febrero de 2007, que Roberto Hernández desplazó a Carlos Slim como el segundo accionista de Televisa a través de una inversión de 110 millones de dólares para adquirir un paquete accionario de 18 millones 100 mil CPO (Certificados de Participación Ordinaria), en el mercado internacional. La mayoría de estos CPO's los controlaban la madre y la hermana de María Asunción Aramburuzabala, accionista mayoritaria de la cervecería Grupo Modelo.
La operación bursátil se realizó el 21 de diciembre de 2006 en Nueva York, por medio de la operadora Acciones y Valores de México (Accival), la casa de bolsa fundada en 1991 por el propio Roberto Hernández y otros inversionistas. Accival le permitió a Hernández adquirir Banamex durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Antes de la venta de 110 millones de dólares de acciones de sus familiares, Aramburuzabala, la mujer más acaudalada de México, vendió 60 millones de CPO por un total de 240 millones de dólares, en enero de 2006.
Proceso buscó infructuosamente la versión de Aramburuzabala para confirmar estas transacciones.
Fuentes bursátiles consultadas por este reportero informaron de estos movimientos.
Televisa no aclaró ni desmintió esta información en su momento. Dos años y cuatro meses después, afirma que "Roberto Hernández no figura en la lista de los mayores tenedores de acciones, ya que posee menos del uno por ciento del total accionario de la empresa".

Otra amiga de la familia.

Desfiladero

Tribunal Electoral: jaque a la reina

Jaime Avilés
La Jornada
27 junio 2009

(...)

Otra amiga de la familia

¿Usted sabe dónde está Carla Rochín Nieto o por lo menos quién es? De acuerdo con el curriculum vitae que obra en los archivos del departamento de recursos humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es licenciada en decoración de interiores por la Universidad de Guanajuato y cursó varios diplomados: uno, en “políticas públicas”, que no terminó, por el ITAM; otro, en “alta administración municipal”, por el Tec de Monterrey; dos más en “administración pública” y “calidad en la administración pública”, por el IAP; otro en “derecho parlamentario” por el PAN, y de pilón uno extra en “administración pública municipal”, por la Complutense de Madrid.

Además de haber sido “gerente general del restaurante El Gallo Pitagórico” (no puso qué tipo de comida sirve), de 1988 a 2000, gracias a su ferviente devoción por los asuntos municipales, fue secretaria particular del alcalde de Salamanca, Guanajuato. De 2003 a 2006 fue diputada federal panista. De diciembre de 2006 a julio de 2007 fue directora general de Culturas Populares, cargo desde el cual salió para convertirse en coordinadora nacional de las guarderías subrogadas del IMSS en donde hoy, como tal, es responsable directa de la guardería ABC de Hermosillo y de la muerte que en ella encontraron 47 bebitos por negligencia criminal.

¿Alguien sabe por qué nunca ha dado la cara ante la opinión pública o por qué no la ha entrevistado la siempre “imparcial y objetiva” Televisa? Obvio: porque al igual que Maricarmen Alanís, Carla Rochín es muy amiga de Margarita Zavala y por lo mismo protegida de Felipe Caldherodes.

Juventud descarriada

México SA

Juventud descarriada
El predicador de Los Pinos
Herejes, 60% de los desempleados
Torquemada

Carlos Fernández Vega
La Jornada
29 junio 2009

¡Alabado sea el señor, que él será generador de empleos, educación, desarrollo, seguridad y bienestar social para la hereje cuan descarriada juventud de este país! Ya lo dijo su representante personal en México, el apóstol San Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (quien lamentablemente despacha en un gobierno constitucionalmente laico): los jóvenes se drogan, porque no creen en Dios. Ora pro novis.

Y por si hubiera dudas, el predicador de Los Pinos remató, con su correspondiente sic: “una juventud que por sus condiciones sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades, tienen pocos asideros trascendentes, que tienen poco que creer, que no creen en la familia, que no tuvieron; que no creen en la economía o en la escuela, que no creen en Dios, porque no lo conocen. Que no creen en la sociedad, ni quien la representa. Esta falta de asideros trascendentales hace, precisamente, un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este vacío espiritual y existencial de nuestro tiempo”.

Esa es la realidad de las cosas, la neta del planeta, no es que la juventud mexicana sea una las grandes víctimas de un modelo económico depredador, de una clase político-empresarial corrupta y voraz ni de un gobierno mediocre e ineficaz. No, hermanas y hermanos, si los jóvenes mexicanos están jodidos es por su falta de fe, por su conducta hereje, “porque no creen en Dios”. ¡Aleluya!

Apóstata irredimible, la juventud mexicana paga el precio de su osadía. Y para demostrarlo, va la numeralia que lo sustenta: al cierre del primer trimestre de 2009, alrededor de 60 por ciento de los desempleados en México tienen entre 14 y 29 años, es decir cerca de un millón 280 mil personas, de acuerdo con el Inegi; de este total, alrededor de 870 mil tienen edades que van de 20 a 29 años. La mayor parte de la población económicamente activa es joven, y 56 por ciento de ella obtiene un ingreso de entre uno y tres salarios mínimos, al tiempo que 64 por ciento carece de seguridad social. De enero a marzo de 2009, el año del “catarrito”, alrededor de 200 mil jóvenes de entre 14 y 29 años perdieron su empleo. Desde que el citado predicador se instaló en Los Pinos, más de 300 mil mexicanos en las edades referidas han perdido su plaza, sin considerar los que en el periodo se incorporaron por primera vez al mercado laboral y muchos de ellos lo consiguieron, pero en Estados Unidos.

El Banco Mundial advierte que “el desempleo en México crecerá en 2009, y es una tragedia la cantidad de jóvenes que año con año se incorporan al mercado laboral y sufren por la falta de un campo o lugar donde puedan ejercer su carrera. Pobreza, informalidad y crisis económica son altamente preocupantes, y el país debe fijar una meta en la creación de empleos para atender la demanda de los 900 mil jóvenes que terminan su carrera esperando crecer laboralmente y que son rechazados”.

De acuerdo con los datos del último Censo General de Población y Vivienda (2000), de casi 10 millones de mexicanos con edades de entre 15 y 19 años, casi 54 por ciento no asistía a la escuela, es decir, alrededor de 5.4 millones de jóvenes. Se registraron entidades con mayor cantidad de jóvenes fuera del sistema educativo: Zacatecas (70 por ciento), Guanajuato (65), Michoacán (64), Chiapas (62) y Puebla (60). De los que logran incorporarse al sistema educativo, 35 por ciento termina desertando por motivos económicos.

El mismo censo arrojó el siguiente resultado: 88 por ciento de los jóvenes se declaró católico; 4 por ciento protestante; 3 por ciento cristiano y 5 por ciento ateo. El 89 por ciento declaró “creer en la existencia del alma”; 88 por ciento “en la Virgen de Guadalupe”; 66 por ciento “en el infierno”; 26 por ciento “en el horóscopo” y 21 por ciento “en amuletos”. Uno de cada cinco jóvenes “consideró que sus creencias religiosas influyen en su actitud hacia el trabajo, hacia los problemas sociales o hacia la sexualidad”, y 8 por ciento “que tiene efectos en sus preferencias políticas”.

Según la Encuesta Nacional de Juventud 2005, los jóvenes de entre 18 y 29 años realizan principalmente actividades de estudio y/o trabajo, siendo más común que los de 18 a los 24 años se dediquen solamente al estudio, y los de los 25 a los 29 años solamente al trabajo. En ambos casos existe 30 por ciento que no estudia ni trabaja. Alrededor de 38 por ciento de los jóvenes abandonan los estudios entre los 15 y los 17 años, seguidos de quienes tienen una edad de entre 18 y 20 años (26 por ciento), y en tercer lugar los de 12 a 14 años (22 por ciento). El primer motivo de abandono de los estudios es la necesidad trabajar (43 por ciento), intento que en la mayoría de los casos fracasa, y cuando milagrosamente no es así lo encuentran en el sector informal con ingresos ínfimos.

En efecto, con qué verdad habló el predicador de Los Pinos (marca Torquemada), pues como se constata, los agudos y crecientes problemas económicos y sociales de los herejes y descarriados jóvenes mexicanos se dan por un solo factor, aunque de un peso incuestionable: “no creen en Dios”.

Las rebanadas del pastel

Duda resuelta para todo aquel que airadamente reclama: ¿a quién se le ocurrió designar como coordinadora de Guarderías del IMSS a una licenciada en “diseño de interiores” por la Universidad de Guanajuato y ex gerente del restaurante El Gallo Pitagórico, de nombre Carla Rochín Nieto? Fácil, no busquen más: al mismo que decidió nombrar a dos politólogos al frente de Comunicaciones y Transportes y Educación Pública; a una ex gerente de fábrica de pinturas como titular de la SEP; a un ingeniero mecánico como secretario de Seguridad Pública Federal; a un bocón abogado corporativo como titular de Gobernación; a un ingeniero electricista en la Sagarpa, y a un ex baterista de Timbiriche en Comunicación Social de Los Pinos. También es el mismo que, para conservar la amistad Zavala-Rochín, le puso nombre y rejas de por medio al primer chivo expiatorio del incendio en la ABC de Hermosillo (Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías del IMSS)… Convocatoria: “Por nuestros niños, contra la impunidad, el sábado 4 de julio a las 10 horas vamos a marchar del IMSS (Paseo de la Reforma 476) a la representación del estado de Sonora (Goldsmith 228, Polanco). Al frente de la marcha estará un grupo de padres de los niños de la guardería ABC de Hermosillo. Únete a la marcha, nadie podrá callarnos. Por nuestros niños y niñas, todas las voces: no a la impunidad. Únete al grito de los padres”.

Los Jóvenes y el Altísimo.

México SA
">Los jóvenes y el Altísimo
">Un telescopio para Karam
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
30 junio 2009

Con la novedad de que el más reciente descubrimiento del inquilino de Los Pinos (los jóvenes no creen en Dios, porque no lo conocen”, carencia de la que derivan todos los problemas económicos y sociales de la juventud) de inmediato sacudió al planeta, y a partir de dicho hallazgo la comunidad de naciones entendió de qué se trata. En México, por ejemplo, en unos días más alrededor de 22.5 millones de jóvenes mexicanos (casi 30 por ciento de la lista nominal y del padrón electoral) de 18 a 29 años de edad demostrarán si sus carencias dependen o no de creer en o conocer al Altísimo.

Alrededor de la mitad de esos 22.5 millones de jóvenes mexicanos, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo, sobreviven entre la falta de oportunidades laborales y educativas, la carencia de seguridad social y la imposibilidad de lograr una mejoría en su bienestar, y, en el mejor de los casos, la ocupación en la informalidad o la emigración, sin que ello implique que la otra mitad tenga las mejores condiciones. Si esos más de 10 millones de mexicanos –que a todas luces “no creen en Dios”– deciden asistir a las urnas y dar al sistema político las gracias por los favores recibidos, fácilmente pueden definir los comicios del 5 de julio y hacia dónde tendría que caminar el país.

En las brillantes campañas que han desarrollado los candidatos el tema de los jóvenes brilla por su ausencia. Cuando bien va se limita a la clásica frase “más instalaciones deportivas para la juventud”, las cuales, dicho sea de paso, nunca se construyen. Nadie atiende las urgencias y carencias reales de este segmento poblacional, pero cuando se trata de un puesto de “elección popular” todos están sobre él en pos del sufragio. Así que no se sorprendan con los resultados de los próximos comicios.

Sólo faltan cinco días, pero en vía de mientras, el Banco Mundial contribuye a entender qué consecuencias tienen los jóvenes que “no creen en Dios”, no sólo en México, sino en el planeta. De acuerdo con su numeralia (con datos a 2005) el balance es el siguiente: los jóvenes de los países en desarrollo conforman el segmento de mayor crecimiento de la población mundial, pues más de la mitad de los cinco mil millones de personas que viven en estas naciones son menores de 25 años. En este contexto, los jóvenes no sólo son el futuro, sino también el presente: de la población mundial, casi 3 mil millones son personas menores de 25 años, y 85 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años vive en estos países.

Mil 400 millones de niños nacerán en el mundo entre 2005 y 2010; 92 por ciento de ellos lo harán en países en desarrollo. La cantidad de nuevos nacimientos aumentará a 2 mil 700 millones antes de 2025. Los jóvenes tienden a ser el grupo más vulnerable de la sociedad, y generalmente, cuando la comunidad internacional “analiza estrategias e implementa proyectos destinados a mejorar los estándares de vida”, las voces de los jóvenes son las menos escuchadas.
Unos 238 millones de jóvenes sobreviven con menos de un dólar al día, es decir, 25 por ciento de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza en el mundo: alrededor de 133 millones de personas entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir; otros 130 millones de niños no asisten a la escuela; entre un tercio y la mitad de los jóvenes cuya edad fluctúa entre los 15 y los 24 años carece de empleo en muchos países en desarrollo; a nivel global los jóvenes constituyen 41 por ciento del total de desempleados; cerca de la mitad de los nuevos infectados de VIH/sida son jóvenes menores de 25 años; alrededor de 12 millones de jóvenes viven con VIH/sida; en los países más afectados, las proyecciones apuntan a que alrededor de 75 por ciento de los jóvenes de 15 años morirá a causa de sida en el futuro.

Ese es el doloroso panorama para miles de millones de jóvenes a lo largo y ancho del planeta (los mexicanos incluidos, desde luego), quienes sobreviven en una realidad brutal que a nadie interesa ni pretende modificar. Sobreviven en condiciones verdaderamente alarmantes, tienen que resolver, como puedan, el día a día. Para el caso mexicano, como apuntamos en la entrega de ayer, los números más recientes indican que al cierre del primer trimestre de 2009 alrededor de 60 por ciento de los desempleados en México tienen entre 14 y 29 años, es decir cerca de un millón 280 mil personas, de acuerdo con el Inegi; de éste total, alrededor de 870 mil con edades que van de 20 a 29 años. La mayor parte de la población económicamente activa es joven y 56 por ciento de ella obtiene un ingreso de entre uno y tres salarios mínimos, al tiempo que 64 por ciento carece de seguridad social. De enero a marzo de 2009, el año del “catarrito”, alrededor de 200 mil jóvenes de entre 14 y 29 años perdieron su empleo. Desde que el citado predicador se instaló en Los Pinos, más de 300 mil mexicanos en las edades referidas han perdido su plaza laboral, sin considerar los que en el periodo se incorporaron por primera vez al mercado laboral y muchos de ellos lo consiguieron, pero en Estados Unidos.

¿Y todavía pretenden que crean en Dios?

Las rebanadas del pastel

De por sí hereje, al autor de estas líneas se le torció la inspiración divina en latín, y en la entrega de ayer escribió un horroroso ora pro novis, cuando lo correcto es ora pro nobis. Varios de los siempre generosos y atentos lectores alertaron a este tecleador sobre el pecado cometido, por lo que humildemente reconozco la tentación de la carne y solicito su perdón, y de pasadita el del Altísimo, no vaya a ser que quiera cobrar la factura. Una vez confeso, se propone la realización de una colecta nacional para comprarle al director general del IMSS, Daniel Karam, el telescopio más grande que exista en el planeta con el fin de que así puede encontrar, entre la siempre bien organizada documentación del Instituto, el inventario de beneficiarios (léase parientes y amigos de quienes están “al servicio de México”) por la jugosa cuan mortífera subrogación de guarderías. Lo anterior, con base en que transcurridos 25 días de la tragedia en Hermosillo, los dilectos funcionarios de tan prestigiado organismo público aún no lo dan a conocer.

24/06/09

Lo peor ya pasó... en Haití

México SA

Lo peor ya pasó... en Haití

Etiopía, mejor que México

Zozobra el navío de gran calado

Carlos Fernández-Vega

La Jornada
24 de junio del 2009

Que lo peor de la crisis ya pasó (Calderón-Carstens-Gurría dixit) lo confirma la más reciente proyección elaborada por el Banco Mundial, divulgada ayer: en 2009 la economía mexicana registrará el mayor desplome en América Latina (y en buena parte del planeta) y, consumida 84 por ciento de estadía del calderonato en Los Pinos (2007-2011), el comportamiento acumulado se aproximaría al registrado en el periodo equivalente de Miguel de la Madrid. De que lo peor ya pasó da cuenta, por ejemplo, algo ya tradicional: en esos cinco años la economía haitiana reportará un balance 2.5 tantos mejor que el del navío de gran calado y, ya en los extremos, 7.75 veces inferior al de Bangladesh.

Por todos los medios, en todos los discursos –precisamente a unos cuantos días de los comicios del 5 de julio– la mancuerna Calderón-Carstens, más el ajonjolí de todos los moles (José Angel Gurría) y su maquinaria propagandística pretende convencer a los mexicanos que lo peor ya pasó, que de aquí en adelante pura miel y que el prometido futuro venturoso está a la vuelta de la esquina. A nadie han convencido, incluso ni a los organismos financieros multilaterales de los que son fervorosos creyentes, uno de los cuales, el Banco Mundial, ubica al país, con el calderonato instalado en Los Pinos, entre los más destacados, pero por su espeluznante comportamiento económico.

Para 2009, sin que sea definitivo, el organismo financiero estima un desplome económico en México de 5.8 por ciento del producto interno bruto, contra un resultado negativo de 2.2 por ciento en Venezuela, 1.1 por ciento en Brasil, 1.5 por ciento en Argentina, 0.7 por ciento en Colombia, 0.4 por ciento en Chile y 0.2 por ciento en Haití. De ese tamaño es la zozobra del navío de gran calado.

Que lo peor ya pasó equivale a lo siguiente, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, contenidas en su informe anual (Global Development Finance 2009: Charting a Global Recovery) y divulgado en Seúl: que la economía mexicana registrará una tasa anual promedio de 0.7 por ciento de 2007 a 2011, una proporción 7.15 veces menor a la prometida en campaña electoral por el candidato Felipe Calderón y elevada a rango de ley por el inquilino de Los Pinos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Y que el futuro venturoso está a la vuelta de la esquina quiere decir que tras el desplome de 2009, los mexicanos gozarán de un crecimiento de 1.7 por ciento en 2010, para en 2011 regresar a la mediocridad reportada a lo largo de caso tres décadas con 3 por ciento de avance.

Entonces, a todas luces lo peor ya pasó: si se consideran los resultados de 2007 y 2008, al tiempo que se cumplen los pronósticos del referido organismo financiero, el para vivir mejor prometido por el michoacano y restregado cotidianamente por su aparato propagandístico será igual a una tasa anual promedio de crecimiento económico de 0.7 por ciento entre 2007 y 2011. En igual quinquenio, pero de Miguel de la Madrid el resultado fue de 0.2 por ciento; en el Zedillo de 2.87 y en el de Fox de 1.8. Así, Calderón se llevaría la palma de los últimos tres sexenios y disputaría la de oro con MMH. Salvo Miguel de la Madrid, ningún presidente sexenal (de Lázaro Cárdenas a la fecha) reportó resultados tan desastrosos.

La economía brasileña, de acuerdo con las estimación del Banco Mundial, reportará una caída de 1.1 por ciento en el presente año, y un crecimiento de 2.5 en 2010 y de 4.1 por ciento en 2011. Así, la tasa anual promedio en el periodo 2007-2011 será de 3.36 por ciento. En el caso argentino, se proyecta un descenso de 1.5 por ciento para 2009, con incrementos de 1.9 y 2.1 por ciento en el bienio siguiente, para redondear una tasa anual promedio en cinco años de 3.6 por ciento. En dicho quinquenio, a guisa de ejemplo, la economía chilena alcanzaría un promedio anual de 2.76 por ciento, la colombiana de 3.02 por ciento, la boliviana 3.78 por ciento, la peruana 6.42 por ciento, la panameña 6 por ciento y la venezolana de 2.16 por ciento. Para la potencia haitiana el promedio anual sería de 1.76 por ciento

A los vecinos sureños de México le irá mejor, porque en el balance 2007-2011 Belice reportaría una tasa anual promedio de crecimiento de 2.1 por ciento, y Guatemala de 3.38 por ciento. ¿Cómo se compara el comportamiento 2007-2011 del mexicanísimo navío de gran calado con otras economías tercermundistas? Valgan los siguientes ejemplos: en ese periodo, la economía de Bangladesh reportaría una tasa anual promedio de crecimiento de 5.42 por ciento; la de Botswana de 1.34 por ciento y la de Etiopía de 8.58 por ciento.

Y para redondear el atinadísimo pronóstico de que lo peor de la crisis ya pasó, va la siguiente advertencia del Banco Mundial, difundido por la agencia Reuters: las consecuencias de la influenza A/H1N1 podría recortar 2.2 por ciento el producto interno bruto de México en el segundo trimestre (de 2009). Si los recientes niveles de trastorno en el comercio, los restaurantes, la hotelería y el transporte persisten en la ciudad de México, podrían reducir el PIB del segundo trimestre hasta 2.2 por ciento. Golpeada por la recesión en Estados Unidos, la economía de México se contrajo 8.2 por ciento en el primer trimestre, comparada con el mismo trimestre de 2008, su mayor contracción económica desde 1995. El doctor catarrito, Agustín Carstens, asegura que tal impacto no pasaría de 0.5 por ciento. ¿A quién le cree? Sólo falta que Los Pinos recomiende a los mexicanos que se vayan a vivir a Haití, para vivir mejor.

Las rebanadas del pastel

El Inegi aportó otro elemento para dar solidez a la tesis de que lo peor de la crisis ya pasó: en mayo pasado, las exportaciones se desplomaron 32.8 por ciento y las importaciones 35.5 por ciento... Para como van las cosas, sólo falta que encarcelen a los padres de los niños que asistían a la guardería ABC de Hermosillo, acusados de irresponsabilidad absoluta e incivilidad por llevarlos a un sitio colindante con una bodega que obviamente se incendiaría.


Desmesura

Desmesura (Editorial de La Jornada).
La Jornada
23 de junio del 2009

Ayer, en una conferencia de prensa realizada en Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, flanqueado por la canciller Patricia Espinosa, anunció que la secuestradora francesa Florence Cassez no será enviada a su país a que purgue la sentencia que le impuso el Poder Judicial del nuestro, pues el gobierno francés se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir. Al margen de esa decisión correcta y obvia, es sorprendente, por decir lo menos, que el gobernante haya comunicado, en un formato de mensaje a la nación, una medida que no merecía más que un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La desmesura comunicativa no sólo implica un desgaste adicional y del todo innecesario a la institución presidencial, sino que otorga un relieve a todas luces improcedente a una delincuente convicta y confirma las críticas por el tratamiento especial de que ha sido objeto, tratamiento que implica, por contraste, una discriminación en contra de otros infractores sentenciados, extranjeros y nacionales: el simple hecho de que el gobierno calderonista haya establecido una Comisión Binacional con las autoridades francesas para revisar el proceso fue una anomalía y una injusticia, pues no se ha hecho nada similar con otros delincuentes foráneos ni se ha solicitado a otro país en el caso de infractores mexicanos arrestados en el exterior.

Para ilustrar este doble rasero, ha de recordarse que Calderón no ha hecho una sola referencia al dirigente atenquense Ignacio del Valle, cuyo proceso exhibe numerosas irregularidades, dio pie a una sentencia desproporcionada y absurda, y reviste para nuestro país, una importancia política mucho mayor que la de la secuestradora francesa. Más aun, es pertinente cuestionar con base en qué criterio el jefe del Ejecutivo dedica un mensaje nacional a la situación de una delincuente sentenciada y no lo ha hecho, en los 17 días transcurridos desde la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, para fijar una posición ante la muerte de 47 menores como resultado de una cadena de negligencias y descuidos inexcusables que pasa por áreas de su propia administración.

En suma, es lamentable que el gobierno mexicano haya aceptado convertir en asunto de Estado un episodio que corresponde a la administración de la justicia penal y que, aun sin entregar a la plagiaria a su país, haya realizado concesiones indebidas –la conferencia de prensa de ayer pareciera ser una de ellas– ante el fenómeno de opinión pública en que fue transformada Cassez por el mercantilismo y el amarillismo de los medios franceses y por la desaforada búsqueda de popularidad del presidente Nicolas Sarkozy.


(....)

Va la bolita pa'lla, va la bolita pa´ca...

Buenos días a todos, hacia mucho que no les escrbía. Los saludo y agradezco sus vistas a la página.

En relación a la guardería ABC lo cierto es que a la fecha no se a detenido y, creo, no se han citado a declarar a los dueños de la guardería. Al parecer 47 vidas no son suficientes.

Ya hemos escuchado mucho ese rollo de que "nadie por encima de la ley", "la ley es la misma para todos", al final ya sabemos que no pasa nada.

Margarita Zavala Gómez del Campo (sí, la prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, implicada en la muerte de 47 niños sonorenses, que sigue en libertad) nos recetó la primera de esas freses y en dónde quedó la investigación.

Ahora nos salen que la demanda será civil y los que la van a pagar penalmente son sólo "chivos" que en el caso nada tienen que ver.

Bien sabemos que los principales responsables tieien que ser los dueños de la guardería ya que ellos fueron los que para poner el negocio, aparte de sus palancas, estuvieron sobornando a diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno para poder funcionar y meterse a la bolsa cerca de 500 mil pesos mensuales. Para mi que eso era negocio.

Ayer el gobernador de Sonora Eduardo Bours dijo "No hay solicitud de ninguna orden de aprehensión contra ninguno de los concesionarios de la guardería, le toca al gobierno federal, no se citaron a declarar a pesar del reclamo del gobernador del Estado", dijo Bours. Con base en tales hechos, Bours lanzó una pregunta directa al Ejecutivo federal: "¿A quién protege?".

A esos niveles qué no se sabrán el gobernador de Sonora de Calderón, Margarita y su hermanos y parientes, así como Calderón qué no le sabrá a Bours, sus empresas, familiares y amigos. Sabemos que se hacen la una los unos con los otros.

Yo le apuesto a culquiera de los lectores que no va a pasar nada, los dueños de la guardería seguirán tan campantes como siempre. ¿No me creen?, ¿se acuerdan de Pasta de Conchos, las explosiones de Guadalajara, las matanzas de Chenalhó y Aguas Blancas, el San Juanicazo, el Lobohombo, las "mandarinas" accidentadas en la plataforma de Pemex, El News Divine, la masacre de 1968?, y así me podría seguir.

Vivimos en el país del NO PASA NADA, todo sea por vivir en el país de los sueños, donde todo se ve con una óptica en la que quisieramos nosotros ver o que nos prestaran sus lentes para ver igual; que nos dejaran fumar de su misma porquería para andar iguales.

Pidámosle a Dios que allá en los cielos se haga justicia porque creo que aquí no la habrá.

23/06/09

Partido del Voto Nulo

Astillero

Partido del Voto Nulo

Ganancias de la teledictadura

Los empresarios Chuchos

Julio Hernández López
La Jornada
23 de junio del 2009

El voto en blanco, o nulo, ya va camino a las arcas políticas del calderonismo desesperado y la teledictadura que le da soporte. Así como el empresario Martí permitió que su desgracia familiar acabara socialmente en la nada (una multitudinaria marcha de blanco que en el caminar quedó) y políticamente en un servicio al felipismo que organizó reuniones palaciegas para aparentar que se comprometía a resolver lo que finalmente dejó en palabrería y acuerdos chafas, ahora se ha prestado para promover una campaña de firma de compromisos ante notario público que haría a los candidatos a diputados cumplir sus ofertas (¡Oh, sí: magna solución histórica a los problemas nacionales: firmar ante notario, jua, jua!), sobre todo la que interesa a las potencias electrónicas que forman el comando conjunto nacional, Televisa y Televisión Azteca, en el sentido de dar marcha atrás a los impedimentos legales al enorme negocio de la publicidad electoral facturada por los partidos ante los reyes de las pantallas (las demás promesas notariadas podrán ser olvidadas, pero el duopolio exigirá a los ahora firmantes de la trampa Martí que le cumplan en cuanto a la reivindicación de sus intereses de propaganda política facturable). Por otro lado, varios de los perpetuos organizadores de siglas en busca de financiamiento público a título de asociaciones políticas o partidos efímeros, o buscadores de candidaturas ciudadanas de oportunidad, buscan la forma de convertir el peculiar capital político del hartazgo cívico en una recurrente forma de organización política tradicional, una especie de Partido del Voto Nulo o Asociación Política Nacional de los Ciudadanos Hartos (la misma gata, pero anulada).

La teledictadura mantiene, por otro lado, una campaña de exclusión y escarnio contra el dirigente del único movimiento verdadero de oposición a la catástrofe calde- ronista (catástrofe que al mismo tiempo es fuente de infinitas ganancias para esos dictadores electrónicos). Andrés Manuel López Obrador tiene cerradas las puertas informativas de Televisa para precisar sus posturas políticas, pero, al mismo tiempo, en un doble rasero hipócrita, se le analiza y critica en facciosos términos editorializados (un ejemplo claro de esos ejercicios de simulación crítica se da semanalmente en el programa cuyo título es Tercer grado). La legítima lucha de oposición es diariamente agredida, mediante el silenciamiento y la simulación, por el poder televisivo bicéfalo que calla con absoluto cinismo lo que no desea que se conozca (como las acusaciones de De la Madrid contra Salinas, o la relación familiar de los Zavala con los Gómez del Campo de la guardería sonorense) y deforma y acomoda a sus intereses lo que cree que daña o desgasta a quienes pacíficamente luchan contra los poderes mafiosos.

Astillas

La jugada estaba más que cantada, de tal manera que la caja registradora de Los Chuchos puede dar la operación por finiquitada: en Campeche, donde se mueven millonadas para hacer gobernador del estado a un subordinado de la familia Mouriño, la Nueva Izquierda empujó a un cuñado de Carlos Mouriño Terrazo para que fuera candidato fársico del PRD contra el panista Mario Ávila Lizárraga, el empleado de piso que los herederos del ex secretario de Gobernación quieren en palacio de gobierno para que les apruebe los múltiples planes comerciales ventajosos que ya tienen apalabrados, sobre todo con sus paisanos españoles. El sabidamente cómodo cuñado acabó renunciando a su presunta candidatura e invitando a todos los perredistas para que apoyen al candidato panista de La Familia (Mouriño), maniobra que ya había sido anunciada días atrás por un dirigente priísta local. Panchito Brown, que tal es el nombre del presunto candidato de la izquierda comercializada, interrumpió en su discurso al aspirante panista en una marcha supuestamente victoriosa pa-ra anunciar su declinación, se puso una camisa azul, y dijo que su nuevo chaquetazo fue muy difícil, pero ante Dios me siento orgulloso. Por cierto, Carlos Mouriño Terrazo reapareció en actos públicos junto a su tutelado Ávila y su cuñado Brown, luego de unas vacaciones forzadas en España mientras Felipe I diluía el escándalo por la compra de espacio publicitario para el PAN con cargo a la Lotería Nacional, que en las oficinas del citado Mouriño había hecho el obviamente impune ex director de la Lotenal, Miguel Ángel Jiménez... En Querétaro, otra joya empresarial de la corona chucha tiró el arpa sin mayores consideraciones. Guillermo Félix Zavala, dedicado al negocio de las bicicletas en esa entidad (y creador del concepto de tiendas Bike Stop que hay en varias ciudades, entre ellas la de México), simplemente anunció ayer que declina en favor del candidato priísta a la presidencia municipal de Querétaro, Jaime Escobedo (Je) y de inmediato se puso una roja camiseta priísta. Félix en Querétaro, como Brown en Campeche, eran una orgullosa muestra de la manera en que la Nueva Izquierda, modosa y contenida, podría captar la buena voluntad de los empresarios. Ahora que Jesús Ortega y sus colaboradores han puesto en el tapete de la discusión el asunto de las traiciones, bien harían en agregar a la batería de casos dignos de análisis los de estas dos entidades vendidas a partidos opuestos... Y, mientras la administración Calderón hace bien en negarse a que una francesa cumpla su condena en cárceles de su país (donde fácilmente podría ser puesta en libertad mediante argucias jurídicas), siempre y cuando esto no sea solamente una maniobra previa a las elecciones mexicanas que pueda ser echada atrás luego del 5 de julio mediante recursos de corte internacional a los que se estuvieran dando convenidas ventajas procesales para que la decisión acabe viniendo de fuera, ¡hasta mañana, con la papa caliente declarativamente exprimida llamada en chino Zhenli Ye Gon, a la que el gobierno gringo sacó la sopa y luego, en pago porque coopeló, ha evitado darle cuello en Estados Unidos y, en todo caso, prepara su extradición a México!


Impunidad y chivos expiatorios

México SA

Impunidad y chivos expiatorios

Peloteo inmundo

¿Y los nombres, apá?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada
23 de junio del 2009


En una guardería subrogada por el IMSS, la educadora pidió a los niños: deletreen la palabra que define al gobierno mexicano y a su clase política. De inmediato corearon: i, eme, pe, u, ene, i, de, a, de. ¿Qué dice? I...M...P...U...N...I...D...A...D... Muy bien, alumnos destacados, y ¿cuál es el animal preferido de ese gobierno y esa clase política?, y a una sola voz rápidamente los críos contestaron: “el chivo, maestra… el chivo expiatorio”.

Dieciocho días después de la tragedia en la ABC de Hermosillo (en la que 47 niños murieron y muchos resultaron heridos, todos ellos afectados sicológicamente), el gobierno mexicano y la clase política proceden como sólo saben hacerlo: los verdaderos responsables (parientes y amigos de Los Pinos y del palacio de gobierno de Sonora) a buen resguardo y los chivos expiatorios a punto de ser enchiquerados, tras una investigación a modo y mediante un proceso amañado en el que nadie irá a prisión por el caso de la guardería, porque se trata de un hecho no intencional, y si hay delito se alcanzaría fianza, según la muy adelantada sentencia del procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

Más de dos semanas después, a lo largo de las cuales lo único relevante para Los Pinos y el palacio de gobierno de Sonora ha sido, es, otorgar impunidad a sus respectivos allegados –parientes y amigos–, el ágil director general del IMSS, Daniel Karam, por primera vez se adelanta a los acontecimientos y anuncia, con bombo y platillo, que los chivos ya aparecieron: “el incendio fue causado por la negligencia de los responsables de la bodega utilizada por el gobierno del estado de Sonora, y sus consecuencias se agravaron por el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los operadores de la Guardería ABC… Por tal motivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tomado la decisión de entablar una demanda por responsabilidad civil en contra de la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora. Asimismo, el IMSS también ha decidido presentar una demanda en contra de los propietarios y administradores de la guardería, que omitieron cumplir medidas de seguridad que les fueron ordenadas” (una demanda civil, no penal, por supuesto).

El funcionario que hace públicas tales acciones es el mismo Daniel Karam que al día siguiente del incendio (6 de junio) aseguró que la guardería ABC de Hermosillo cumplía con los lineamientos en materia de seguridad y aparentemente estaba dentro de lo que señala la normatividad correspondiente. De hecho, precisó en aquella fecha, la última evaluación a la guardería, realizada en mayo, indicaba que contaba con salidas de emergencia y extintores, aunque todos se dieron cuenta que no existían unas y otros. El que todo lo sabe, dijo no tener información sobre el parentesco de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las propietarias de la guardería ABC, y prima de Margarita Zavala, la inquilina de Los Pinos.

Pero para uno que amanece temprano, otro que no duerme, y el gobernador sonorense, Eduardo Bours, le refrescó la memoria al flamante director del IMSS: Marcia Gómez del Campo tiene un parentesco, entiendo, con la señora Zavala, efectivamente. Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una identificación familiar. El repentino parentesco incómodo de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella con la first lady, provocó que Margarita Zavala se fuera de bruces: “efectivamente, hay un parentesco… aunque yo no la conozco personalmente, tengo entendido que tenemos un bisabuelo en común”, declaró. Sí, un bisabuelo en común y una foto publicada en un diario de Sonora que confirma no sólo el parentesco, sino la cercanía y la estrecha relación familiar con la desconocida, descubrimiento que provocó la ira en Los Pinos: como de la nada surgieron nombres, relaciones y parentescos de otros beneficiarios de las guarderías subrogadas, pero ahora relacionados con Eduardo Bours. Y mientras el peloteo político agarraba velocidad y Daniel Karam aseguraba que lo importante es que se consigne a los responsables y que se tomen las medidas que eviten que esta tragedia se repita, más niños morían a consecuencia del incendio en la ABC de Hermosillo, sin que ningún responsable siquiera pisara las instalaciones de un Ministerio Público.

Dieciocho días después, la decisión de Los Pinos es clara: impunidad para los de este lado y cacería de chivos expiatorios a discreción: funcionarios de rango menor (el jefe delegacional de prestaciones económicas y sociales, la coordinadora delegacional de guarderías y coordinadora zonal de esas estancias en Hermosillo) que pagarán por los de rango mayor, mientras las privatizaciones, excesos, omisiones y corruptelas del IMSS los cargan a la cuenta del gobierno sonorense, y éste –igual de responsable que el otro– enchiquera a sus propios chivos expiatorios y prepara su factura para regresarla a la residencia oficial.

Y en medio del grotesco cuan inmundo peloteo, la impunidad y la cacería de chivos federales y sonorenses, el saldo real acumula 47 niños fallecidos, muchos heridos y con secuelas sicológicas, los desolados padres de familia y una sociedad igual de ofendida y ninguneada que de efervescente, mientras los legisladores se suman al muro de la impunidad al cancelar la comparecencia del director general del IMSS, programada para hoy martes, el mismo Daniel Karam que descaradamente incumple con hacer público el inventario de guarderías subrogadas y, sobre todo, los nombres de los beneficiarios de tan jugoso negocio, entre los que se encuentran los de políticos y empresarios, con sus respectivos familiares y amigos, a lo largo y ancho de esta República que es de ellos.

Las rebanadas del pastel

Con Fox fueron la cancelación del nuevo aeropuerto y el proyecto Fénix; con Calderón, Punta Colonet. El primero calificó a ese par como las obras del sexenio; el segundo, el más grande de mi gobierno. Los tres se fueron al caño, de tal suerte que Felipe Calderón tampoco va a ser conocido, como se autopromovió, como el presidente de la infraestructura. Dos mil millones de dólares al bote de basura, mientras el siempre oportuno y eufórico secretario Gerardo Ruiz Mateos repite, en plena crisis, que en 2050 la mexicana será la quinta economía mundial. ¡No pueden con la de 2009, y ya presumen lo que según ellos sucederá en 41 años!


20/06/09

Calderodes: el golpe de Iztapalapa.


Desfiladero

Calderodes: el golpe de Iztapalapa

Jaime Avilés
La Jornada
20 de junio del 2009

Iztapalapa garantiza de antemano que las elecciones nacionales del 5 de julio no serán libres. Pase lo que pase, la última palabra la dirá María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien Desfiladero le dedica esta entrega para que los (e)lectores sepan cómo llegó a ese cargo y a quiénes sirve.

Hija de Agustín Alanís Fuentes, ex procurador de justicia del Distrito Federal (1976-1982), señalado como corresponsable de los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante la guerra sucia de los setenta, María del Carmen Alanís Figueroa fue, desde niña, amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo (sí, la prima de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, implicada en la muerte de 46 niños sonorenses, que sigue en libertad).

Por Margarita, Maricarmen conoció a Felipe Calderodes –así le dicen desde que su gobierno solapa a los causantes de la matanza de niños en la guardería ABC–, a Germán Martínez –tapadera de los hijos de Marta Sahagún en la Contraloría y presidente del PAN–, y a César Nava, ex abogado general de Pemex y autor de un magno fraude en Coatzacoalcos, Veracruz, reiteradamente documentado por esta columna. En aquel tiempo, cuando todos formaban parte de una alegre palomilla, Felipe era líder juvenil del PAN y, al término de su gestión, promovió la candidatura de Margarita para que lo sucediera en el cargo, pero fracasó.

Licenciada en derecho por la UNAM (se graduó con la tesis Comportamiento electoral mexicano 1812-1990), Maricarmen es maestra en gobierno comparado por la London School of Economics. Por palancas de su padre, trabajó en la Secretaría de Gobernación con José Fernando Franco González, hoy ministro de la Suprema Corta, y promovida por éste, realizó diversas funciones académicas en el TEPJF.

En 1999 llega al Instituto Federal Electoral. El 27 de enero de ese año, con el respaldo de los consejeros filopanistas Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio (hoy secretarios de Comunicaciones y Educación en el gabinete calderódico), es nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, puesto que conserva hasta febrero de 2004. Un mes después, el nuevo titular del IFE, Luis Carlos Ugalde, amigo íntimo de Calderón y de Margarita, la designa secretaria ejecutiva.

Pero el 30 de septiembre de 2005 se pelea con Ugalde y renuncia al IFE, y con el reiterado apoyo de Germán Martínez y el visto bueno de los sectores del PRI que representa Manlio Fabio Beltrones, asciende a magistrada del tribunal electoral, presidido en ese momento por Flavio Galván Rivera. Un año más tarde, faltaba más, avala la resolución de septiembre de 2006 que declara sucia pero válida la elección presidencial. En ese momento le paga a Margarita y a Felipe los favores de una vida completa.

El 6 de agosto de 2007, sorprendido en la compra fraudulenta de un edificio, Galván Rivera renuncia a la presidencia del tribunal y entonces, por supuesto, Margarita, Germán y Beltrones colocan en su lugar a Maricarmen. Como presidenta del TEPJF, la señora Alanís tiene una gran ventaja que le permite persuadir a sus compañeros magistrados y hacerlos votar en el sentido que les indique: ella es la que maneja el presupuesto, la que autoriza el flujo del dinero. ¿Quién se opondría a sus designios, sabiendo que correría el riesgo de quedarse sin recursos y perder privilegios?

Todo lo anterior ayuda a entender con claridad lo que acaban de hacer la señora Alanís y sus colegas en Iztapalapa, incurriendo en conductas que bien pueden clasificarse como delictivas. Iztapalapa es la delegación más grande y más poblada del Distrito Federal: viven allí más de un millón 200 mil habitantes y, desde que el PRD le arrebató el poder al PRI en 1997, ha estado controlada por los hermanos René Arce y Víctor Hugo Círigo, quienes mediante mecanismos clientelares –apoyan a los pobres a cambio de votos– han reproducido el antiguo cacicazgo priísta.

Su dominio empezó a deteriorarse, sin embargo, a finales de 2006, a raíz de la maniobra en que la diputada Ruth Zavaleta –estrechamente vinculada a Círigo y Arce– cedió su lugar en el presídium de la Cámara de Diputados, que estaba tomada por los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que lo ocupara Beltrones y Calderón pudiera colarse a través de una rendija para entrar a rendir protesta como titular del Ejecutivo. Ese fue el principio de una alianza entre los perredistas de la corriente de Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete –a la que pertenecen Arce, Círigo y Zavaleta–, los priístas de Beltrones y el PAN.

En las recientes elecciones internas organizadas por el PRD para definir su candidatura al gobierno de Iztapalapa, Arce y Círigo pagaron un elevado costo político por darle la espalda al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Clara Brugada, simpatizante y ex colaboradora de López Obrador en el gobierno de la ciudad, obtuvo 99 mil 890 votos. Su contrincante, Silvia Oliva, esposa de René Arce, cosechó 94 mil 560. Silvia estaba en la lona, pero el viernes de la semana pasada acudieron a rescatarla Margarita Zavala, Germán Martínez y el mismísimo Calderodes en la persona de Maricarmen Alanís y demás magistrados del TEPJF.

Estos revisaron los resultados y anularon las actas del número necesario de casillas, incluso de muchas que nadie había impugnado, para quitarle a Brugada 5 mil 500 votos y otorgarle a Oliva una mínima, ridícula e irrevocable ventaja, tipo haiga sido como haiga sido. Peor: antes de emitir su fallo, el tribunal esperó a que salieran de la imprenta las boletas de la contienda, en las cuales quedó estampado el nombre de Clara Brugada como candidata del PRD. La decisión responde, como es obvio, a un cálculo perverso para confundir a los votantes, sobre todo a los más iletrados, pero también para preparar una manipulación fraudulenta. Al actuar de este modo, la señora Alanís despojó a la elección de Iztapalapa del principio de certeza, violando la ley con alevosía y premeditación. Eso la convierte en delincuente electoral y en acreedora a sanciones que la inhabilitarían para seguir al frente del tribunal.

Pero la batalla no ha concluido. En Iztapalapa hay al menos 200 mil brigadistas del gobierno legítimo que han empezado a visitar casa por casa –y López Obrador los secundará en esa tarea hoy, mañana, el lunes y el martes– a fin de explicarle a la gente lo que se tiene que hacer, si es que desea revertir la estrategia de Calderodes. Quienes estén en favor de que gane Clara Brugada no deben votar por Clara Brugada sino por el candidato del PT, Rafael Acosta. No es tan difícil. Si éste resulta electo, de inmediato pondrá su cargo a disposición de Marcelo Ebrard para que el jefe del Gobierno del Distrito Federal designe en su lugar a Clara Brugada. En Argentina, en 1973, el dentista Héctor Cámpora, que había estado asilado en México, ganó las elecciones presidenciales y le entregó el poder a Perón (con resultados catastróficos para la inmensa nación sudamericana, pero no por culpa de Cámpora sino del decrépito gobernante justicialista).

Vamos a ver si la resistencia civil pacífica es capaz de derrotar esta nueva variante del ascenso del fascismo, auspiciada por la máxima autoridad electoral. Pero hay que estar muy atentos. El golpe de Iztapalapa anticipa que habrá fraudes en otros lugares de la capital y del país. No debe descartarse que Calderodes intente provocar un conflicto político para después culpar a López Obrador, en agosto o en septiembre, del ya esperado agravamiento de la crisis económica. Ante esta perspectiva, ¿quiénes anularán su voto?

19/06/09

Bachoco: Industria venenosa

JENARO VILLAMIL
Semanario de análisis Proceso
19 de junio del 2009.

Industrias Bachoco, la joya de la corona del grupo empresarial de la familia de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, no sólo controla 70% del mercado de producción avícola y porcícola en México, junto con las trasnacionales Pilgrim’s Pride y Tyson, sino que se ha convertido en una de las compañías insistentemente señaladas como generadora de desechos tóxicos agroindustriales cuya contaminación es uno de los posibles factores del brote epidémico de la influenza humana.
Con 700 centros de producción y distribución en todo el país, las protestas contra Bachoco se han agudizado en los últimos años, particularmente en La Rosa Mística, comunidad del municipio de Perote, Veracruz, donde el alcalde Esteban Escamilla denunció un incremento de 15% de enfermedades diarreicas y respiratorias por la emisión de desechos de las granjas avícolas.
También en Acatlán, Puebla, donde una extensa nube de humo gris fue identificada como la causante de un brote de enfermedades respiratorias desde noviembre de 2008. En cinco colonias de Coatzacoalcos, Veracruz, denunciaron en septiembre de 2006 a Bachoco por las emanaciones contaminantes que generan sus procesos de quema de vísceras y plumas de pollos. Lo mismo en las comunidades de Torrecillas y Los Ángeles, en Villagrán, Guanajuato, que acusaron en abril de 2008 a las granjas de cerdo de Bachoco de arrojar durante una década desechos orgánicos a cielo abierto, lo que genera fauna nociva, principalmente moscas. Y en Crespo, en el municipio de Celaya, los habitantes se han quejado por la contaminación de las aguas y porque Bachoco tira residuos pestilentes y peligrosos en el basurero de Tinajitas. La respuesta invariable de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante las numerosas quejas en contra de Bachoco es que “están investigando”, que “son procesos largos”.
El 4 de marzo de 2009, la delegación de la Profepa en Celaya informó que ya han “sancionado” a la empresa de la familia Bours por el mal manejo de sus residuos tóxicos, pero la contaminación prosigue. En San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales documentó que esta entidad posee la tercera parte de los 31 sitios más contaminados del país y señaló entre los responsables a la planta de Bachoco en el Periférico Sur; el sitio de confinamiento La Pedrera, en el municipio de Guadalcázar, y el basurero de Peñasco. San Luis Potosí fue uno de los estados más afectados al inicio de la epidemia de influenza A/H1N1. En las colonias Nueva e Independencia, de Apatzingán, Michoacán, los pobladores demandaron en marzo de 2006 la reubicación de granjas avícolas, cansados de los fétidos olores que deja la quema de plumas. El cabildo acordó citar a los propietarios, pero la regidora perredista María Guillermina Albarrán Martínez las defendió porque “las granjas de pollos llegaron primero a esos lugares que los vecinos”.
En general, “hay poco conocimiento sobre los efectos de sus desechos agroindustriales en la población; los habitantes siempre se quejan por los olores fétidos y la respuesta de las autoridades invariablemente ha sido proteger a las empresas y no hacerle caso a los vecinos”, subraya Iván Restrepo, periodista y ambientalista que desde hace cinco años denunció el caso de Granjas Carroll, filial de la estadunidense Smithfield Foods, en Perote. “Una de las grandes lagunas en nuestra normatividad es el destino de los desechos agroindustriales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) nunca dice nada al respecto en entidades como Sonora, Michoacán, Jalisco o Veracruz, donde están los sitios más contaminados”, asegura Restrepo, consultado por Proceso.
Apenas el 29 de abril, en plena emergencia sanitaria por la epidemia de influenza todavía llamada porcina, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Sagarpa, Enrique Sánchez Cruz, declaró que las granjas porcícolas no tienen ningún problema de contaminación y rechazó que el virus de influenza tuviera su origen en México. “Las características nos indican que tiene cortes genéticos de cerdos euroasiáticos, pero no tenemos precisión de cómo llegó al país; lo que sí se descarta es que sea transmitido por cerdos mexicanos”, sostuvo el funcionario federal. Restrepo reprocha que ni siquiera existan estudios epidemiológicos sobre el efecto de los desechos agroindustriales en la población. “Es fundamental el seguimiento. Lo ocurrido en Perote con la influenza es un ejemplo de lo que no debe suceder.
Esta es una gran oportunidad para que la gente demande a las autoridades que investigue a fondo”, sentencia el colaborador del periódico La Jornada y ganador en 2005 del premio al periodismo ambiental otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara. La ruta contaminadora El año pasado, en Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew emitió un informe sobre la producción animal en las granjas industriales y destacó el peligro de que “el continuo reciclaje de virus en grandes manadas o rebaños incrementará las oportunidades de generación de virus novedosos, mediante mutación o eventos combinados, que podrían propiciar una transmisión más eficaz de humano a humano”.
La misma comisión advirtió que el uso intensivo de antibióticos en las fábricas de cerdos favorecía el incremento de estafilococo dorado, resistente a los antibióticos, y los lixiviados de los desagües producían brotes de ecolli y pfisteria. La producción intensiva de aves y puercos se concentra en grandes trasnacionales de la agroindustria, como son Smithfield Foods, Tyson Foods, Pedue Farms, ConAgra Poultry, GoldKist Inc. y Bachoco, uno de los 10 principales productores de pollo a nivel mundial. Pilgrim’s, Pride y Bachoco recurren al uso intensivo de estimulantes para el crecimiento, inyecciones de hormonas y vacunas para aumentar la velocidad de maduración, generando un severo problema con los desechos provocados por estas gigantescas granjas.
Tyson Foods, la mayor procesadora de carne de pollo, res y puerco en el mundo, es un corporativo trasnacional con ingresos de 26 mil millones de dólares al año. Con 114 mil empleados en 300 plantas distribuidas en todo el mundo, fue una de las industrias que más ganaron en 2005 con el escándalo internacional provocado por la epidemia de gripe aviar que brotó en Tailandia y China.
El investigador William Engdahl, entrevistado por la agencia Acción Ecológica, afirmó que “sería importante saber si alguno de los casos de gripe aviar documentados en China en los últimos años podría haber sido originado por importaciones de pollos de Estados Unidos de productores gigantes como Tyson Foods o por granjas de producción de pollos locales de esas compañías en China o en otros lugares de Asia”.
Para Iván Restrepo, lo grave son las prácticas contaminantes que realizan en países como México, mismas que no les permiten en otras naciones como Canadá o Estados Unidos. “Nos ven como un auténtico traspatio”, afirma. En México, Tyson Foods tiene plantas en La Laguna, Puebla, Nuevo León y Sinaloa. “El problema es que emplean químicos de manera intensiva y tienen más libertad para su uso aquí que en Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades federales no tienen ni siquiera un inventario de las sustancias tóxicas y peligrosas que se utilizan en esta industria”, señala Restrepo. En el caso mexicano, la empresa Bachoco, productora de huevo, pollos, carne de cerdo y alimentos balanceados, ha sido señalada en varias comunidades como una de las principales agroindustrias contaminadoras. Por ejemplo, en agosto de 2006, Humberto Nájera Ramírez, de la Red Ciudadana para el Bienestar Integral A.C., denunció la contaminación que desde hace años Bachoco vierte a la atmósfera en Coatzacoalcos, Veracruz. “Es una peste horrible. Si un día te toca ir por allá saldrás con náuseas y dolor de cabeza porque no se soporta”, aseguró. La compañía Fertilizantes Tepeyac, también propiedad de la familia Bours, ha sido sometida a nueve auditorías sanitarias en Sonora por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que utiliza sustancias prohibidas en Estados Unidos, como paratión, endosulfán y asodrín, según anotó la reportera Jesusa Rodríguez (Proceso 1581). Esas auditorías se realizaron entre 2004 y 2006 en las plantas ubicadas en Cajeme, Hermosillo, Caborca, Guaymas y Benito Juárez. El vacío regulatorio es grave. La última norma oficial para “la transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación animal” fue publicada el 28 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. Esta norma no prohíbe explícitamente arrojar los desechos de la industria avícola y porcícola y sólo se les ordena instalar “una planta de rendimiento, de acuerdo con lo indicado en esta norma”.

18/06/09

¿Lo peor ya pasó?

México SA

Rosita Alvirez en Los Pinos

¿Lo peor ya pasó?

La ratonera en acción

Carlos Fernández-Vega

En la negación absoluta de la realidad nacional, el siempre feliz inquilino de Los Pinos se congratula porque el país está de suerte y junto con Rosita Alvirez presume que de los tres tiros que le dieron sólo uno resultó mortal. Muy contento estaba en Chiapas con los empresarios refresqueros, de cuando tuvo a bien enterar a los mexicanos que la crisis económica es, en particular, a nivel internacional, para inmediatamente después informarles que en la primera quincena de junio los empleos en México no sólo no disminuyeron, sino que, aun sin hablar de los empleos informales, los formales, es decir, registrados y pagados en el Seguro Social, aumentaron en términos netos en 17 mil 600 nuevos puestos de trabajo en el país.

¡Felicidades!, mexicanos renegados, porque lo que vive el país no es crisis, sino mera manifestación de masoquismo autóctono. Calderón está muy contento por la generación de 17 mil 600 empleos formales, y hay que compartir su felicidad, ya que ahora sólo faltan por recuperar 685 mil puestos de trabajo formales cancelados en los últimos siete meses y adicionalmente generar un millón 200 mil plazas laborales para satisfacer la demanda y que la situación quede tablas con respecto a octubre de 2008, sin considerar los millones de subempleados y desempleados que sobreviven en el país que recibió tres tiros, con la suerte de que sólo uno fue mortal.

Por si fuera poco, el inquilino de Los Pinos se regocijó, porque la crisis económica (externa) ha generado pérdidas de empleos, tasas muy altas de desempleo, de más de dos dígitos (mientras que) en México tenemos una tasa de desempleo de menos de 5 por cierto; puede subir, desde luego, puede variar. Pero en Estados Unidos y en Europa tienen tasa de desempleo de dos dígitos. En efecto, en esos países que nos envidian existe el seguro de desempleo y hacen circo y maroma para abatir la desocupación, mientras aquí, reposadamente, todo se arregla con discursos. Lo que olvidó mencionar es que cuando arribó a la residencia oficial la tasa de desocupación abierta en el país era de 3.5 por ciento y en mayo de 2009 llegó a 5.5 por ciento, un aumento de 57 por ciento en el número de mexicanos desocupados.

Y el festejo calderonista se da justo cuando el Inegi informa sobre la pavorosa caída que registró la producción industrial en México durante el pasado mes de abril: 13.2 por ciento, la mayor en cinco lustros, con el costo asociado a la pérdida de empleo. Con este desplome, la producción industrial en el país acumula 11 desplomes en un año, aunque cuando se reportó la única alza ésta fue de tan sólo 0.1 por ciento.

En su refrescante reunión con los empresarios embotelladores en Chiapas, entre tantas otras cosas Calderón presumió que uno de los sectores que genera empleos en este momento y que en este mes de junio generó 12 mil nuevos empleos para mexicanas y para mexicanos, fue el sector de la construcción. Pues bien, en abril de 2009 el sector de la construcción reportó un desplome de 11.3 por ciento, y desde agosto de 2008 registra la cancelación de 150 mil empleos formales, de tal suerte que sólo faltan 138 mil plazas laborales para recuperar las existentes siete meses atrás.

No se sabe si igual de feliz que el inquilino de Los Pinos, pero sí de oportuno, el ex secretario de Hacienda José Angel Gurría vino a México a difundir la nueva: en México lo peor de la crisis ya pasó, y con base en cifras de enero a marzo de 2009 el ahora secretario de la OCDE tuvo a bien detallar que lo más negativo en materia de pérdida de empleo, actividad industrial y caída de las exportaciones se vivió en el primer trimestre del año.

Pues bien, a sus esperanzadoras cifras del primer trimestre de 2009, Gurría debe añadir otras, las correspondiente al cuarto y quinto mes del año en los tres sectores en los que, afirma, ya pasó lo peor: en abril-mayo de este año se cancelaron cerca de 172 mil empleos formales, 55 por ciento de los perdidos en lo que va de 2009 (310 mil en cinco meses); en abril la actividad industrial se desplomó 13.2 por ciento, contra 6.4 por ciento en marzo; y en abril las exportaciones totales registraron una caída de 35.6 por ciento, contra 25.1 en marzo, 29.5 en febrero y 31.5 en enero. Otro personaje al que le gusta la tesis de Rosita Alvirez.

El Inegi detalló que en abril pasado la producción industrial en México se desplomó 13.2 por ciento en términos reales y a tasa anual. Los cuatro sectores que la integran cayeron: industrias manufactureras, 18 por ciento; construcción, 11.3 por ciento; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 2.7 por ciento; y actividad minera, 0.4 por ciento, motivado por el comportamiento a la baja de la producción petrolera.

Y mientras Foxderón presume los virtuales logros de su administración, el tino de sus políticas anti cíclicas y lo bien que ha hecho las cosas, por abajo del agua pretende recortar el presupuesto a las universidades públicas del país, a la par que incrementa los dineros del erario para rescatar empresas privadas. Según su primitiva visión, deben ser esos centros de estudio y su población, entre muchos otros, quienes paguen los errores, excesos y desvaríos de la continuidad.

Bien por los rectores de las universidades públicas, quienes han fijado su posición: ni un peso atrás, mientras el titular de la SEP, el amigo (de Calderón) Alonso Lujambio, hace el trabajo sucio y exige a las instituciones de enseñanza superior aplicar de manera (obligadamente) voluntaria medidas de racionalización del gasto. ¿Quiere el inquilino de Los Pinos dinero de inmediato para tapar los hoyos por él abiertos? Fácil: que a la de ya cancele el multimillonario subsidio público a la iniciativa privada para investigación y desarrollo, sin beneficio alguno para el país. La elección es sencilla (cuando menos para la mayoría civilizada): Pepsi y Bimbo, o UNAM e IPN; las armadoras trasnacionales, o las universidades públicas.

Las rebanadas del pastel

Mientras Juan Molinar Horcasitas goza de impunidad en el asunto IMSS-guarderías subrogadas, crece la versión de que Agustín Carstens quiere renunciarle a Calderón (la economía se maneja en Los Pinos, como en tiempos echeverristas). Habría que evaluar si una eventual salida del doctor catarrito de la Secretaría de Hacienda tendría un mayor costo político-económico (sobre todo internacional) que el hasta ahora pagado por su estancia al frente de las finanzas nacionales, pero todo apunta a que la campaña de renuncia sale de la ratonera para promover el triunfal regreso de Pedro Aspe. Igual pega.

15/06/09

Bours: Fabricante de ricos… y de pobres


El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sonados casos de corrupción y tráfico de influencias.

José Gil Olmos Proceso 13 de juio del 2009


HERMOSILLO, SON.-Cuando Eduardo Bours Castelo empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, 1 millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos.

A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió contra Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal.

Con todo, Bours se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular.

Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en decimoprimero por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos.

La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí 1 millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en relaciones industriales y laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours.

–¿A qué se debe ese rezago?

–Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear.

–¿Ese aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder?

–Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones, hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH.

Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En ese sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.

Fracaso económico

A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta.

En agosto de 2007, Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública con el fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces.

Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para ésta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo.

En septiembre de 2007, algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras, ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas.

La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de ese préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras, pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de 1 millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa está muy controlada”, advierte.

Beneficio para empresarios

Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso.

Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica.

Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura.

No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica. De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esa transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad.

La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto.

El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el Consejo Ciudadano de Vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral.

–¿Va hacia el fracaso el plan?

–La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica.

–¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal ese plan?

–No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó eso para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección.

–¿Qué constructoras se han visto beneficiadas?

–Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja de 5% en la licitación y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí eso me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.

El millonario negocio de los Bours


Familiares del gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours Castelo, han recibido del IMSS 13 guarderías subrogadas que les generan ingresos mensuales por 4 millones de pesos.

Redacción

El Universal
Lunes 15 de junio de 2009
politica@eluniversal.com.mx

En Sonora llevar los apellidos Bours, Robinson, Hoeffer, Scheleske, Velasco Ramos y Téllez Nieves, tiene dos constantes: que se es familiar del actual gobernador, Eduardo Robinson-Bours Castelo, y dueño de una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hermanos, primos y sobrinas de Bours reciben, en conjunto, cada mes, poco más de 4 millones de pesos, como pago por los servicios que le prestan al IMSS, al operar, al menos, 13 guarderías en todo el estado.

Los familiares del gobernador tienen guarderías a lo largo de todo el territorio sonorense. Lo mismo operan estancias en la capital, Hermosillo, que en Navojoa, Ciudad Obregón o Nogales.

Cada estancia infantil subrogada tiene una matrícula promedio de 150 niños y el gobierno federal les entrega a los dueños de estos establecimientos 2 mil 100 mensuales por cada menor que atienden.

Los dueños de la guardería ABC, que se incendió el pasado viernes 5 de junio en la capital sonorense provocando la muerte de 46 niños, y que mantiene a otros 26 hospitalizados, tienen a su cargo otras instancias infantiles en Sonora, todas ellas relacionadas con familiares y amigos del gobernador Eduardo Bours Castelo.

El ABC de las relaciones

El pasado miércoles 10 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social removió a su delegado regional, Arturo Leyva Lizárraga. En las mismas horas presentaron su renuncia Antonio Salido Suárez y Alberto Escalante Hoffer, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y subsecretario de Ganadería del gobierno del estado, respectivamente. Ambos aparecen como copropietarios de la guardería ABC. Desde esas fechas, el mismo gobernador Eduardo Bours confirmó que entre los propietarios había un familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, casada con Antonio Salido Suárez, uno de los funcionarios que renunciaron casi una semana después del incendio en Hermosillo.

Sobre la relación del propio Eduardo Bours Castelo con propietarios de esa o de otras guarderías poco se había dicho; algunos datos aislados se habían publicado en la prensa nacional y regional.

Los primeros peritajes a la guardería ABC arrojaron innumerables deficiencias en la habilitación del edificio. Se detectó una puerta falsa de emergencias, instalaciones eléctricas deficientes e incluso detectores de incendios instalados de manera negligente, por ejemplo. Esto hizo casi imposible salvar la vida de los niños el día del incendio.

También se dio a conocer que los dictámenes anuales que debe emitir la Unidad de Protección Civil Municipal de Hermosillo, fueron firmados por su director, Roberto Copado Gutiérrez. EL UNIVERSAL informó que Copado Gutiérrez certificó la guardería como “segura” en oficios que beneficiaron a los copropietarios, entre ellos los funcionarios públicos Salido Suárez y Escalante Hoeffer.

Ayer, El Gran Diario de México informó que Alberto Barreda Robinson, quien se dijo representante de la clínica Shriners en Sonora, acusó a Instituto Mexicano del Seguro Social de obstaculizar la salida de víctimas de la estancia infantil a los hospitales de esa institución en Estados Unidos.

Esto fue desmentido por el mismo IMSS, e incluso David Greenhald, jefe del área de quemaduras del hospital Shriners, dijo que el gobierno de México ha colaborado y que no tenía reporte de problema alguno.

Investigaciones posteriores revelaron que un hijo de Barreda Robinson, Alberto Barreda Astiazarán, ocupa actualmente el cargo de director general de Administración de la Secretaría de Salud Pública del gobierno del estado, con oficinas en el Edificio Sonora del Centro de Gobierno, en boulevard Paseo Río Sonora y calle Comonfort, en la ciudad capital Hermosillo.

Según datos hemerográficos, el 18 de diciembre de 2002 Barreda Astiazarán fue involucrado en irregularidades en la legalización de más de 10 mil vehículos de procedencia extranjera e instancia ilegal en el país. En esas fechas fueron señalados también otros ex funcionarios, entre ellos Enrique Francisco Ruibal Astiazarán, entonces director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, y hermano de Roberto Ruibal Astiazarán, ex secretario de Gobierno del estado y actualmente presidente del CDE del PRI.

Un hermano de Alberto Barreda Astiazarán, Gustavo Alejandro, fue nombrado director de Administración y Presupuesto de Radio Sonora dos años después de aquel incidente, el 2 de julio de 2004. Los reportes de prensa señalan que el mismo gobernador, Eduardo Bours Castelo, le tomó protesta.

La radiodifusora es propiedad del gobierno del estado. Gustavo Alejandro es ahora director general de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Hermosillo.


Guarderías, negocio de la familia de Bours

Dos hermanos,primos, sobrinas, parientes políticos y allegados, en el padrón de dueños.

Redacción
El Universal
Lunes 15 de junio de 2009

Familia consanguínea y política, así como varios allegados del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, son propiJustificar a ambos ladosetarios de por lo menos 13 guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reveló una investigación de EL UNIVERSAL basada en datos oficiales.

Cada estancia infantil subrogada tiene un promedio de 150 niños. Por cada uno de los menores se reciben 2 mil 100 pesos mensuales del gobierno federal. Sólo por estos 13 negocios detectados, la familia consanguínea y política de Bours Castelo capta más de 4 millones 95 mil de pesos al mes.

Las guarderías están a nombre de un hermano y una hermana, primos y varias sobrinas de Bours. En el padrón de propietarios de guarderías del estado proliferan apellidos como Hoeffer, Scheleske, Robinson, Bours, Velasco Ramos y Téllez Nieves, todos ellos relacionados en diferente grado con el mandatario.

Las estancias propiedad de los cercanos de Bours no sólo se encuentran en la capital, Hermosillo, sino también en otras localidades de Sonora como Navojoa, Ciudad Obregón o Nogales.

La información también revela que familiares de los dueños de la guardería ABC, que se incendió el pasado viernes 5 de junio provocando la muerte de 46 niños y otros 26 hospitalizados (algunos de ellos en estado crítico), tienen a su cargo otras estancias infantiles.

Un equipo de EL UNIVERSAL pudo verificar el 8 de junio, tres días después de la tragedia, que albañiles trabajaban en la Guardería del Río de Hermosillo, propiedad de Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, esposo de Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la ABC, y cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, compadre del gobernador Bours.

Los obreros instalaban puertas de emergencia y rampas en esa guardería.

Las investigaciones señalan que la Guardería del Río (U-0939) y Desarrollo Infantil de Nogales (U-0300) tienen como representante legal a Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer.

Servicios Especializados Gno. Sonora (U-1234) y Guardería Norte (U-0934) están a nombre de Antonio Scheleske Moreno, esposo de María de los Ángeles Félix Bours, sobrina del gobernador. Esta última estancia infantil está cerrada desde hace algunos meses.

Guardería Participativa Canaco tiene dos inmuebles (U-801 y U-802). Su representante legal es Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del gobernador.

Estancia Infantil de Navojoa cuenta con tres guarderías (U-1190, U-1000 y U-1279). Están registradas bajo el nombre de Adrián Jesús Robinson Bours Cabrera, primo del mandatario estatal.

La Guardería del Centro (U-0785), de acuerdo con los datos oficiales obtenidos, tiene como representante legal a María de la Soledad Velasco Ramos, prima de Bours.

Pasitos Adelante (U-0933) tiene tres socias: Sandra Lucía Téllez Nieves, Ana Laura Gaxiola Araiza y María de la Soledad Velasco Ramos. La primera es esposa de Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer; la segunda está casada con el hermano de Antonio Scheleske Moreno —casado con la sobrina del gobernador—, y la tercera es prima del mandatario local.

Guardería Reino Infantil (U-1235) registra a dos socias: María de los Ángeles Bours Castelo y María de los Ángeles Félix Bours. La primera es hermana del gobernador y la segunda es su sobrina.

Finalmente, la CD1 44 de Ciudad Obregón (U-0385), está bajo registro de María de los Ángeles Félix y Sonia Félix Bours, sobrinas del mandatario estatal.

Entre paréntesis se anota la clave de identificación de cada guardería.

Se desconoce, hasta el momento, si más familia consanguínea y política del gobernador está en el negocio de las estancias infantiles, o si los mencionados hasta el día de hoy tienen más.


Negligencia del IMSS en la atención de los niños quemados, dice experto

Los médicos del instituto están haciendo cochinadas, expresa representante de Shriners

Negligencia del IMSS en la atención de los niños quemados, dice experto

Por indolencia no se envía a lesionados para su tratamiento especializado en EU, asegura

Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
La Jornada
14 de junio del 2009

Hermosillo, Son., 13 de junio. Alberto Barreda Robinson, representante en México de los hospitales Shriners, de Estados Unidos, acusó de negligencia médica a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, donde han muerto ya dos sobrevivientes del incendio de la guardería ABC. Está en riesgo la vida de al menos otros siete niños al negarles su traslado a nosocomios especializados del país del norte, advirtió.

En las últimas horas se les murieron dos por negligencia médica; ya habían pasado el periodo crítico y se les murieron porque les dieron un baño en agua, cuando se sabe que eso no se puede hacer con un paciente así. He visto que los médicos del IMSS están haciendo cochinadas, no saben ni lo que hacen, bañaron a los niños y les colapsaron los pulmones, dijo en relación con los dos menores que fallecieron en las últimas horas en Guadalajara.

Especialista en atención a niños víctimas de incendios, Barreda ofreció una conferencia de prensa para calificar de falso lo dicho este sábado por autoridades del IMSS, a las cuales no identificó, de que no hay suficiente visibilidad en los aeropuertos estadunidenses para trasladar a los niños internados en el Hospital de Especialidades de Occidente, en Guadalajara.

Estamos listos para recibir a todos los niños en nuestros hospitales en Sacramento, en Cincinnatti y en Boston, ya hemos evaluado a muchos niños que deberían haber sido trasladados, pero por negligencia criminal de las autoridades del IMSS, los pequeños siguen en Guadalajara, en un hospital que si bien cuenta con un buen equipo, tiene a médicos totalmente inexpertos en quemaduras, sostuvo.

Desde que los niños salieron de Hermosillo a Guadalajara, explicó, se detectaron irregularidades en los traslados, que fueron hechos con engaños a los padres de familia, a quienes de última hora les avisaban que sus hijos no serían llevados a los hospitales Shriners, sino al del IMSS en Jalisco.

Barreda Robinson dijo: “el IMSS actúa de forma indolente, irresponsable y criminal; así lo digo, criminal, porque es criminal la actitud de no trasladarlos con mentiras; nos dicen, por ejemplo, que el avión para los traslados se quedó en Cincinnatti luego de hacer un viaje y que ya no pudo volver a Guadalajara por más niños, por las condiciones del clima.

Hubo un niño que se iba a trasladar a Sacramento en un avión de la Marina mexicana, pero antes de despegar nos dimos cuenta que el plan de vuelo que traía era a Guadalajara, por lo que de inmediato nos opusimos a que la nave saliera y fue entonces que gracias al apoyo del cónsul en Hermosillo (John Brendistine) y la Cruz Roja, se habló con Hillary Clinton (secretaria de Estado estadunidense), quien dio órdenes para que se abriera una vía aérea militar y el avión pudiera volar directo a Sacramento sin restricciones, pasando sobre espacios aéreos reservados, manifestó.

De qué se trata, ¿quieren matar a los niños o qué? Que diga el señor Daniel Karam ya qué es lo que pretende, si acaso tiene instrucciones de acabar así con el problema, porque para mí esto ya se pasó de la raya, sostuvo.

Según uno de sus portales en Internet, a principios de 1900 masones neoyorquinos fundaron la Fraternidad Shriners, cuyo primer hospital abrió en 1922 en Shreveport, Luisiana, y hasta hoy se le añaden 21 en ciudades de Estados Unidos y el Distrito Federal en México de los cuales 18 son ortopédicos, tres para quemaduras y uno para lesiones de médula espinal. Sus tratamientos son gratuitos y sólo en 2007 tuvieron un presupuesto de 721 millones de dólares procedentes de regalías, legados, donaciones, eventos recaudatorios y membresías anuales de sus casi 550 mil socios.

11/06/09

País subrogado ABC


Astillero

País subrogado ABC

Guardería Lotenal

Teledictadura tapadera

Julio Hernández López
Diario La Jornada
10 de junio del 2009

Felipe Calderón sigue poniéndole catastróficos techos de hielo seco a las bodegas compartidas de su país subrogado ABC. Ayer ratificó (también en el sentido roedor) otra concesión nefasta, al entregar el manejo de la guardería de dinero fácil de birlar denominada Lotería Nacional a la profesora-empresaria Gordillo, que guarda claro emparentamiento de tipo político con los Calderón Gómez del Campo y, al mismo tiempo, con el gerente regional de Sonora, Eduardo Bours Castelo, con quien ha hecho negocios de zoología política en los que pollastres locales de tres colores se han convertido en mapaches de caldera grande para elecciones federales.

Es hasta de mal gusto, por el momento que se vive en Sonora (donde ayer renunciaron a sus cargos dos funcionarios de Bours cuyas esposas son concesionarias de guarderías, para taparle el ojo al pollo, con especial insistencia en deslindar de cualquier responsabilidad a los parientes lejanos ahora instalados en Los Pinos), el cinismo designador de funcionarios sabidamente encaminados al uso de las arcas públicas con sentido faccioso y delictivo, como es el caso de Benjamín González Roaro, élbico recaudador de rentas que ya mostró sus dotes en el ISSSTE (recuérdese el reciente homenaje a la impunidad con el caso del dimitente Miguel Ángel Jiménez, otro prócer del ITAM pasado por las aguas turbias del Panal y luego pillado en Campeche haciendo transas publicitarias con cargo a la Lotería para impulsar la entrega electoral del negocio Campeche a los continuadores de la franquicia Mouriño).

Aunque, vista de otra manera, la entrega de la Lotenal al gordillismo mortífero, que luego acabará culpando a algún cooler de las tragedias desde ahora incubadas, también es de alto contenido pedagógico, pues muestra al alumno Felipe siguiendo el ABC depredador de la ronda macabra que tiene a México en la tragedia recurrente: el dinero de todos es entregado a unos cuantos que se lo embolsan en lugar de dedicarlo a las urgentes tareas de salvamento y recomposición social. Dicho con las manzanas de la pillería institucionalizada: las desgracias cotidianas son la prosperidad de unos cuantos, los fondos públicos robados significan la desatención de las carreteras en que se matan los mexicanos, la falta de medicamentos y hospitales, la degradación de la educación pública, la conversión de las cárceles en horrores que desembocan en motines y represión, el desempleo y un largo etcétera de criminales incumplimientos de las obligaciones públicas de los cuales el botón doloroso más reciente se ha dado en el Hermosillo dominado por los Bours que han hecho del erario estatal una fuente obscena de negocios para los suyos, familiares y amigos, y por la camarilla de gente decente que con el panismo foxista y calderonista ha obtenido contratos y concesiones que les permiten darse la gran vida, adornando las páginas de esas gestoras de la subversión social que son las publicaciones de sociales, exhibiendo sus lujos y frivolidades entre la creciente miseria colectiva a la que ahora se le está añadiendo el peligroso ingrediente del odio social acumulado.

A la cadena de agravios se suma la indicativamente imprecisa postura de la esposa de Felipe Calderón, que ha negado conocer personalmente a Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las concesionarias de la bodega de niños ABC, y habla de su relación con esa familia como si fuera una estampa sepia de un abandonado álbum familiar del siglo pasado, cuando –como se publicó ayer aquí– hay evidencias de la frescura y consistencia de ese vínculo, ni más ni menos que la invitación a esa familia, Gómez del Campo Tonella, a compartir la reunión conmemorativa de las ocho décadas de vida de la madre de Margarita Zavala Gómez del Campo. En la galería de fotos de la sección de Sociales Plus de El Imparcial del pasado 31 de mayo se puede ver a miembros de la familia de la ahora famosa Marcia, aunque no específicamente a ella mas sí a su madre del mismo nombre. Concediendo que la esposa de Calderón no conociera a la hija Marcia, es evidente que existen actualizados y firmes lazos con, cuando menos, el resto de la familia.

La conexión sonorense no es sino una parte del gran sistema de jugoso empleo familiar y de usufructo de bienes públicos mediante contratos discrecionales que han desarrollado múltiples miembros de las familias Calderón, Hinojosa, Zavala y Gómez del Campo, luego caracterizadas por plumas amigas como parte de las parentelas custodio de los valores panistas. Pero la evidencia regional está siendo heroicamente tapada en los grandes medios electrónicos de comunicación por los mismos locutores y conductores que en otros temas suelen mostrarse como implacables verdugos e histéricos denunciantes de actos de corrupción que a sus patrones conviene exhibir. La teledictadura bipolar que hoy se vive en México no ha tenido pudor en reducir la cobertura de dos hechos noticiosamente importantes: las acusaciones de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas de Gortari, que fueron celosamente condenadas a la inexistencia, y la relación familiar de la esposa de Calderón con una de los concesionarios de la antedicha bodega infantil ABC. Bajo la premisa aplastante de que lo que no pasa por sus pantallas no tiene existencia, relevancia ni continuidad política y mediática, los controladores de la percepción masiva censuran, manipulan y deforman (según las necesidades del cliente y en cuotas o combinaciones flexibles), creyendo que así pueden acomodar la realidad a sus proyectos ABC.

Astillero

Es priístamente obvio: si Dulce María Sauri hubiese sido favorecida en semanas anteriores con la candidatura a diputada federal que pretendió, hoy estaría haciendo campaña en busca del voto que ahora pretende vestir de blanco despechado... Y, mientras la alta sensibilidad social del Yunque-PAN hace que José Luis Luege proponga el aumento de tarifas por consumo de agua, ¡hasta mañana, con los trabajadores de Aviacsa que siguen resistiendo!


La impotencia


JOSé GIL OLMOS

Semanario de análisis Proceso

MEXICO, D.F., 10 de junio (apro).- Eduardo Bours parecía que cabalgaba libre de obstáculos en uno de sus caballos preciados al final de su administración. Con un control de la política de Sonora, muy al estilo de los viejos caciques, se perfilaba como uno de los candidatos hacia las elecciones presidenciales, pero de pronto se le cruzó la muerte de 44 niños en una guardería propiedad de funcionarios de su administración y parientes de la familia presidencial, lo que ha generado una protesta social contra su gobierno y una amenaza a sus ambiciones políticas.

El gobernador de Sonora es conocido como uno de los empresarios más exitosos y ricos de la entidad. Su familia tiene múltiples negocios en la rama del turismo, automotriz y de los medios, que se suma a la productora de huevos Bachoco que se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional. Todo esto y sus vínculos con la maestra Elba Esther Gordillo lo había instalado como uno de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial para el 2012 pero no por su partido, el PRI, sino por el partido de la líder magisterial el Panal.

Sin embargo, la tragedia de la muerte de los 44 niños ocurrida el pasado 5 de junio, puso en evidencia las ineficiencias de su gobierno, que ha estado más atento en hacer crecer los negocios familiares y apuntalar su proyecto político que atender a los sonorenses.

Es conocido que miembros de su familia se han beneficiado desde que llegó al gobierno acrecentando su riqueza. Los mismo con la compra de camiones de pasajeros y autos para el gobierno, que con la adquisición de terrenos, que luego son revendidos por la propia administración, o también la edificación de hoteles de lujo en Puerto Peñasco, en tierras que compraron a ejidatarios en unos cuantos pesos y que luego son revendidas en millones de dólares a los baby boomers que son la generación de jubilados norteamericanos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y buscan espacios de esparcimiento en las playas mexicanas.

Para detener las protestas y, sobre todo, para amortiguar el impacto político, es que Bours reaccionó presionando la salida de dos de sus funcionarios que aparecían como propietarios de la empresa ABC, que administraba la guardería siniestrada: Antonio Salido Suárez, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Alberto Escalante Hoeffer, subsecretario de Ganadería, supuestamente para no entorpecer las investigaciones.

Pero, en el fondo del asunto, está la presencia de Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, que también era socia de ésta empresa, beneficiada por una decisión presidencial desde la administración de Ernesto Zedillo de subrogar a la iniciativa privada algunas de las áreas del IMSS, como el manejo de las guarderías, y que los gobiernos del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón, han mantenido sin preocuparse de los riesgos.

Es evidente que Bours hará todo lo posible para enterrar cuanto antes la mayor tragedia de muerte infantil en la historia de México. Seguramente querrá despojarse de toda responsabilidad y, como ya lo viene haciendo, organizar una campaña para que no se afecte su imagen.

Pero difícilmente podrá hacerlo, pues una tragedia como esta no se borra de la memoria social con ninguna campaña de televisión y tampoco con decisiones a medias, pues son errores que evidencian la incapacidad de gobierno, la soberbia política y la ambición personal, que lo han caracterizado desde que llego al gobierno de Sonora y aun desde antes.

Los Gómez del Campo, crímenes subrogados


Justificar a ambos ladosJENARO VILLAMIL

Semamario de análisis Proceso
9 de junio del 2009

MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no puede convertirse en otro "lamentable accidente", a los que nos tiene acostumbrados la clase política, para evitar la acción penal contra autoridades y particulares responsables de la muerte de 44 infantes, que podría elevarse a medio centenar por la negligencia criminal.

En Pasta de Conchos, Coahuila, la empresa Minera México, de Germán Larrea, se apuró a tapar el sol con un dedo tras la muerte de más de 60 mineros, apoyada por la evasión mediática de Televisa y el encubrimiento de la Secretaría del Trabajo.

En el operativo del News Divine, en la Ciudad de México, sólo responsabilizaron a mandos policiacos intermedios de la muerte por asfixia de más de 12 jóvenes, criminalizados de antemano por la filosofía del gobierno de la mano dura.

Y ahora, en Hermosillo, Sonora, el modelo de guarderías "subrogadas" trata de evadir la responsabilidad del desastre.

Las contradicciones afloraron a menos de una semana del siniestro. Por un lado, la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, reconoció que sí existe un parentesco "lejano" con Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las accionistas de la guardería ABC, con quien, aclaró, no tiene contacto personal.

Pero el gobernador priista Eduardo Bours se salió del guión al declarar ante Carmen Aristegui, en MVS Radio, y a Carlos Loret de Mola, en Televisa, que sí existía una relación cercana entre ambas.

"Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una reiteración familiar. Pero también reitero que el inicio de la operación de la guardería es de 2001, no comenzó con el presidente Calderón en 2006; me parece absurdo ligar una cosa con la otra", declaró Bours en un tardío intento de exculpar anticipadamente al entorno familiar de la primera dama y del primer mandatario de cualquier responsabilidad.

La prisa del mandatario sonorense lo llevó a cometer varios errores y a abrir flancos que tendrán que explicar tanto autoridades emanadas del PRI como del PAN.

Hasta ahora no se ha mencionado con suficiente claridad la responsabilidad del exalcalde panista de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela (2001-2003), quien autorizó el uso de suelo a la estancia infantil en terrenos destinados a uso industrial.

El silencio es deliberado, ya que Búrquez Valenzuela es uno de los colaboradores principales del candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano.

Y el ocultamiento también pretende desviar la atención sobre los vínculos de funcionarios del gobierno de Bours Castelo y sus relaciones de complicidad con el círculo íntimo de Los Pinos.

Otro de los dueños de la guardería ABC es Gildardo Urquídez Jr., quien trabajó en la secretaría de Finanzas del PRI en Sonora.

Además, la señora Marcia Gómez del Campo no sólo es prima de la primera dama, sino esposa de Antonio Salido Suárez, director de infraestructura del gobierno local de Bours.

El panorama es aún peor: Los negocios de los Gómez del Campo no se limitan solamente a sacarle jugo al esquema de "subrogación" de las guarderías del IMSS –se calcula que mil 500 establecimientos que atienden a 223 mil niños han sido subrogadas desde la época de Mario Luis Fuentes, exdirector general del Seguro Social en el último tramo del sexenio foxista–, sino que se extienden a otro negocio que hace recordar el escándalo Hildebrando.

El contrato no médico más importante del Seguro Social otorgado a una sola empresa fue el que se le entregó a la empresa hindú Tata Consultancy Services, por 3 mil 103 millones de pesos. El responsable de esta asignación fue el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

Sin embargo, la empresa hindú Tata Consultancy es tan sólo la fachada del verdadero accionista y beneficiario del contrato: Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la primera dama y famoso desde que en 2006 el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador difundió los millonarios contratos de esta empresa de software con empresas como Pemex, CFE, Sedesol y el IPAB.

¿Cuántos negocios más de este tipo habrán obtenido los primos y cuñados "incómodos" del presidente de la República? ¿De qué tamaño es la complicidad con la familia Bours Castelo en Sonora y en otras partes del noreste del país para que los sucesos de la guardería ABC de Hermosillo se conviertan en un expediente más de crímenes subrogados?

email: jenarovi@yahoo.com.mx


Los Gómez del Campo, crímenes subrogados

Justificar a ambos ladosJENARO VILLAMIL

Semamario de análisis Proceso
9 de junio del 2009

MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no puede convertirse en otro "lamentable accidente", a los que nos tiene acostumbrados la clase política, para evitar la acción penal contra autoridades y particulares responsables de la muerte de 44 infantes, que podría elevarse a medio centenar por la negligencia criminal.

En Pasta de Conchos, Coahuila, la empresa Minera México, de Germán Larrea, se apuró a tapar el sol con un dedo tras la muerte de más de 60 mineros, apoyada por la evasión mediática de Televisa y el encubrimiento de la Secretaría del Trabajo.

En el operativo del News Divine, en la Ciudad de México, sólo responsabilizaron a mandos policiacos intermedios de la muerte por asfixia de más de 12 jóvenes, criminalizados de antemano por la filosofía del gobierno de la mano dura.

Y ahora, en Hermosillo, Sonora, el modelo de guarderías "subrogadas" trata de evadir la responsabilidad del desastre.

Las contradicciones afloraron a menos de una semana del siniestro. Por un lado, la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, reconoció que sí existe un parentesco "lejano" con Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las accionistas de la guardería ABC, con quien, aclaró, no tiene contacto personal.

Pero el gobernador priista Eduardo Bours se salió del guión al declarar ante Carmen Aristegui, en MVS Radio, y a Carlos Loret de Mola, en Televisa, que sí existía una relación cercana entre ambas.

"Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una reiteración familiar. Pero también reitero que el inicio de la operación de la guardería es de 2001, no comenzó con el presidente Calderón en 2006; me parece absurdo ligar una cosa con la otra", declaró Bours en un tardío intento de exculpar anticipadamente al entorno familiar de la primera dama y del primer mandatario de cualquier responsabilidad.

La prisa del mandatario sonorense lo llevó a cometer varios errores y a abrir flancos que tendrán que explicar tanto autoridades emanadas del PRI como del PAN.

Hasta ahora no se ha mencionado con suficiente claridad la responsabilidad del exalcalde panista de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela (2001-2003), quien autorizó el uso de suelo a la estancia infantil en terrenos destinados a uso industrial.

El silencio es deliberado, ya que Búrquez Valenzuela es uno de los colaboradores principales del candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano.

Y el ocultamiento también pretende desviar la atención sobre los vínculos de funcionarios del gobierno de Bours Castelo y sus relaciones de complicidad con el círculo íntimo de Los Pinos.

Otro de los dueños de la guardería ABC es Gildardo Urquídez Jr., quien trabajó en la secretaría de Finanzas del PRI en Sonora.

Además, la señora Marcia Gómez del Campo no sólo es prima de la primera dama, sino esposa de Antonio Salido Suárez, director de infraestructura del gobierno local de Bours.

El panorama es aún peor: Los negocios de los Gómez del Campo no se limitan solamente a sacarle jugo al esquema de "subrogación" de las guarderías del IMSS –se calcula que mil 500 establecimientos que atienden a 223 mil niños han sido subrogadas desde la época de Mario Luis Fuentes, exdirector general del Seguro Social en el último tramo del sexenio foxista–, sino que se extienden a otro negocio que hace recordar el escándalo Hildebrando.

El contrato no médico más importante del Seguro Social otorgado a una sola empresa fue el que se le entregó a la empresa hindú Tata Consultancy Services, por 3 mil 103 millones de pesos. El responsable de esta asignación fue el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.

Sin embargo, la empresa hindú Tata Consultancy es tan sólo la fachada del verdadero accionista y beneficiario del contrato: Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la primera dama y famoso desde que en 2006 el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador difundió los millonarios contratos de esta empresa de software con empresas como Pemex, CFE, Sedesol y el IPAB.

¿Cuántos negocios más de este tipo habrán obtenido los primos y cuñados "incómodos" del presidente de la República? ¿De qué tamaño es la complicidad con la familia Bours Castelo en Sonora y en otras partes del noreste del país para que los sucesos de la guardería ABC de Hermosillo se conviertan en un expediente más de crímenes subrogados?

email: jenarovi@yahoo.com.mx


09/06/09

Guardería de Hermosillo: contubernio y negocio gubernamental

SILVIA NúñEZ ESQUER

Semanario de análisis Proceso
8 de junio del 2009

HERMOSILLO, Son., 8 de junio (apro-cimac).- El polvo y el humo siempre fueron los problemas de la Y Griega. "La peste por el rastro, cuando molían los huesos, no dejaba dormir", afirman fundadoras de la colonia Y Griega, ubicada al sur de Hermosillo, donde el pasado viernes 5 murieron en un incendio 44 niñas y niños.

Instalada en terrenos ejidales, la Y Griega es una colonia de mujeres y hombres trabajadores, donde los "hoteles de paso" proliferaron y ahora forman parte del panorama urbano.

Ubicada cerca del parque industrial más grande de Hermosillo, el tránsito foráneo recorre por fuerza la periferia de la colonia, en el camino del norte al sur.

Mujeres trabajadoras de la maquila, algunas madres solteras, son quienes habitan el rumbo y, por consiguiente, quienes buscan un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos cuando van a trabajar.

Todavía sin pavimentar, las calles de la Y Griega acogen bodegas, talleres y parqueaderos de traileres. Las refaccionarias de transporte rudo son el panorama común.

En colindancia con el Periférico Sur, donde hace 30 años terminaba la ciudad, la Y Griega se recordará desde hoy como el sitio de la peor tragedia conocida en el país por la cantidad de muertes evitables de niñas y niños.



Las guarderías del panismo



Apenas a las 12:00 horas del pasado viernes, al presentar su libro El expediente Bours, el periodista Álvaro Cepeda Neri decía del gobernador Eduardo Bours Castello: "Es llamado el Hood Robin, porque le roba a los pobres para darle a los ricos".

Tres horas después, la locura del infierno confirmaría parte de esto. La guardería-bodega incendiada pertenece al sistema de estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los dueños, emparentados con Felipe Calderón y con la familia Bours Castelo, se han beneficiado del sistema que paga aproximadamente 700 pesos mensuales por cada niña o niño inscrito en estas guarderías.

Aunque no es la primera vez que muere un niño en una de las guarderías del sistema Sedesol, es ésta la más impactante, por la cantidad de fallecidos, 44 hasta el momento.

La forma vertiginosa en que se revelaron las condiciones en que se otorgan permisos sin salvaguardar la integridad de los usuarios, tiene en la mira a las instituciones que permiten operar a un centro con más de 100 personas indefensas y con las mínimas condiciones de seguridad que respondan de manera óptima a los posibles riesgos.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud, Protección Civil, el Ayuntamiento de Hermosillo, el gobierno del estado, Sedesol e IMSS han dicho que la guardería ABC, subrogada del IMSS, contaba con todas las condiciones adecuadas para operar, incluidos los permisos necesarios.

No obstante, han callado a las preguntas: ¿Por qué sólo había una puerta angosta supuestamente de emergencia, cuyo sistema eléctrico impidió que se abriera rápido? ¿Por qué la guardería opera a menos de una cuadra de una gasolinera, que por cierto los vecinos se opusieron a su instalación?

Y más: ¿Quiénes son los responsables de otorgar los permisos? ¿Qué hacía la guardería ubicada pared con pared con una bodega donde se guardaba combustible, en la cual empezó el incendio? Bodega que, por cierto, es de la Secretaría de Hacienda.

Las respuestas apuntan a la irresponsabilidad para beneficiar a ciertas personas, a costa de la población pobre. El sector de la Y Griega es periférico a la ciudad. Es un paso de transporte pesado. En ella hay bodegas, almacenes, refaccionarias…

La guardería misma, hasta hace unos años, se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil.

El propio alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como "mixto", por lo que puede operar como vivienda o como comercio.

Tal era, al parecer, el significado que tenía la guardería: un negocio en donde se optimizaron gastos para hacerlo más redituable, a costa de vidas humanas.

Sin patio, sin ventanas y con sólo una puerta de emergencia, cuyo sistema eléctrico ante la emergencia se resistió a abrirse, reflejan el horror de descubrir la negligencia de los gobiernos de los tres niveles, que manejan las guarderías como un sistema de franquicias concesionadas a sus familiares y allegados.



Normas oficiales ignoradas



La NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores de edad y adultos mayores, define que son necesarias puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC.

También especifica que en muros no se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. En la guardería ABC su techo de lámina estaba recubierto de poliuretano, altamente inflamable, que en segundos se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre los niños.

Por su parte, la norma que reglamenta las estancias infantiles del IMSS, dice que el personal de la guardería deberá vigilar permanentemente que no existan al alcance de niños y niñas factores de riesgo que afecten su integridad física.

Esto no pudo cumplirse, ya que sólo se toma en cuenta el interior del inmueble, más no los inmuebles contiguos de los que sólo los separa una pared. Además, se indica que se deberá cumplir con lo determinado en el programa de Protección Civil de cada entidad.

El reglamento de la Ley de Protección Civil de Sonora dice que el "agente destructivo de origen químico-tecnológico" son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico, y afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales; son fenómenos destructivos, tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.

De igual forma, define "análisis de riesgo" como la técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones vecinas.

En la guardería ABC se ha jugado con esto. El director de Protección Civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, admitió que la última revisión y práctica de simulacro de evacuación se realizó en junio de 2008, pese a que la ley en esa materia señala que debe hacerse por lo menos cada seis meses.

El "riesgo inminente", en tanto, se define como la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno.

También dice que las unidades internas de Protección Civil deberán "identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente".

Para los efectos del Artículo 37 de la mencionada ley, se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a 50 o más personas o que en el mismo, durante un periodo de 24 horas, circule ese mismo número de individuos, donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. Y en la guardería había 176 niños, más el personal.

Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto riesgo, aquellas en las que se "almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles". En el caso de la guardería ABC era como si el combustible estuviera en el mismo edificio, puesto que los separaba de él sólo una pared.

Todas las disposiciones de la Ley de Protección Civil de Sonora están hechas bajo el supuesto de una edificación normal, no de una bodega adaptada para guardería.



Corresponsabilidad del gobierno estatal



En agosto de 2006, el gobierno de Sonora dio a conocer, sin más explicación, que los centros de desarrollo infantil Fernanda Luken de Obregón y Beatriz Velazco de Alemán, operados por el DIF estatal, cerraban sus puertas, para dar paso a la operación de 28 "casas de apoyo", servicio prestado por particulares en casas dispersas por la ciudad.

Los nuevos centros de cuidado de niñas y niños, con la vieja técnica de "cuidar niños", dieron al traste con la profesionalización que se había logrado a partir de los años setenta, al crecer el sistema de centros de desarrollo infantil.

Poco después se dio a conocer que también el centro de desarrollo infantil de la colonia Adolfo de la Huerta, del DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los niños, dejando así a cerca de 900 de ellos a la deriva.

Muchas de las madres trabajadoras regresaron a la incertidumbre de dónde dejar a sus hijos, por lo que muchas optaron por dejarlos en las casas de apoyo, sin ningún tipo de certificación que garantizara un cuidado profesional.

Otras tantas vieron como una oportunidad, con más tranquilidad, el ingresar a sus pequeños en las guarderías del IMSS, pues suponían que estarían mejor supervisadas.

Según el director del IMSS en Sonora, hoy existen 88 guarderías, de las cuales 79 están dentro del esquema de subrogación y sólo nueve bajo el régimen ordinario.

Ante ello, el gobierno del estado nunca dio una explicación a la sociedad, y los centros se convirtieron en oficinas, con lo que se abonó al desastre que el viernes pasado conmovió al mundo.



Crimen de Estado, violación de normas



Irónicamente, el objetivo del programa de estancias infantiles de Sedesol establece que busca disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niñas o niños de entre uno y 2 años 11 meses de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos en el momento de solicitar el apoyo, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral.

Así mismo, en la modalidad de apoyo a madres y padres trabajadores, en los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos, con al menos un niño o niña de uno a 2 años 11 meses de edad, en los que las madres o padres o principales cuidadoras trabajan o están buscando trabajo y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

Establecidas por este programa, las guarderías del IMSS dan servicio directamente a la población de menores ingresos. Para ser usuaria de estas guarderías, la persona solicitante deberá estar en condiciones de pobreza, y que la guardería o estancia infantil esté ubicada en una zona de alta concentración de pobreza o marginada.

Los niveles de ingreso de las usuarias parecen directamente relacionados con el escaso nivel de atención a la organización y prestación del servicio que, más lejos del beneficio, se tornó en tragedia.

Por eso las palabras del director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, sobre la supuesta revisión que se hizo a la guardería ABC –que "cumplía con todos los requisitos", el pasado 26 de mayo–, resultaron un insulto para la irritada población hermosillense.



Socias y socios del poder



La subrogación, como forma de eludir responsabilidades para con las mujeres trabajadoras, y negocio redituable para las familias adineradas, no pudo, sin embargo, ocultar la identidad de socias y socios dueños de esta guardería ABC.

Al dar a conocer públicamente sus nombres a través de un comunicado del gobierno del estado y luego en diarios locales y hasta en un video en Youtube, se reveló que los dueños son prominentes sonorenses no sólo por su posición económica, sino también por sus nexos políticos con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y de Eduardo Bours, gobernador de la entidad.

Como lo dio a conocer ayer el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son dueños Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa (según la prensa local) del subsecretario de Ganadería del gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo.

También aparece como dueña Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala.

Según medios locales, Altagracia es hija del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad, y tío directo de la esposa de Felipe Calderón.

Por otro lado, la madre de Altagracia Gómez figura como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente), que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis.

En el Registro Público de la Propiedad se nombró también a Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit.

No era ésta, sin embargo, la única guardería que opera esa razón social, hay más en el estado con el mismo esquema: habilitar bodegones, pues resulta más económico que hacer una nueva construcción con todas las especificaciones de funcionalidad y seguridad.

Ante tales evidencias, el mejor homenaje que pudieran tener las niñas y niños fallecidos es la aplicación de la justicia a los responsables de que una doctora gritara, ante madres y padres afligidos: "Tenemos una niña sin identificar, que tiene sus uñitas pintadas de verde".

Margarita desconoce

Astillero

La culpa es del cooler

Versiones calientes

Margarita desconoce

Julio Hernández López
La Jornada
9 de junio del 2009

Es la historia de ¿siempre?: serios, con aire medidamente trágico, los funcionarios hacen como que se preocupan y en seguida prometen investigaciones a fondo, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias (en Hermosillo, alguno de esos vividores se lució hablando de que no habrá inalcanzables). Por lo pronto, el principal sospechoso y aspirante al paredón social es el cooler, el sistema de refrigeración de una bodega de la secretaría sonorense de Hacienda que se habría calentado de más, al grado de que chispazos habrían caído sobre inocentes documentos oficiales e iniciado un incendio que se extendió al local adjunto, en el que sobrellevaban el tiempo de espera de sus padres unos bebés hacinados, peor que en granjas Bachoco.

Menos dados a la benevolencia interpretativa, los sonorenses comenzaron a conocer ayer mismo las versiones de vecinos del lugar que aseguran que en esa bodega gubernamental se almacenaban expedientes relacionados con progresos patrimoniales de funcionarios de alcurnia, con pillerías fiscales detectadas y negocios hechos al amparo del poder, tesoros de fin de sexenio de los cuales acomedidas manos habrían pretendido deshacerse mediante un piadoso incendio intencional, que se habría salido de control y se habría extendido a la continuación de esa bodega que es la ahora tristemente célebre guardería ABC; también se habla de que en esos lugares cerrados se ordeñaban vehículos oficiales para suministrar combustible a los equipos de campaña del candidato priísta, Alfonso Padrés, y, por último, hay quienes aventuran que a sabiendas de esas condiciones de natural incriminación hacia el priísmo, genios electorales contrarios al tricolor gobernante en la entidad hubieran generado un incendio delator que se habría extendido por accidente a la antedicha guardería.

En todo caso, lo mejor sería confiar en los dichos del amigo que Felipe habilitó nomás por eso como director general del Seguro Social, Daniel Karam, quien aseguró en Hermosillo que el pasado 26 de mayo se habían revisado las instalaciones de la ABC y todo estaba en orden (ahora, Karam pretende culpar de esa revisión a la dirección de Protección Civil del municipio de la capital sonorense). Miembros del circulito íntimo que son colocados en el manejo de recursos y poder que jamás soñaron, fanáticos de las doctrinas excluyentes y clasistas en que son educados en la trágica escuela de cuadros del calderonismo que ha sido el ITAM. O panistas militantes que son premiados con el primer cargo a la mano, como la responsable de las guarderías del Seguro Social a escala nacional, la sonorense Carla Rochín Nieto.

Pero, volviendo a lo importante: pinche cooler (y los funcionarios cooleros), que tal vez acabe siendo el gran culpable y el único sancionado importante, porque, por lo pronto, la gran mayoría de los medios nacionales de comunicación han cuidado el apellido Gómez del Campo y apenas lo han rozado con el pétalo de referencias sin contexto ni ahondamiento de circunstancias, como si la relación familiar de una de las tres concesionarias de la guardería ABC con la esposa de Felipe Calderón fuese un simple dato accesorio, sin sentido ni implicaciones en el banquete de la riqueza nacional a la que se han sentado, por la fuerza del poder ilegítimo y de las negociaciones interpardistas, diversos miembros de las firmas Calderón, Hinojosa, Zavala y Gómez del Campo, decentísimos beneficiarios del grotesco remedo de democratización que por la vía de una insustancial alternancia partidista ha creado una clase política blanquiazul vorazmente volcada sobre los negocios, las concesiones y los privilegios, como los Fox, los Quesada, los Sahagún y los Bribiesca, pero no sólo ellos, sino también los grupos de elite del perredismo y no se diga del priísmo, con casos trágicos de sustitución de valores cívicos y compromisos ideológicos en el caso del sol azteca y de la izquierda electoral en general. Negocios, negocios, negocios, es la consigna de la decentísima derecha familiar, del priísmo empedernidamente corrupto y de la izquierda electoral que, por ejemplo, mantiene el poder en el Distrito Federal mediante mafiosos arreglos y corruptos manejos de recursos que producen diputados locales y jefes delegacionales grotescamente incultos, insensibles y rapaces. Anoche mismo, Margarita Zavala hubo de salir al paso de los señalamientos de emparentamiento con Marcia Gómez del Campo, aceptando una relación distante de cualquier concesión o tráfico de influencias: efectivamente, hay un parentesco (...) aunque yo no la conozco personalmente, tengo entendido que tenemos un bisabuelo en común. Por la mañana, el gobernador Bours había dicho a Carmen Aristegui: Marcia Gómez del Campo tiene un parentesco, entiendo, con la señora Zavala, efectivamente. Cuando ha venido aquí a Sonora la saluda. Hay una identificación familiar.

Por cierto, el pasado 31 de mayo se publicó en la sección de sociales de El Imparcial, de la capital sonorense (www.elimparcial.com/EdicionDigital/EdicionImpresa.aspx?Fecha=2009/05/31) la siguiente información: Rodeada de cariño celebró 80 años de edad doña Mercedes Gómez del Campo de Zavala, madre de Margarita Zavala de Calderón, quien acompañada de su esposo el presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y de sus hijos, arribó al festejo durante el cual se hicieron acompañar de familiares y amigos, entre los cuales estuvieron Jorge, Soledad, Marcia y Roberto Gómez del Campo, así como Carlos Gómez del Campo, Florencia Laborín, Marina Leyva de Gómez del Campo y Jerónimo Gómez del Campo, compartiendo este bonito evento familiar. La fiesta fue el sábado 23 de mayo, en el Colegio de la Asunción, en la ciudad de México, y doña Mercedes estuvo acompañada de su esposo, el abogado Diego Heriberto Zavala.

Y, mientras los dueños del negocio del futbol profesional mexicano temen una catástrofe en términos mercantiles si la Salación Mexicana no va al Mundial, ¡Hasta mañana, mientras el pacto federal ve encañonarse a policías en Monterrey!


Días de guardar/Suerte panista cambia/Familias e Hildebrandismo

Astillero

Días de guardar

Suerte panista cambia

Familias e hildebrandismo

Julio Hernández López
La Jornada
8 de junio del 2009

En un par de horas cambió la suerte electoral de Guillermo Padrés, el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora. A las 17 horas del viernes pasado debería estar contra las cuerdas, sin defensa posible, ante las acusaciones de ser un mentiroso que en un debate le haría su opositor priísta, Alfonso Elías.

Días atrás, Padrés había hecho publicar los resultados de encuestas de opinión realizadas por la firma GEA-ISA, en las que se demostraba que el panista había remontado la desventaja de origen que tenía respecto del priísta: de 10 puntos de diferencia en favor de Elías, ahora sólo serían cinco, a un mes de la hora de las urnas y bajo el dicho político de que caballo que alcanza, gana. Como suele hacerse en estos casos, el candidato panista dio a conocer a los medios de comunicación las pruebas metodológicas de su dicho: se había hecho una encuesta estatal de viviendas, entre el 21 y el 28 de mayo, a 2 mil 81 personas, y los resultados tenían un margen de error del 1.8 por ciento y un 95 por ciento de confiabilidad. El priísta tenía 42 por ciento de la intención de los votantes; el panista, 37, y la candidata perredista, cuatro.

Mas todo había sido una mentira: GEA-ISA dijo oficialmente que nunca había hecho nada para el panista y que desconocía el origen de los datos difundidos. El candidato blanquiazul Padrés no tenía más camino que aguantar las etiquetas de mentiroso confirmado que el priísta le haría, y aceptar que la posibilidad de ser gobernador se diluyera escandalosamente. Pero dos horas antes del debate sucedió una desgracia infantil que hizo posponer el debate temido (ayer se hablaba de cancelarlo) y arrojó tal cantidad de odio social sobre la camarilla priísta que se ha repartido el botín público en Sonora en los años recientes (hasta en negocios menores como las guarderías públicas subrogadas a particulares) que no sólo nadie puso más atención en el tema de las mentiras demoscópicas y el debate noqueador, sino que a gran velocidad comenzó a esparcirse la versión de que iban cambiando las tendencias electorales y Padrés volvía a tener chance de ganar.

Son priístas, integrados al grupo del gobernador tricolor Eduardo Bours Castelo los principales involucrados en la tragedia de las guarderías subrogadas. Gildardo Francisco Urquídez Serrano es el secretario de finanzas del comité estatal priísta que postula como candidato a gobernador a su pariente, Alfonso Elías Serrano. Urquides forma parte del proyecto Fuerza Sonora, en especial de la subsección Fuerza Empresarial, que apoya a Elías Serrano. Pero también ha estado en reuniones con los calderonistas y su propuesta México 2030. Priísmo y panismo fundidos en la complicidad de los intereses, beneficiarios de las mieles del saqueo local y de las concesiones y los negocios arreglados con el ámbito federal (véase el Reporte Índigo y otro negocio hildebrándico, entre el IMSS y Tata Consultancy de México, con el primo Carlos Castañeda Gómez del Campo en medio). Otra de las propietarias de la guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella (MMAGCT), por ejemplo, está emparentada con Margarita Zavala Gómez del Campo. El padre de MMAGCT es Roberto Gómez del Campo Laborín, quien resulta un eje de emparentamiento político entre la rama Gómez del Campo (a la que pertenece Mariana Gómez del Campo, la protegida de Margarita Zavala G. del C. en la política panista del DF) y la de los Laborín, pues también es tío de Lourdes Laborín, esposa del gobernador priísta Eduardo Bours Castelo.

En diversos foros de Internet, y en un video colocado en YouTube se asegura que la antedicha Marcia está casada con Antonio Salido, director de infraestructura estatal del gobierno de Bours y primo de Epifanio Salido, candidato priísta a la presidencia de Hermosillo; y Gildardo Urquídez Serrano es concuño de Alfonso Escalante Hoeffer, subsecretario de Ganadería, cuñado de Ricardo Mazón (compadre de Bours) y de Juan Carlos Lam (secretario técnico de Bours), pero, además, esposo de Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña junto con Urquídez y la sobrina Marcia de la guardería ABC y de otras más en Hermosillo y el interior del estado.

Lo que sucedió en la capital sonorense es una combinación de las políticas depredadoras del neoliberalismo (la entrega de lo público a lo privado, para sustituir el interés social por el afán de lucro) y de la corrupción terrible que han practicado las administraciones priístas y que han superado en cinismo y voracidad los miembros de la elite panista y sus aliados electorales (Bours, en combinación con Elba Esther Gordillo, aportó cuotas de defraudación electoral en 2006). Las guarderías infantiles son un botín económico (y político, como en la Sedeso de Chepina Vázquez Mota, que puso a Lía Limón como directora de políticas sociales y entregó recursos para montar estancias infantiles a cuadros panistas; Lía, ex esposa de Luis Carlos Ugalde, ahora es candidata a diputada federal), entregado a cercanos y favoritos a los que se dan participaciones federales para que las apliquen a los programas anunciados, pero esos concesionarios, metidos en el negocio de compartir ganancias por fuera con los políticos concesionadores, ahorran de mil maneras para quedarse con más ganancias y repartir hacia las alturas o invertir en campañas electorales. Por eso se pueden ver bodegas habilitadas como guarderías, en zona explosiva, con techos de poliuretano, sin extinguidores ni salidas de emergencia, y todo es supervisado y aprobado por los amigos, como el negociante Karam, miembro del círculo íntimo del felipismo, habilitado como director del Seguro Social. Es la misma historia de Pasta de Conchos o del News Divine, con el mismo riesgo de impunidad y cinismo.

Y, mientras Vicente Fox se tira al pasto en su monumento a la corrupción y el egocentrismo denominado Centro Fox, junto a la gran Marta que anuncia a los mexicanos que su boda sigue en pie, gozando de La Guelaguetza que hasta allá llevó el alegre y agradecido Ulises Ruiz, ¡hasta mañana, con la salazón que continúa, y no sólo en el futbol mundialista!

06/06/09

La red de los Bours


Ricardo Ravelo (Apro).
11 de Mayo del 2008

El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadounidense, describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos.

Al amparo del gobierno de Sonora encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.

De igual forma, la justicia “se tuerce” en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:

“El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales”.

Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.

Y en cuanto a lo que llama “el negocio más rentable” –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: “El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.

“Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio

–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?

–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.

–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.

–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Ab