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El México que veía Colosio, ¿con Felipe Calderón ha cambiado?



El Blog (no oficial) de Carmen Aristegui

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A la sombra de los Gómez del Campo

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Reporte de ultima hora

17/03/10

Calderón compra y compra, pero no declara

Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…

En Juárez no debió de morir-Fisgón

(PROCESO / Daniel Lizárraga)
MEXICO, DF, 16 de marzo.- Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo del 2008 al mismo mes del 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.

Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.

Esto, porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.
Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.

Además, cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.

Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra “L”.

La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque se le pidió al equipo de prensa de Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.

No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.

Sin embargo, es público que la esposa del titular de Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas perciben un salario, pues son honoríficos.

La casa 8

En mayo de 2003, cuando apenas tenía tres meses como director de Banobras, Felipe Calderón gestionó con esta institución un crédito –que se calificaría de “autopréstamo”– por 3 millones 100 mil pesos con la intención de comprar la casa 8 de la Privada de Cóndor 231, con 174 metros cuadrados de terreno, incluido un jardín.

Al difundirse la noticia del “autopréstamo”, Calderón canceló esta línea de crédito, devolvió el dinero y dejó enfriar el tema por unos meses.

Pero el escándalo no mermó su gusto por esa propiedad y pidió un préstamo a un banco privado. El director general de IXE Grupo Financiero, Javier Molinar Horcasitas, y Armando Rivero Laing, prosecretario del Consejo de Administración, autorizaron a Calderón un crédito por 4 millones 793 mil 554 pesos, a pagar en 15 años con intereses ordinarios.

Javier Molinar Horcasitas es hermano de Juan Molinar Horcasitas, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, así como uno de los amigos más cercanos de Calderón, a quien ha acompañado desde la precandidatura a la Presidencia, luego en la campaña y ahora en el gabinete.

Al aprobarse este crédito, el 28 de agosto del 2003, Juan Molinar concluía su periodo como vocero del PAN y hacia maletas para convertirse en diputado federal para el periodo 2003-2006, la misma bancada en la que estuvo Margarita Zavala.

Años antes, en 1998, el entonces socio mayoritario de IXE Grupo Financiero, José Luis Rangel de Alba, fue apoyado con 660 millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvarlo de la quiebra. El presidente del PAN, que apoyó la creación de ese organismo, era entonces Felipe Calderón.

El 2 de octubre de 2003, el presidente Fox nombró a Calderón secretario de Energía. Pero tanto a su salida de Banobras como a su llegada al gabinete foxista, el michoacano se cobijó en la flexibilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para no hacer pública su declaración de bienes, y dejó bajo reserva la historia del autopréstamo, en una opacidad que él mismo había propiciado un año antes.

Y es que en marzo de 2002, el titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio, envió a los diputados una propuesta de reforma para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fueran públicas, sin matices ni excepciones.

La iniciativa fue ampliamente elogiada, y hasta el diputado panista Armando Salinas subrayó que, por vez primera, México accedería al grupo de países a la vanguardia en la rendición de cuentas. Pero eso nunca sucedió. En el último momento se agregó un párrafo al dictamen donde se especifica que tales declaraciones patrimoniales pueden hacerse públicas “siempre y cuando los funcionarios lo autoricen por escrito”. El coordinador de los diputados panistas en el Congreso era en ese momento Felipe Calderón.

Luego, cuando dejó la Secretaría de Energía para postularse como precandidato a la Presidencia, Calderón se quedó sin trabajo y sin percepciones, y con una deuda con IXE Grupo Financiero a pagar en 15 años. Los ingresos de la familia Calderón-Zavala se limitaron a la dieta de Margarita como diputada federal. Ni siquiera había dinero para arrancar la precampaña, según reportaron investigaciones periodísticas de la época.

A pesar de eso, el 16 de mayo de 2005 IXE Grupo Financiero reportó al RPPC que la línea de crédito fue liquidada por completo, incluidos los intereses, según consta en el folio 9544968-8 del RPPC.

La casa 9

El 13 de mayo de 2008, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) del Distrito Federal recibió un aviso sobre la venta de la casa 9 de la Privada de Cóndor 231, de 234 metros cuadrados, a Margarita Zavala.

Para concretar la compra, el 6 de junio de 2008, Scotiabank otorgó un crédito a Felipe Calderón por 3 millones 800 mil pesos, a cubrir en un plazo de 20 años, con intereses del 12% anual, según el folio 9544968 del RPPC. Como el precio de la vivienda fue de 4 millones 860 mil pesos, Calderón tuvo que desembolsar por su cuenta, para empezar, 972 mil pesos.

Y aunque Felipe Calderón reportó ese préstamo en su declaración patrimonial pública, no está relacionado con las propiedades que él mismo dijo haber adquirido en 2008.

En la categoría de Datos Patrimoniales/Bienes Inmuebles de la declaración patrimonial de ese año, sólo aparecieron la casa 8 de la misma Privada de Cóndor –la comprada en 2003– y dos nuevos terrenos. De manera que nada se asentó allí en referencia a la casa contigua que se compró a nombre de Margarita Zavala.

Esto, pese a que seis funcionarios consultados manifestaron que los funcionarios públicos están obligados a inscribir anualmente en las declaraciones patrimoniales todas las propiedades y deudas contraídas a su nombre y al de su esposa e hijos. E inclusive la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su coordinación de Comunicación Social, manifestó que los bienes comprados durante 2008 debieron reportarse en mayo de 2009. Y agregó: “En esto no hay excepciones”.

(PROCESO / Daniel Lizárraga)

03/03/10

La tragedia de la guardería ABC, negligencia criminal

Familiares de los niños protestan en Hermosillo, Sonora

Jenaro Villamil


MÉXICO, D.F., 2 de marzo (apro).- El mismo día que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se burlaba de Brasil --potencia económica emergente de América Latina—en un foro madrileño, diciendo que en México “no vendemos samba, sino proyectos”, el informe de la Comisión Investigadora del Poder Judicial sobre la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en la guardería ABC el 5 de junio de 2009, llevó al baile las aspiraciones del exdirector del IMSS que ya promovía su traslado de la avenida Xola al Palacio Cobián, en Bucareli.


El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales –incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador priista de Sonora, Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares, no sólo en Hermosillo, sino en otras partes del país.


Otros mencionados son el director Jurídico del Seguro social, Fernando Gutiérrez Domínguez; la coordinadora de Guarderías del IMSS, Dora García Kobeh, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, así como el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y sus principales funcionarios vinculados a la protección civil.


Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías del Seguro Social señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.


En el caso específico de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación subraya lo que se publicó ampliamente en la prensa de todo el país: La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.


En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.


“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.


El panorama descrito por los investigadores del Poder Judicial presupone una constante de negligencia criminal que, por supuesto, no se limita únicamente al exdirector del Seguro Social en el gobierno calderonista. Difícilmente el propio titular del Ejecutivo federal puede librarse del duro diagnóstico que se dio a conocer el 1 de marzo. A menos que a Felipe Calderón se le vuelva a ocurrir que la tragedia fue el resultado de un “pleito entre pandillas”.


La tragedia del ABC constituye, con mucho, una de las peores ocurridas en los últimos años por los siguientes elementos:


1. Se hicieron advertencias y denuncias suficientes sobre las irregularidades del esquema de subrogación de guarderías que desde la época de Santiago Levy, al frente del Seguro Social, se convirtió en una norma para repartir jugosos negocios a “niñeros” con el rostro de nepotismo.


2. Los hechos relatados por los padres de las víctimas hablan de un esquema de hacinamiento de infantes peor que el que ocurre en maquiladoras textiles o en sitios donde la explotación y la ganancia fácil se sobreponen por encima de cualquier condición humanitaria.


3. Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.


4. Ante los resultados de la auditoría, difícilmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia puede hacerse de la vista gorda o eximir de responsabilidades a los principales funcionarios mencionados. La sociedad mexicana, en especial la de Hermosillo, espera de los ministros no sólo una sanción jurídica, sino una modificación radical de este negocio criminal. ¿Qué medidas concretas va a adoptar el presidente de la República? No hay que olvidar que los resultados no son vinculantes, es decir, que no obligan a ninguna autoridad a actuar en contra de los responsables.


Email:jenarovi@yahoo.com.mx

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